El martes el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand presentará su plan de gestión para los próximos dos años. En instancia de un punteo de las agendas de las distintas áreas, los Defensores Generales Departamentales de la provincia de Buenos Aires insistirán con la crítica situación de detención en las comisarías bonaerenses, reflotada por el triste suceso en Pergamino.
Entre las 9 y las 14 del martes la Procuración General de la provincia desarrollará un encuentro que reunirá a funcionarios afectados en las fiscalías, defensorías, curadurías y asesorías bonaerenses para conocer el plan de gestión para el 2017 y el 2018, así como las problemáticas que ocupan a las distintas áreas. Está previsto que el primero en tomar la palabra sea Julio Conte Grand, procurador general.
En la antesala de esa presentación y con el incendio en la comisaría 1ª de Pergamino como telón de fondo, en la que fallecieron siete de los diecinueve presos detenidos en esa dependencia policial, defensores generales de trece de las diecinueve departamentales de la provincia de Buenos Aires elaboraron un comunicado colectivo en el que transmiten su pesar por la tragedia en aquel distrito de la segunda Sección electoral.
La misiva, además, pone en agenda una problemática que el área viene denunciando y reclamando desde hace años: el cumplimiento de las “Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos”, que “constituyen el estándar mínimo a seguir por el Estado argentino para asegurar condiciones dignas de detención a toda persona privada de la libertad bajo su custodia y responsabilidad”.
ACCIONES JUDICIALES. El comunicado es en simultáneo a las acciones judiciales promovidas desde hace años por los defensores oficiales, tendientes a denunciar la crítica situación de detención. “En 2014 18 defensores de la provincia hicimos una presentación colectiva denunciando el crecimiento carcelario, la situación de hacinamiento de las comisarias, la falta de recursos asignados, entre otras cuestiones. Todo el derrotero de esa acción hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explica a Letra P una de las defensoras oficiales firmantes Cecilia Boeri, titular de Mar del Plata.
La presentación inicial se hizo ante la Suprema Corte de Justicia provincial, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en el marco del legajo de ejecución del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el habeas corpus colectivo "Verbitsky". En instancia de esa acción denunciaron la “persistencia de la violación de los estándares que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicables a las condiciones de detención, el agravamiento comparativo de la situación de hacinamiento respecto de la que existía en 2005, el incumplimiento de puntos resolutivos de la sentencia citada y el retroceso en la etapa ejecutiva”.
En el marco de la presentación del plan de gestión 2017-2018 que encabezará Conte Gran, la defensora Boeri sostuvo que si bien el planteo de temas se hizo previamente a los sucesos ocurridos en Pergamino, la situación de detención en las comisarías será incluida. “Se va a dar la palabra a los distintos estamentos de la Procuraduría y seguramente este tema será abordado. Quizá no es el ámbito de discusión, pero va a ser uno de los puntos de agenda”, señaló.
En tanto, teniendo en cuenta la trascendencia política que tuvo el incendio y la responsabilidad que le compete, según sectores políticos y la Comisión por la Memoria, a los ministros de Seguridad Cristian Ritondo y de Justicia Gustavo Ferrari, Boeri desestimó que Conte Grand sea para los defensores el interlocutor con el Gobierno provincial. “A título personal, no creo que el procurador sea nuestro vocero. Nosotros, como defensores de personas privadas de libertad, nos vemos como litigantes por eso hablamos de recursos de habeas corpus, canalizamos la problemáticas e inquietudes a través de estas estrategias judiciales y no desde un punto de vista político”.
El comunicado- firmado además por los titulares de las Defensorías Generales de San Martín, Quilmes, Morón, La Matanza, Bahía Blanca, Moreno-General Rodríguez, Mercedes, Zárate-Campana, San Nicolás, Azul-Olavarría, Trenque Lauquen y Dolores- considera que “la tragedia de Pergamino no fue en absoluto un hecho aislado, pues ningún detenido debería haber estado allí. El alojamiento de personas en comisarías constituye no sólo una patente violación de Derechos Humanos, sino la puesta en riesgo permanente de la salud, la integridad física y la vida de las personas allí alojadas, y de quienes los custodian”.
“En tal escenario, los defensores generales departamentales instamos una vez más, y más allá de las acciones judiciales emprendidas y pendientes de resolución, a que se adopten urgentemente las medidas necesarias para evitar eventos semejantes, lo que importa necesariamente la inmediata prohibición del alojamiento de detenidos en comisarías”, concluye.