Obispos cuestionan el texto oficial y alertan sobre ludopatía. Piden retomar iniciativa más restrictiva ya cajoneada. Gobernadores y empresas ponen sus fichas.
La Iglesia vs. Javier Milei: apuestas online, lobby y una jugada que vuelve al Senado
La Iglesia vs. Javier Milei: apuestas online, lobby y una jugada que vuelve al Senado
La Iglesia volvió a la carga contra el proyecto de Javier Milei sobre apuestas online y ludopatía adolescente, que ya ingresó al Senado y encendió alarmas en ámbitos pastorales, sanitarios y legislativos. Los cuestionamientos apuntan a que la iniciativa privilegia el combate al juego ilegal, pero deja intactos mecanismos de promoción y captación que utilizan las plataformas habilitadas.
La preocupación crece en despachos eclesiásticos, organizaciones sociales y sectores especializados en salud mental. El 1 de junio, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) reunió a especialistas para debatir el avance de la ludopatía entre adolescentes. El objetivo fue claro: intervenir en una discusión legislativa que la Iglesia considera estratégica y observa con creciente inquietud.
Detrás del conversatorio apareció una preocupación más concreta. Quienes participaron cuestionaron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la cámara alta porque, según coincidieron, concentra sus esfuerzos en perseguir plataformas ilegales y evita avanzar sobre los mecanismos de captación que utilizan las empresas autorizadas. La crítica excede el plano sanitario y se adentra de lleno en el terreno político.
El malestar eclesiástico también tiene una raíz parlamentaria. En noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa mucho más restrictiva que prohibía buena parte de la publicidad de las apuestas online, imponía controles biométricos y establecía mecanismos de prevención para menores.
Esa propuesta nunca logró avanzar en el Senado y quedó atrapada en una prolongada siesta legislativa. Para quienes impulsaban aquella regulación, el proyecto oficial representa un retroceso.
El contraste entre ambos textos resulta clave para entender la disputa. La iniciativa aprobada en cámara baja regulaba tanto a operadores legales como ilegales. Prohibía patrocinios deportivos, promociones a través de influencers, auspicios en camisetas y publicidad en múltiples plataformas. También exigía validación biométrica mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y creaba un registro de autoexclusión para personas con problemas de juego.
La propuesta impulsada por el Gobierno recorre otro camino. El foco está puesto en combatir la oferta clandestina mediante sanciones penales, bloqueos tecnológicos y controles financieros. Sin embargo, deja afuera buena parte de las restricciones aplicables a las empresas habilitadas por las provincias y tampoco incorpora varias herramientas preventivas incluidas en la media sanción anterior.
Durante el encuentro organizado por la Pastoral Social, el psiquiatra Federico Pavlovsky sostuvo que el proyecto oficial "protege enormemente al juego legal y persigue al juego ilegal". Fue más allá al afirmar que la iniciativa "parece una ley redactada por la industria del juego". Sus declaraciones sintetizaron un malestar compartido por buena parte de quienes expusieron.
Las objeciones también se apoyan en datos preocupantes. El director ejecutivo de Cruz Roja Argentina, José Scioli, presentó resultados de un relevamiento basado en más de 11.000 encuestas que detectó edades de inicio cercanas a los 13 años y casos incluso desde los 11. Además, uno de cada ocho adolescentes consultados registró deudas vinculadas con apuestas.
Las críticas de la Iglesia encuentran eco en una interpretación que circula tanto en ámbitos políticos como empresariales. Según reveló Esteban Rafele en Letra P, el proyecto sobre ludopatía forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno para atender demandas específicas de actores económicos relevantes. En esa lectura, la regulación del juego online integra un paquete de leyes diseñado para satisfacer intereses del denominado Círculo Rojo.
Las sospechas se alimentan por la secuencia de acontecimientos. De acuerdo con fuentes del sector, representantes de la industria del juego legal mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales antes de la presentación de la iniciativa. El resultado fue un texto que preserva aspectos centrales del negocio habilitado y concentra las restricciones sobre competidores ilegales.
El trasfondo económico ayuda a explicar la disputa. Las plataformas autorizadas sostienen que una prohibición amplia de publicidad favorecería a operadores clandestinos y reduciría recursos destinados a clubes deportivos, ligas y estructuras vinculadas al fútbol profesional. También recuerdan que las provincias obtienen ingresos crecientes a partir de impuestos asociados a las apuestas online.
Esa posición coincide con la de varios gobernadores, que observan el fenómeno desde una lógica fiscal antes que sanitaria. En el Senado, donde quedó frenada la media sanción de la Cámara de Diputados, los mandatarios provinciales conservan una influencia decisiva. No son pocos los dirigentes que vinculan la parálisis parlamentaria con ese entramado de intereses.
Para la Iglesia, sin embargo, el problema no puede reducirse a una cuestión regulatoria. El cardenal Ángel Rossi definió el escenario como "un casino en la mano de cada niño", una frase que se convirtió en emblema de la campaña impulsada por sectores eclesiásticos. La preocupación apunta a la naturalización de las apuestas dentro del consumo cotidiano de adolescentes y jóvenes.
La Pastoral Social eligió respaldar sus planteos con evidencia científica y testimonios especializados. Quienes expusieron remarcaron que el deporte, las redes sociales y los influencers se transformaron en canales privilegiados para la captación de menores. También advirtieron que la expansión del fenómeno ocurre en un contexto de debilitamiento de espacios comunitarios y familiares.
La discusión recién comienza. El Gobierno busca instalar una regulación enfocada en el combate al juego ilegal. La Iglesia pretende recuperar el espíritu de la media sanción que quedó archivada. Entre ambos polos se mueven gobernadores, empresas, clubes y operadores del sector. El Senado volverá a ser el escenario de una disputa en la que conviven salud pública, recaudación provincial y un negocio multimillonario que nadie parece dispuesto a abandonar.