La muerte de al menos dos personas en el recital del Indio Solari en Olavarría, que es gobernada por Cambiemos, recuerda un caso cercano que complicó al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta: la fiesta electrónica Time Warp que se realizó en el predio de Costa Salguero y terminó en tragedia debido a la muerte de cinco jóvenes producto de la ingesta de drogas sintéticas.
Además, en ese evento se puso en cuestionamiento el rol de control del Gobierno porteño, del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Agencia Gubernamental de Control, organismo que tuvo funcionarios imputados. Al mismo tiempo, mientras la Ciudad y la empresa privada que organizó la fiesta se peleaban por las responsabilidades, la Justicia avanzó y el juez federal Sebastián Casanello procesó a 11 personas, entre las que se encuentran organizadores y funcionarios del gobierno larretista.
Rodríguez Larreta no estaba en el país al momento de la tragedia y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, se hizo cargo de la comunicación del gobierno ante la tragedia. Larreta arribó a Buenos Aires ese mismo fin de semana para convocar a un Comité de Crisis, pero ningún funcionario porteño habló sobre la tragedia hasta que el propio alcalde lo hizo luego de un acto público, en donde anunció que mandaría una ley al Parlamento. Allí señaló que “existe un problema de adicciones”, pero no hizo referencia a los cuestionamientos en torno al rol de la seguridad del local, los efectivos policiales y la falta de controles denunciada por los participantes de la fiesta, que también denunciaron sobre venta de entradas, hacinamiento y falta de agua, elemento esencial en este tipo de fiestas. A diferencia de Larreta, el intendente de Olavaría, Ezequiel Galli, habló este mediodía, a pocas horas del trágico recital del ex líder de Los Redondos.
A los pocos días de la trágica Time Warp, el juez Roberto Andrés Gallardo prohibió las fiestas electrónicas en la Ciudad y volvió a entrar en guerra con el Gobierno porteño, que consideró un “disparate”. Curiosamente, el jefe comunal de Mar del Plata, el funcionario de Cambiemos Carlos Arroyo, coincidió con el famoso juez anti PRO y prohibió las fiestas electrónicas en ese distrito de la costa. Incluso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, insinuó que debía seguirse esa misma línea en el distrito que gobierna María Eugenia Vidal, que aún no se refirió a la tragedia de este domingo a la madrugada.
“Tenemos que trabajar desde la escuela. El Estado puede hacer algo mejor en la concientización del la gente”, soltó Larreta durante esos días. Tiempo después, lanzó una “Mesa de Adicciones” para discutir este flagelo en la Ciudad, pero jamás responsabilizó a funcionarios porteños ni a la AGC, que dirigía uno de sus operadores judiciales, Matías Álvarez Dorrego, que meses después dejó el cargo debido a la riña constante con el ministro de Seguridad, Martín Ocampo. Durante la Time Warp, las discusiones entre ambos imposibilitaron el trabajo en conjunto.
En octubre del 2016 La Legislatura porteña aprobó una normativa que regula y refuerza los controles de los eventos masivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueron cuestionados luego de la fiesta electrónica Time Warp, en la que fallecieron cinco jóvenes por ingerir drogas sintéticas y las miradas se posaron sobre la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el organismo que se encarga de las habilitaciones y concesiones. La iniciativa se basó en un proyecto enviado por el gobierno de Larreta, aunque también contiene reclamos de la oposición y la Defensoría del Pueblo.