Tras el reemplazo de Odebrecht por la italiana Ghella dentro del consorcio que construye el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, el Ministerio del Interior informó este lunes que la firma brasileña fue "suspendida preventivamente y por doce meses" del Registro Nacional de Constructores y Formas Consultoras de Obras Públicas, el ente que depende directamente de esa cartera y que otorga el "Certificado de Capacidad de Contratación Anual", requisito excluyente para participar en licitaciones de obras públicas. El permiso para la "Constructora Norberto Odebrecht" venció el 30 de junio y el Gobierno esperó a que caducara para suspenderla por estar “prima facie en falta muy grave”.
"A partir de que la empresa sea notificada, durante el año no podrá participar de aquellos procesos de contratación que exijan este tipo de certificados", informó la cartera de Interior. La suspensión surge como la última fase de un delicado mecanismo diseñado dentro de la Casa Rosada para desvincular a la empresa brasileña del soterramiento del Sarmiento, una obra investigada por la Justicia, entre otros puntos, por los 45.000 millones de pesos que el presidente Mauricio Macri intentó pagar el año pasado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que amplió el Presupuesto 2016, con el fin de pagarle a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada originalmente por Oderbrecht, la española Comsa, la italiana Ghella y la argentina IECSA, comandada hasta hace tres meses por Angelo Calcaterra, primo del presidente, que le vendió los activos al empresario energético Marcelo Mindlin.
La salida de Odebrecht en la obra del Sarmiento se concretó hace menos de dos semanas, antes de que le anularan los permisos para operar hasta junio del año próximo y poco antes de que la justicia brasileña comience a enviar documentación del caso Lava Jato a magistrados y fiscales argentinos, que indagan las conexiones locales del escándalo que se desató por los sobornos que la constructora pagó en 12 países de América Latina.
La resolución que suspendió las operaciones de la empresa este lunes fue firmada "de manera unánime por el presidente del Consejo Asesor Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos, Gustavo Burgwardt; y el consejero suplente Víctor Entrala", detalló la cartera de Interior. La decisión administrativa sostiene que "también en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados, según surge del Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Contables Consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado". También remarca que "más allá de las causas a investigaciones a nivel local, se considera que “se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa”.
Las conclusiones del organismo oficial que administra los permisos para participar de licitaciones públicas se demoró más de seis meses en concretar un desenlace anunciado, que era esperado por distintos funcionarios judiciales, aunque esos magistrados y fiscales no ordenaron la suspensión de las obras sospechadas, ni reclamaron la expulsión de la empresa.
Con Odebrecht fuera del soterramiento del Sarmiento, solo queda en la construcción de gasoductos en la provincia de Córdoba y en el desarrollo de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, en la localidad de Tigre. Ambos trabajos también son investigados por la Justicia.
EL ENROQUE ODEBRECHT-GHELLA. Hace diez días, Odebrecht entregó su parte a la italiana Ghella, que desde 2007 es socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios) que ahora pertenece a Mindlin. Este grupo, que estaba encabezado por Calcaterra, comparte once empresas con Lorenzo Ghella, de Ghella S.p.A. la empresa italiana que en 2008 ganó el entubamiento del arroyo Maldonado con una oferta de 454,2 millones de pesos. Según el perfil corporativo del grupo, "ODS se conforma en el año 2007 cuando la empresa italiana Ghella S.p.A. ingresa como accionista y socia de Calcaterra, quien el año anterior había adquirido dos empresas líderes en sus sectores: IECSA y CREAURBAN", dos de las estrellas del Grupo SOCMA que Franco Macri decidió entregar a su sobrino arquitecto para evitar denuncias de incompatibilidades contra su hijo Mauricio, por entonces flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ghella, que ahora opera las obras de Odebrecht en el Sarmiento, estuvo a punto de hacer los dos túneles que sumergen al metrobús de la avenida 9 de Julio por 217 millones. Junto a la desarrolladora Crearurban, de Franco Macri, también planearon explotar el Dique 1 de Puerto Madero para hacer un mega emprendimiento inmobiliario por 180 millones. Según reveló el diario Tiempo Argentino, el túnel para el metrobus de la 9 de Julio, que pasa por debajo de avenida San Juan, quedó en manos de la constructora mendocina Cartellone, en una obra que fue adjudicada por la empresa estatal AUSA, por entonces conducida por Gustavo Matta y Trejo, yerno de Tito Biagini, por entonces cabeza operativa de Cartellone. La vinculación no es menor, porque entre Cartellone y ODS aparece un elenco de directores comunes, como Pablo Clusellas, por entonces secretario Legal y Técnico del gobierno porteño y actualmente ocupante del mismo cargo en la Presidencia de la Nación. Según reveló el diario La Nación el año pasado, se trata del nexo principal con el estudio Mossack Fonseca, uno de los principales estudios de abogados de Panamá para el armado de empresas off shore.
