La Legislatura porteña aprobó este jueves una normativa que regula y refuerza los controles de los eventos masivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueron cuestionados luego de la fiesta electrónica Time Warp, en la que fallecieron cinco jóvenes por ingerir drogas sintéticas y las miradas se posaron sobre la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el organismo que se encarga de las habilitaciones y concesiones.
La iniciativa se basó en un proyecto enviado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, aunque también contiene reclamos de la oposición y la Defensoría del Pueblo.
La ley tiene por objeto regular los eventos masivos “entendiendo como tales a los espectáculos y diversiones públicas de carácter eventual, que se lleven a cabo en un predio no habilitado para tal fin”.
Se crea el “Registro de productores de eventos masivos”, en el ámbito de la AGC. Se determinaron asimismo requisitos estrictos sobre higiene, seguridad, prevención de incendio o incidentes, planes de evacuación, sistema médico asistencial, información y prevención sobre el uso de drogas.
La nueva ley también dice que en este tipo de fiestas deberá haber acceso fácil, gratuito y seguro al agua potable por parte de los asistentes, servicio médico en el lugar, socorristas y baños adecuados a la cantidad de concurrentes. Y para quienes omitan el cumplimiento de las regulaciones establecidas, se fijaron sanciones de 60 días de arresto o multa de casi un millón de pesos.
El proyecto en cuestión fue modificado a pedido de la oposición y sus cambios fueron plasmados este lunes en un plenario de las comisiones de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico, aunque el texto podría sufrir nuevos cambios. En definitiva, el dictamen emitido esta tarde tomó como base el expediente presentado por el Gobierno porteño hacia fines de abril que, a modo de reacción ante los cuestionamientos a la falta de control gubernamental, proponía aumentar los requisitos que deben cumplir los organizadores de este tipo de eventos y se centra en la provisión de agua, la asistencia médica, la confección de protocolos de manejo frente a “catástrofes sanitarias” y la difusión de “información de prevención para reducir conductas de riesgos y responsabilizar a los asistentes de sus acciones”.
El dictamen de las comisiones de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico persigue establecer herramientas e instrumentos específicos para el cuidado de los asistentes a los eventos masivos de música electrónica. El proyecto plantea la instrumentación de un plan permanente dirigido a asegurar la presencia estatal en eventos que congreguen especialmente a los jóvenes, fortalece las disposiciones vigentes e introduce condiciones nuevas.
La propuesta parlamentaria apunta al diseño de estrategias comunes desde los diferentes actores que intervienen en la realización de este tipo de eventos. El proyecto de ley contempla disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas “sintéticas” o de “diseño” utilizadas con fines recreativos y que producen una variedad de efectos psicoactivos, como la estimulación y alteraciones de la percepción, pudiendo producir emergencias médicas graves con alta morbimortalidad.
Además, implica a los agentes de seguridad y del personal del local en la prevención de riesgos, asegura la atención sanitaria adecuada a los usuarios, concientiza sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y regula las condiciones ambientales de los locales en relación a la seguridad sanitaria, entre otros aspectos.
Desde que sucedió la tragedia, el sábado 16 de abril, ingresaron a la Legislatura porteña una catarata de leyes que apuntan a concientizar sobre el consumo de este tipo de drogas, otros que pusieron el ojo y pidieron informes sobre el control estatal y el rol de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) durante esa noche, como también iniciativas para incrementar la participación del estado en estas fiestas, siempre por medio de campañas de concientización.
Este lunes, en una reunión realizada en el Salón Montevideo, los diputados de los distintos cuerpos parlamentarios acordaron unir los distintos expedientes e inquietudes en uno solo, que se hizo en base al proyecto de Larreta y que bajaría al recinto el jueves 29 de septiembre. El encuentro fue presidido por el titular de la Comisión de Seguridad, Juan Pablo Arenaza, y sus pares de Salud, Victoria Roldán Méndez, y Desarrollo Económico, MerCoSur y políticas de empleo, Gabriel Fuks.
EL PROYECTO. Como se apunta a regular los eventos masivos, el texto define a encuentros de esas características como “todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo, capaz de producir una concentración igual o mayor a un mil (1000) asistentes, y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
A su vez, estipula la creación de un Registro Público de Productores de Eventos Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), exige un “permiso especial” para la realización de estas fiestas que debe ser tramitado ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, perteneciente a la AGC.
De ahora en más, “salvo autorización expresa de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en los eventos de esta naturaleza queda autorizada exclusivamente la venta de bebidas sin alcohol en vaso de material plástico descartable de único uso y de emparedados fríos o calientes”. Y, según se indica en el artículo 13 del dictamen, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos “podrá otorgar autorización para la venta de bebidas alcohólicas en forma exclusiva para mayores de edad, fijando específicamente los lugares en los que se realizará la misma”.
Al momento de presentar la iniciativa, Larreta hizo foco en la “prevención” y la “concientización”. El texto actual propone que, “a fin de difundir información de prevención sobre conductas de riesgo, el Gobierno de la Ciudad se encuentra facultado a realizar convenios con Universidades y Organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria”.
Por otra parte, la ley propone que se sancione con una multa de 10 mil unidades fijas o arresto de 60 días, clausura del establecimiento e inhabilitación a quienes “omitan recaudos exigidos por la legislación vigente durante un evento masivo”.
“Cuando la contravención sea cometida por una persona de existencia ideal, la inhabilitación se hará extensiva a sus directores o representantes legales por el mismo plazo”, se indica en el texto que se aprobaría el jueves.
Como se suponía, será la AGC el organismo que haga cumplir esta ley; es decir, será la autoridad de aplicación.