EL CASO QUE GOLPEA A BRASIL

Las 45 mil millones de razones del presidente Macri para temerle al Lava Jato

Es el monto del contrato con Oderbrecht para el soterramiento del tren Sarmiento que el Presidente intentó pagar. Ahora el gobierno aceleró un plan de reducción de daños ante las inminentes novedades.

Faltan sólo días para que venza el plazo acordado por distintas procuraciones del continente para que se conozca el detalle de las coimas pagadas por la multinacional Oderbrecht en una decena de países de América Latina. Con esa cuenta regresiva por delante, la Casa Rosada puso en marcha un plan de reducción de daños ante las posibles revelaciones que puedan impactar en la Argentina. El movimiento de pinzas ordenado por el presidente Mauricio Macri está a cargo de la ex diputada Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y su jefe inmediato, el ministro de Justicia Germán Garavano. Este martes se reunieron por anticipado con dos abogados de la contratista brasileña por “instrucción del Presidente para colaborar con la Justicia”. La reunión había sido agendada para este miércoles, pero se realizó un día antes.

 

En la cita participaron Garavano y Alonso, aunque el dato más relevante es que los abogados presentaron “una propuesta que deberá ser evaluada por el Estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación”. Casi al mismo tiempo, la Procuración informó que el fiscal Federal Federico Delgado les “ofreció a los ex directivos de la firma Odebrecht acogerse a la Ley del Arrepentido”. Según el oficio difundido por el Ministerio Público, el funcionario les ofreció un plazo de cinco días, para que se puedan encuadras en el marco de la ley 27.304, dentro de la investigación sobre “el posible pago de sobornos para ampliar la planta potabilizadora de Aysa ubicada sobre el río Paraná de las Palmas, en la localidad de Tigre”.

 

En menos de 24 horas, los representantes de Oderbrecht recibieron un ofrecimiento para aportar información de parte de uno de los cuatro fiscales que investigan los posibles sobornos, y al mismo tiempo aprovecharon la invitación del ministro Garavano y la secretaria Alonso para pactar un convenio para negociar información.  “Debido a la ausencia de resultados concretos o avances significativos en la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, se ha convocado a Odebrecht a aportar toda la información relativa a los hechos de corrupción ante la Oficina Anticorrupción”, explicó Garavano desde la mañana de este martes para poner en marcha un operativo de negociación que, al parecer, tiene su punto más débil en las operaciones para financiar el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una mega obra que es realizada entre Oderbrecht y IECSA, la constructora que, hasta hace un mes, perteneció a Ángelo Calcaterra, el primo del Presidente y hombre designado por el clan Macri para operar la principal constructora de la familia. Hace 30 días fue vendida al empresario energético Marcelo Mindlin, aunque en la Justicia dudan de que la operación se haya concretado realmente, salvo por el comunicado oficial que hicieron circular los presuntos vendedor y comprador.

 

Este domingo, en diálogo con Letra P, el ministro del Interior Rogelio Frigerio anticipó que el futuro de las obras en las que está vinculada Oderbrecht, depende de lo que suceda en la Justicia.

 

EL DECRETO QUE NO FUÉ. Luego de la reunión que mantuvieron Garavano y Alonso con los dos abogados de Oderbrecht, la titular de la OA dijo que les pidió información sobre los “21” casos que tiene esa secretaría del Poder Ejecutivo sobre el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Según acusó la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, "todo el sistema político argentino está destinado a protegerlo para evitar que en el país se "destape un Lava Jato". La acusación resonó dentro de Cambiemos y motivó los pedidos de Alonso a los abogados de Oderbrecht que fueron a negociar información. Sin embargo, ningún funcionario del Gobierno habla sobre las implicancias penales de un elemento clave en la mega obra del Sarmiento: el decreto 767/16, que firmó Macri para modificar el presupuesto y garantizarle el pago a Oderbrecht y a la empresa de su primo, cuando fracasó el crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BANDES) para financiar la obra, que había sido acordado durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El decreto ordena cambios en "la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros" por 100.000 millones de pesos. De esa cifra 40.000 millones corresponden a obras que estarían terminadas en 2016. Entre ese listado, aparece el soterramiento del Sarmiento, con un costo total de 45.000 millones de pesos, pagaderos en tres cuotas: 300 millones en 2016, 8.940 millones en 2017 y 2018 y el "saldo" restante de 28.820 millones en los años siguientes.

 

La firma del decreto no fue objetada por Alonso, pero desató duras discusiones dentro del Gobierno sobre las consecuencias penales de semejante pago. En diciembre del año pasado la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso anuló ese DNU y abortó el pago. Sin embargo, una de las grandes incógnitas para la Justicia, tiene que ver con las razones y la urgencia del Presidente para ordenar ese enorme desembolso a favor de Oderbrecht, la española Comsa y la italiana Ghella, que desde 2007 es socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios) que ahora pertenecería a Mindlin. Ghella no es una empresa desconocida para el actual mandatario: construyó el túnel aliviador del arroyo Maldonado de la Ciudad de Buenos Aires, y utlizó una "tuneladora" que deslumbró al entonces alcalde capitalino y a su jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, seis años después. la maquinaria interviene en el Sarmiento.

 

En el caso Lava Jato que lleva adelante la justicia brasileña ya hay 50 detenidos, y arrepentidos en Estados Unidos, como Marcelo Oderbrecht, y en el país carioca, como Leonardo Meirelles, que dijo haberle transferido 850 mil dólares por coimas al actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas. Mientras se acerca el comienzo de junio, los movimientos políticos de profundizan, especialmente sobre los 35 millones de billetes estadounidenses que los arrpentidos de Oderbrecht dicen haber pagado en Argentina en concepto de sobornos. Otro interrogante tiene que ver con las operaciones desarrolladas en Córdoba, sobre seis de los diez tramos de gasoductos troncales en manos de la contratista brasileña, que investiga el fiscal Anticorrupción de esa provincia Hugo Amayusco. Se trata de la obra más costosa y más promocionada por el gobernador Juan Schiaretti y una de las ocho que están sospechadas por la Justicia. La primera comenzó en 2005 y las últimas siguen en marcha, con un nivel de ejecución del 90%. 

 

Todos los casos del fuero federal, desde las obras del Sarmiento, la planta de AySA y las acusaciones de Meirelles son instruidas por los fiscales Franco Picardi, Federico Delgado, Gerardo Policita y por Sergio Rodriguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Fuentes del Ministerio Público confiaron a Letra P que este miércoles “habrá reuniones con los fiscales que investigan el caso”, aunque explicaron que la reunión de Garavano y Alonso no tienen vinculación ni impacto sobre los expedientes en marcha. 

 

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Alfredo de Angeli y Mauricio Macri, durante la campaña electoral de 2019.

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