Este lunes a la madrugada dos ladrones sorprendieron al personal apostado en un puesto de vigilancia en el ingreso de la unidad carcelaria de Sierra Chica, en el distrito bonaerense de Olavarría, y se llevaron armamento. El insólito suceso que podría interpretarse como un simple hecho delictivo es parte de una cadena de situaciones que cristalizan la grave crisis que afecta al sistema penitenciario bonaerense y que tiene como máximos responsables a los titulares de las carteras de Seguridad y Justicia de la provincia.
El inédito suceso se registró en el puesto de vigilancia de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, según indicaron a los medios locales fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. En el comunicado explicaron que dos individuos se hicieron pasar por familiares de internos y que luego, mediante amenazas, redujeron al guardiacárcel, le robaron armas y huyeron.
Por el hecho, Asuntos Internos del Ministerio de Justicia inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades del personal penitenciario y sus jefes. Además, se realizan rastrillajes en Olavarría buscando dar con los delincuentes y con el armamento sustraído.
En este marco, dos funcionarios del equipo que conduce María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires vuelven a quedar en el centro de las responsabilidades: el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y su par de Justicia, Gustavo Ferrari.
Es que este hecho se suma a una sucesión de episodios trágicos que tiene a estos ministros como responsables.
Al finalizar la semana pasada se contabilizan ocho muertos en la Comisaría 3º de Transradio, en Esteban Echeverría. Los detenidos murieron víctimas de un incendio en esa dependencia que estaba inhabilitada por la justicia desde hace meses.
En el lugar estaban alojados detenidos sin sentencia, varios de ellos a la esperaba de ser trasladados a una unidad carcelaria. El hecho se produjo en un contexto de creciente hacinamiento en las comisarías bonaerenses. El antecedente inmediato fue en una comisaría en Pergamino, donde fallecieron siete detenidos.
Lejos de repudiar el estado de hacinamiento en las cárceles, el ministro Ritondo ha manifestado públicamente que prefiere “que los delincuentes estén adentro apretados y no afuera perjudicando a la gente".
Esta situación provocó además una reacción inmediata de las autoridades de la Comisión por la Memoria quienes denunciaron a los ministros de Vidal como responsables de no contener la situación.
Los dos ministros han sido citados en varias ocasiones por la justicia para que respondan por el “incumplimiento el cupo judicialmente fijado por diferentes juzgados en resguardo de los derechos de los detenidos respecto a 20 Unidades Carcelarias”. Sin embargo y hasta la fecha, los titulares ministeriales no han cumplido con ese requerimiento.
