La embestida tuvo su punto culmine el miércoles, cuando el propio Macri cuestionó a la magistrada porteña en conferencia de prensa ante los medios nacionales en un marco de enorme incertidumbre por las palabras del Presidente tras la aprobación de la reforma previsional y el escenario de violencia en las calles. La hipótesis del PRO es clara: la magistrada coartó las posibilidades de acción de los policías, estableció los límites del operativo y perjudico a la fuerza. Como consecuencia de la sentencia, siempre según el análisis del Gobierno porteño, la Policía reportó un número importante de heridos y se vio impedida de actuar, mientras llovía sobre los uniformados una catarata de piedras, cascotes y adoquines que antecedió, como quedó claro en los registros fílmicos, cualquier movimiento de los uniformados.
En paralelo, manifestantes y organismos de Derechos Humanos denunciaron focos de represión y Cambiemos buscó omitir esa parte de la historia. En cambio, prefirió distinguir a los policías heridos en un encuentro que contó con un mano a mano de Macri con uno de los uniformados alcanzado por un proyectil que le comprometió uno de sus ojos.
En rigor, la sentencia de López Vergara se ajusta a lo dispuesto por la Ley N°5688. Aprobado en 2016 por la Legislatura porteña, ese expediente es el marco normativo de la Policía de la Ciudad, que nace tras la fusión de la Metropolitana y el sector de la Federal que actuaba en el distrito.
Para dar lugar a la medida cautelar, la magistrada se basa en los artículos 99 y 100 de ese texto, que conforman el capítulo “Uso de la fuerza directa en concentraciones públicas”. En medios de comunicación e incluso en palabras de funcionarios, se repitió que la jueza “prohibió” el uso de armas letales en la protesta. Sin embargo, su sentencia no hace más que citar lo que marca el segundo párrafo del artículo N°99: “No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes”. Es decir, replica la legislación para dejar en claro en qué marco debería hacerse el operativo policial.
Piedras, cascotes y cartuchos. Resumen de una jornada de violencia (FOTO: INFOBAE)
En tanto, el artículo número cien indica que “es obligatorio” que todo el personal policial interviniente porte identificación, reclama la jueza en la cautelar, siguiendo la legislación. En tanto, la furia del Gobierno también reposa en que López Vergara “dispuso” cómo debía ser la utilización del gas lacrimógeno. “Es el Poder Judicial poniendo límites al Ejecutivo. Nos dice cómo tenemos que actuar a pocas horas de la manifestación. Su sentencia fue inviable y avasalla la institucionalidad”, cuestionan desde la Jefatura de Gobierno.
En el medio de la embestida oficial, forzada desde la óptica jurídica, un desconocido abogado presentó una denuncia penal contra la jueza porteña, conocida en el mundillo judicial por su extravagancia y su pésima relación con todos los gobiernos locales desde la gestión de Aníbal Ibarra. Además, la Procuración General de la Ciudad apeló la sentencia de la polémica. Fue en vano porque cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario tomó lectura del expediente, ya había ocurrido la jornada de violencia.
Incluso, el tribunal de alzada ratificó la medida de López Vergara, al tiempo que declaró “abstracto parcialmente el recurso de apelación”, dándole la espalda al reclamo de la administración de Rodríguez Larreta. Ante este punto se abre un interrogante: Si avanza el juicio político contra la jueza, también debería medirse con la misma vara a los tres camaristas. Por los pasillos judiciales porteños hay reminiscencias del fracaso del jury a Sergio Delgado, que trajo fuertes dolores de cabeza a Daniel “el Tano” Angelici.
El Gobierno cuestionó en duros términos a López Vergara, amenazó con juicio político pero se desentiende de la denuncia presentada y del pedido de jury que ingresó el jueves por la tarde al Consejo de la Magistratura. Lo firmó el abogado Alejandro Esteban Suárez, a quien todos niegan conocer. El pedido para que se promueva el juicio político es por mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato.
De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso Letra P, la magistrada “debería haberse inhibido de actuar a tomar cualquier decisión sobre materias ajenas a su conocimiento”. El pedido del matriculado se funda en “la violación y haber afectado los principios garantías y derechos fundamentales del sistema de bloque federal constitucional, la división de poderes, la competencia y jurisdicción de orden federal, la inhabilidad respecto de los límites ético moral y el decoro que su investidura le obligar guardar”.
En línea con la postura del oficialismo, Suárez Lynch entiende que “con sus decisiones” la magistrada se inmiscuyó “en las actividades de otros poderes del estado nacionales”.
El pedido de jury ingresó a la Comisión de Disciplina de la Magistratura porteña, que preside la larretista paladar negro Marcela Basterra. En tanto, ese cuerpo del organismo no responde directamente al Gobierno porteño: lo preside Vanesa Ferrazzuolo y también lo integran Juan Pablo Godoy Vélez y Lidia Lago. Ninguno responde al PRO. A su vez, Lago representa a los jueces, que no atraviesan el mejor momento de su distante relación con el Ejecutivo local.
El viernes 29 se inicia la feria judicial y el juicio político no se debatiría hasta el mes de febrero. Una vez reunida la Comisión de Disciplina, los miembros del cuerpo deciden si rechazan o dejan avanzar el pedido. Tras esa decisión, el tema llega al plenario de consejeros, que puede reafirmar o dar vuelta la situación. Si gana el “sí” al jury, se debe celebrar el proceso en menos de 90 días.
La jueza porteña Patricia López Vergara (FOTO: Archivo)
En la Magistratura porteña hay consensos básicos: la mayoría de los consejeros está en contra de avanzar con el juicio político porque, entienden, es infundado y tampoco hay voluntad de discutir ese tema. Menos después de la última reunión de pre-plenario del jueves, donde la tensión decoró todo el encuentro. El pedido de juicio político ingresó a la misma hora en que los consejeros debatían la última batería de resoluciones a votar antes de fin de año, requerida por Felipe Miguel. ¿Llegarán a liquidar el temario antes del 28 de este mes? Esa fue la recomendación del jefe de Gabinete y nadie tiene voluntad de molestarlo en sus vacaciones, documentadas debidamente en el Boletín Oficial. A propósito: ¿el recorte en viajes al exterior que Larreta impone en la Magistratura también correrá para sus funcionarios del gabinete? ¿O el ajuste en los ministerios estará en los teléfonos oficiales? La “recuperación” de los teléfonos móviles se votaría en breve en el organismo judicial.
El tema representa tan poco interés que ninguno de los consejeros dejó la discusión del pre-plenario por el jury iniciado a López Vergara. El juicio político tiene, al menos por ahora, destino de fracaso.
La decisión de avanzar con el juicio político por una sentencia avalada por la Cámara y, a sottovoce, los consejeros porteños podría abrir un insólito frente de tormenta con los magistrados, que ya han demostrado lo rápido que se corporizan para defenderse. Por eso el Gobierno se desentiende y niega algún vínculo con ambas presentaciones judiciales, mientras hace malabares para avanzar con el traspaso de la Justicia de Nación a Ciudad y evitar cortocircuitos con los jueces, que en los últimos días volvieron a insistir con el espinoso reclamo de la equiparación salarial.
Cuestión del destino o no, fue la magistrada López Vergara quien hace un año trabó un embargo a la Magistratura por esta disputa salarial. El enojo que el PRO le tiene data desde hace años, incluso se remonta a la época de Macri jefe de Gobierno, pero la gestión larretista la mira con desconfianza desde el conflicto con los jueces de fines de 2016.
EL ORIGEN. La titular del juzgado N°6 en lo Contencioso y Administrativo habilitó con carácter de urgencia una medida cautelar del diputado Mariano Recalde y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que habían acudido a la Justicia para que en la marcha en repudio a la reforma jubilatoria se garantizase el derecho a la protesta y libertad de expresión. Tras la feroz represión de Gendarmería ocurrida el jueves 14 de diciembre en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el kirchnerismo porteño elevó ese pedido para que la Justicia velara por la integridad de los manifestantes.
La presentación fue el domingo (López Vergara estaba de turno) y la marcha fue el lunes 18 de diciembre. Los tiempos corrían y la magistrada entendió que debía emitir una sentencia con carácter de “urgencia” por la “posibilidad de un daño irreparable” en caso de un escenario represivo.
La reacción del Gobierno fue rápida y en repudio a la decisión judicial, la cual califican como “política”. “Ningún juez se había atrevido a un fallo que complicara tanto el accionar policial”, rugieron desde el PRO.
“Se otorga cierta libertad para definir cómo se hace el operativo y claramente no le corresponde”, cruzaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. “Apliqué la ley que tiende a la preservación de la paz social, a que seamos menos salvajes, menos barbarie y más civilización. La ley de Seguridad señala los principios que la Policía debe salvaguardar, resalta el deber de gradualidad y que las medidas sean idóneas”, justificó la magistrada este viernes en diálogo con Luis Novaresio.
