Responsabilidad penal empresaria

El Gobierno no pudo imponer la cláusula para negociar con Odebrecht

Diputados completó este miércoles la votación del proyecto que pide la OCDE pero rechazó el controvertido artículo 37, que fue tildado de inconstitucional. Ahora deberá debatirlo el Senado.

En un segundo round en la Cámara de Diputados, el interbloque Cambiemos consiguió aprobar este miércoles el articulado de la ley de responsabilidad penal empresaria, que había sido aprobada en general la semana pasada. Lo hizo no sólo con apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, sino también con respaldo parcial del Frente para la Victoria y del bloque Justicialista. Las tres principales bancadas de la oposición forzaron importantes cambios. El principal: lograron extirpar el “artículo Odebrecht”, que habilitaba al procurador del Tesoro de la Nación a negociar con las empresas que quisieran acogerse a un acuerdo de colaboración.

 

En proyecto tiene como fin sancionar a las personas jurídicas que cometan distintos delitos. La oposición cerró filas y no dejó pasar el artículo más polémico, el 37, que establecía la posibilidad de que las empresas pudieran acogerse a acuerdos de colaboración eficaz “por hechos anteriores a la sanción de la ley” y por la vía administrativa. Un “traje a medida” para la constructora brasilera por su actividad durante el kirchnerismo, según distintos bloques.

 

El “lilito” Fernando Sánchez defendió el artículo original. “En estos días es más actual y más necesario que nunca. Hay cuatro causas en los juzgados federales que involucran Odebrecht, la empresa que ya confesó en Brasil, en Suiza y en Estados Unidos que pagó coimas y sobreprecios a funcionarios públicos hoy ausentes”, advirtió, en alusión al diputado Julio De Vido. El legislador subrayó que “parte de la política no quiere activar los mecanismos necesarios para salir de la impunidad”, y lanzó al kirchnerismo: “No quieren que (Odebrecht) confiese en Argentina sobre los funcionarios públicos a los que les pagó, y que todavía están libres”.

 

Rodolfo Tailhade, del FpV-PJ, le respondió: “Hace años que (Mauricio) Macri y Odebrecht son socios. Lo que quieren es negociar las cuatro o cinco causas en las que está involucrado el presidente con Odebrecht”. Javier David (Justicialista) y Graciela Camaño (Frente Renovador) también rechazaron la propuesta. “Hay que desentrañar a fondo todo caso de corrupción, pero como está escrito este artículo es imposible que sea justo, claro y transparente”, arguyó el salteño. “Cambiemos sabe que lo que propone es inconstitucional”, añadió la jefa del bloque massista.

 

El oficialismo propuso entonces una redacción alternativa. El encargado de enunciarla fue el diputado radical Luis Petri. “Las personas jurídicas podrán solicitar un acuerdo de colaboración eficaz por hechos anteriores a la sanción de la ley. Desde el inicio de la negociación del acuerdo deberá participar un representante del Ministerio Público Fiscal y de la AGN. El juez evaluara y decidirá aprobación o rechazo”, propuse Petri. Pero el texto fue también rechazado.

 

"Hasta hoy había un acuerdo de que el artículo 37 volaba de la redacción definitiva. Eso es inconstitucional hasta para un chico de primer año de Derecho", apuntó la líder del Gen, Margarita Stolbizer. Su par del bloque Justicialista Pablo Kosiner apoyó la postura. "Llegamos aquí convencidos de que el artículo 37 no se iba a tratar. Y ahora nos encontramos con esto", protestó el salteño. “No estamos dispuestos a aprobar una ley que garantice impunidad a ningún funcionario público del pasado. Pero tampoco vamos a ser cómplices de ningún paraguas de complicidad con ningún empresario”, agregó Kosiner.

 

Luego de la votación, Elisa Carrió le pidió al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que se publique "en Facebook, quiénes votaron "en contra de recuperar lo robado", en referencia al artículo 37, que todos los bloque opositores señalaron como inconstitucional. Casi en simultáneo, acusó desde su cuenta de

 

a Stolbizer de mentir "alevosamente". 

 

Más allá de ese caso puntual, los acuerdos de colaboración eficaz que incorpora el proyecto aprobado consisten en que la persona jurídica, hasta el momento de la elevación a juicio, pueda comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a proveer información útil para la investigación, a cambio del cese de la persecución.

 

El texto original proponía un listado acotado de ilícitos por los cuales sancionar a empresas, bajo el formato de una ley especial. Pero por presión del massismo, las penas se incorporaron como un nuevo título del Código Penal, por lo que quedaron incluidos absolutamente todos los delitos. Así quedó establecido en el artículo 1, que fue votado por amplia mayoría -183 votos a favor, 5 en contra y 16 abstenciones-.

 

“Esta es una ley que nos da la oportunidad de hacer un tratamiento que vaya a fondo. Por eso pedimos que estén todos los delitos del Código Penal”, explicó la miembro informante del Frente Renovador, Mónica Litza, aunque admitió que algunos ilícitos difícilmente alcancen a las personas jurídicas, pero consideró que “no está de más” incorporarlos.

 

Otro de los ejes de la discusión, que pasó en varias oportunidades a cuarto intermedio, tuvo que ver con la posibilidad de la extinción de la pena. Según se consensuó en el recinto, la acción penal se extinguiría si prescribe el acuerdo de colaboración eficaz, o si se incumplen las condiciones del mismo. El FpV-PJ votó en contra de ese artículo, el 5, que obtuvo 135 adhesiones y 75 rechazos. “Estamos transformando esta ley llevándola al plano de los incentivos para la delación”, argumentó Tailhade.

 

La norma fue reclamada a nuestro país por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y fogoneada en el Congreso por la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien presenció la sesión desde una de las bandejas ubicadas a los costados del estrado principal.

 

El proyecto había sido aprobado en general el miércoles pasado con 131 votos a favor, 64 en contra y ocho abstenciones, en una sesión accidentada donde a Cambiemos le costó conseguir el quórum. Esta vez, los diputados del kirchnerismo aportaron su presencia. Ahora será el turno del Senado, aunque el tratamiento podría demorarse hasta después del receso de invierno.

 

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