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El organismo advirtió que el Ejecutivo sabía desde marzo que la comisaría de E. Echeverría estaba inhabilitada para alojar detenidos. Exigen investigar “las responsabilidades administrativas” del caso

Redacción 15/11/2018 12:41

Ante el trágico motín que se registró en la comisaría 3º de Esteban Echeverría en donde fallecieron tres internos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) adelantó que se presentará ante la Justicia con el objetivo de que “se investiguen las responsabilidades administrativas” de esta tragedia por la que apuntan a la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, al ministro de Seguridad Cristian Ritondo y a la Corte Suprema provincial. Así lo señaló a Letra P el coordinador del organismo, Roberto Cipriano, quien sostuvo que, desde marzo, el Ejecutivo había sido notificado por el Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora “que esa comisaría estaba clausurada y no podía alojar personas”, no obstante lo cual “no sólo nadie contestó el oficio sino que siguieron haciendo lo mismo”.

“Hasta la propia gobernadora estaba en conocimiento de la situación”, enfatizó Cipriano para marcar que en octubre último la CPM había presentado una nota al comité departamental de control de lugares de encierro presidido por la Cámara de Garantías de Lomas de Zamora en la que denunciaron “la situación de esta comisaría y donde se les decía que había hacinamiento, sobrepoblación, que las condiciones eran inhumanas y que iban a acontecer hechos graves si no se resolvía pronto”.
 


“Lo advertimos”, insistió el coordinador de la CPM, al tiempo que confirmó: “Vamos a presentarnos en la Justicia, vamos a ver si intervenimos en la causa penal. La denuncia está hecha de oficio, la Justicia ya está investigando. Lo que hay que investigar acá son las responsabilidades administrativas porque en marzo de este año el Juzgado de Garantías le notificó a la gobernadora, al ministro de Seguridad, a la Corte, a todos, que esa comisaría estaba clausurada y no podía alojar personas”.

Incluso, recordó que el propio Ministerio de Seguridad había dictado en 2012 una resolución que clausuraba esos calabozos. Por este motivo, pidió “que se investigue la responsabilidad de los funcionarios políticos, no sólo de los policías que estaban ahí”.
 


A pesar de estas disposiciones existentes, “había 26 personas detenidas en un espacio que -según la policía- sólo podía alojar diez personas que se encontraban en las en las peores condiciones”, señaló la CPM en un comunicado para dar cuenta del contexto en el que durante la madrugada de este jueves se produjo el incendio en el que fallecieron cuatro jóvenes y otros resultaron heridos.

Semanas atrás, la CPM presentó su informe anual que da cuenta de las precarias y colapsadas condiciones de encierro en la provincia de Buenos Aires. Allí, se contabilizó la existencia de 45 mil personas detenidas en territorio bonaerense, cifra que representa un 91% de sobrepoblación en institutos penitenciarios y un 197% en comisarías. Ante esos datos, Cipriano comentó a este medio que no tuvieron “ninguna respuesta” del Ejecutivo: “Las veces que nos comunicamos dicen que tienen un problema que es difícil de resolver. Hay diálogo pero no hay respuestas. Dicen que no hay posibilidad de resolverlo por la magnitud del problema, pero siguen pasando esas cosas”, puntualizó.