A dos días del anuncio que hizo el Ministerio del Interior sobre la suspensión preventiva del permiso que tenía Odebrecht para presentarse a licitaciones públicas, fuentes vinculadas a los fiscales que intervienen en las investigaciones sobre el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos, explicaron a Letra P que “la medida que anunció la Casa Rosada es más para los medios y para sostener su discurso de campaña, que para intervenir dentro de los expedientes judiciales en curso”. También interpretaron que la resolución administrativa "es parte de la negociación paralela que sostienen con los abogados de la empresa y que esta en crisis".
El escepticismo judicial que rodea al anuncio que hizo el ministro del Interior Rogelio Frigerio, tiene que ver con el eje central de las sospechas: las obras del soterramiento del Sarmiento. “Parece que están más preocupados por terminar el soterramiento del tren de cualquier modo, con o sin Odebrecht, más que en revertir el curso de las investigaciones”, deslizaron desde Comodoro Py, aunque no descartaron que todos los movimientos que lleva adelante el Gobierno generen nuevas instancias en los casos abiertos, "tanto adentro de la Argentina, como en Brasil", disparó un consultado.
La decisión del Registro Nacional de Constructores y Formas Consultoras de Obras Públicas, “es sólo por doce meses, preventiva, y a partir de ahora”, recordaron desde una oficina del Ministerio Público Fiscal. En la interpretación de sus funcionarios la medida preventiva surge como “otra parte” de la negociación reservada con los abogados locales de Odebrecht, que llevan adelante el ministro de Justicia Germán Garavano, y su secretaria Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA). Otro capítulo de esos gestos, tiene que ver con el artículo 37 que el oficialismo intentó incluir en el proyecto original de ley de responsabilidad penal empresaria que este miércoles aprobó la Cámara Baja y que ahora pasará al Senado para su tratamiento.
LAS INVESTIGACIONES EN MARCHA. En la Justicia hay cuatro expedientes abiertos, instruidos por los fiscales federales Federico Delgado, Gerardo Pollicita, Franco Picardi y Sergio Rodríguez, este último titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). También hay una investigación preliminar en manos de Carlos Stornelli.
Delgado indaga sobre dos obras de AySA en Tigre y Berazategui. La primera es la ampliación de la “Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas”, adjudicada a la unión transitoria de empresas (UTE) Odebrecht Brasil, Roggio-Cartellone-Construcciones Civiles y Supercemento, y la segunda es la construcción de la “Planta Depuradora del Bicentenario”, que quedó en manos del consorcio de empresas Camargo Correa S.A. y Esuco.
Pollicita tiene en sus manos la causa 15.942/2015, caratulada “N.N. s/averiguación de delito”, donde investiga el posible pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos, por parte de Odebrecht, por las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En un exhorto enviado a los fiscales brasileños del Lava Jato, les solicitó el envío de información para saber “si en el marco de la investigación vinculada con el informe realizado por el Departamento de Policía Federal, superintendencia Regional del estado de Paraná, con fecha 5 de febrero de 2016, denominada “Operación Lava Jato” (…) se evidenciaron conductas delictivas que hayan sido desplegadas por directivos de la empresa constructora Odebrecht en el transcurso del año 2016, que involucren a funcionarios y/o empresarios de este país y que se vinculen con la obra pública conocida como el “Soterramiento del Ferrocarril sarmiento” que fuera adjudicada por el Estado Argentino en el año 2008 al Consorcio IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., COMSA S.A. y Ghella Societa Per Azzioni”.
El fiscal Picardi interviene en la causa relacionada con la obra del soterramiento durante el kirchnerismo, mientras que su par Pollicita lo hace en la etapa posterior, es decir, en los cambios decididos por la administración del presidente Mauricio Macri para para pagar la obra. Se trata de los dos segmentos de la obra: su planificación y licitación inicial estuvo en manos de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había acordado su financiamiento mediante un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BANDES). Esa posibilidad se desmoronó con el impeachment que truncó el segundo mandato de Dilma Rouseff, que dejó el cargo cuando Macri ya había asumido la Presidencia. Apenas llegó a la Casa Rosada, Macri constató que el financiamiento brasileño podía fracasar y el año pasado firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 767/16 para ampliar el presupuesto nacional y sumarle el pago de 45.000 millones de pesos. Esa instancia es la que investiga Pollicita, que tiene en foco el DNU que el año pasado no tuvo el aval de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Baja, aunque podría quedar en firme si el Congreso no ratifica la decisión.
Todo ese trayecto también es investigado por el fiscal Rodríguez, a cargo de la PIA, que tiene en sus manos el expediente 31.448: el más añejo de la saga. Fue iniciado por Manuel Garrido, cuando estuvo al mando de la misma oficina, antes conocida como Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Hace un mes Rodríguez tramitó la conformación del Equipo Conjunto de Investigacion entre los miembros del ministerio público fiscal argentino y sus pares brasileños Deltan Dallagnol, Orlando Martello y Paulo Galvao, del equipo denominado “Lava Jato
En el caso de Stornelli, se trata de la investigación preliminar n° 32 caratulada: “N.N. s/averiguación presunto delito”, cuya denunciante es la candidata Margarita Stolbizer. En ese caso también se investiga el “presunto pago de sobornos por parte de integrantes de la empresa Odebrecht hacia funcionarios públicos argentinos”.
