Crisis penitenciaria

Temen que el trágico motín “quede impune” por la inacción estatal

La Comisión por la Memoria cuestionó que no se hayan apartado de sus funciones preventivamente a los policías que prestaban funciones en la comisaria. Ya son siete las muertes.

Se sigue incrementando el número de muertes a causa del motín y posterior incendio en la comisaría 3° de Esteban Echeverría el pasado jueves. En las últimas horas, falleció otro detenido que estaba en grave estado, mientras que otros dos siguen internados con un pronóstico complejo. Bajo este escenario, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) volvió a cargar las tintas contra el Ejecutivo bonaerense, al advertir que, con “la demora de una intervención efectiva que al menos aparte de sus funciones preventivamente a los policías que prestaban funciones en la comisaria, el Estado genera las condiciones para que esta masacre quede impune”.

 

El organismo defensor de los derechos humanos aseveró que se trata de “una de las peores masacres en comisarías de la provincia de Buenos Aires y, sin embargo, el Estado provincial se desligó de los hechos  y responsabilizó a los jueces. Estuvo ausente en la asistencia a familiares de las víctimas y sobrevivientes”.

 

En esa línea, la CPM cuestionó el proceder del Ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo: “Tampoco tomó ninguna medida para apartar de sus funciones de manera preventiva a los agentes policiales que estaban a cargo de las víctimas. Además, siguen prestando servicio en la misma dependencia, incluyendo al comisario que llama por teléfono a los familiares citándolos a la comisaría en un claro gesto intimidatorio”.
 

 


“Lo ocurrido en la comisaría 3° de Esteban Echeverría podría haberse evitado, pero ni el Estado provincial ni la Corte hicieron nada para impedirlo. Si ambos persisten en esta línea el pronóstico es más alarmante aún: lo que ya se repitió sucederá otra vez inevitablemente”, añadieron en un comunicado.

 

Días atrás, el coordinador de la CPM, Roberto Cipriano, señaló a Letra P que, desde marzo, el Ejecutivo había sido notificado por el Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora “que esa comisaría estaba clausurada y no podía alojar personas”, no obstante lo cual “no sólo nadie contestó el oficio sino que siguieron haciendo lo mismo”.

 

“Hasta la propia gobernadora estaba en conocimiento de la situación”, enfatizó.

 

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