TRAGEDIA EN COSTA SALGUERO

Time Warp: los procesados trabajan en el organismo que controló la fiesta

Casanello procesó a cinco funcionarios de la Agencia de Control porteña por los delitos de abandono de persona e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, procesó este martes a cinco funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los delitos de “partícipe de comercialización, abandono de persona e incumplimiento de deberes de funcionario público”.

 

Por la resolución, quedaron procesados el gerente de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) Claudio Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez y los inspectores Gustavo Herms, Néstor Cella y Germán Fontanellas.

 

Iacobaccio fue denunciado por La Alameda y el legislador Gustavo Vera por enriquecimiento ilícito a principios de mayo. Según publicó el diario Perfil, es arquitecto y fue ascendido a gerente de la AGC en 2011.

 

Días atrás, el fiscal federal Federico Delgado dictaminó “una complicidad estatal” en la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp en la que murieron cinco jóvenes producto de la ingesta de drogas sintéticas.

 

La afirmación del representante del Ministerio Público fue hecha en un dictamen en el que solicitó el procesamiento de dos agentes de la Prefectura Naval y de cinco funcionarios del gobierno porteño.

 

Sobre los funcionarios, el fiscal sostuvo: “La burocracia no hace lo que escribe. No controla lo que da por controlado. Además, a la hora de explicar las razones en las que están ancladas las discordancias entre la letra del expediente y la realidad material, nace un juego en el que nadie es responsable de nada. Si imaginamos una torta, cada funcionario tiene una porción de esa torta. No obstante, la torta no es de nadie y nadie es responsable de las cantidades en que esa torta se divide”.

 

El artículo 248 del Código Penal prevé una pena de prisión de un mes a dos años de cárcel e “inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público que dictara resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

 

Martín Guzmán 
Karina Milei en la Fundación Libertad.

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