En línea con el plan de reforma previsional que impulsa el presidente Mauricio Macri, que tuvo un pésimo comienzo en el Congreso, con incidentes, represión y la suspensión de la sesión en la Cámara baja nacional, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, también evalúa cambios en el sistema que, como informó Letra P, van incluso más allá de los que empuja la Casa Rosada. Para avanzar en esas medidas, la mandataria tendrá respaldo de los intendentes del oficialismo, que no serán espectadores pasivos del proceso porque sus empleados estarán directamente afectados por las transformaciones.
En el marco de la última reunión del año del Foro de Intendentes de Cambiemos, que se desarrolló esta semana en Quilmes, que fue presidida por Vidal y contó con la participación del jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el ministro de Economía, Hernán Lacunza, Letra P consultó a varios jefes comunales sobre esta posibilidad, dado que serían afectados directamente por los cambios previsionales, ya que los empleados municipales también aportan al IPS.
En líneas generales, todos los intendentes oficialistas coincidieron en aprobar estos cambios y justificaron en la necesidad de ordenar las cuentas del Estado.
“Creo que estos procesos traumáticos duelen y el sindicalismo tiene la obligación de plantearlo, porque acá hay una cuestión numérica: no cierran los números”, sintetizó el jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón, y agregó que un avance en ese sentido lo perjudicaría dado que es empleado público de la Dirección de Vialidad.
Sin embargo, consideró que “los gremios van a tener que entender cuál es la prioridad, qué es lo importante: ¿la dignidad del trabajador o jubilarse antes? Son cuestiones que también hay que plantearse”, señaló.
Por su parte, el intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, sostuvo que “todo es una cuenta muy simple como la casa de uno, como la del municipio, como la de un negocio: uno no se puede endeudar eternamente. Entonces hay que buscarle la vuelta para mantener, y crecer, con pie sólido, con base sólida”, evaluó.
También el jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay, consideró que “el debate que empieza por las jubilaciones de privilegio quizá haya que profundizarlo”.
“Hay que pensar en una reforma dialogada, consensuada, porque algunos de los parámetros refieren a otras épocas. Tenemos los mismos parámetros que hace 50 años, cuando se establecieron los regímenes jubilatorios, y el mundo ha ido en otro sentido”, indicó el bahiense y agregó que “el debate previsional se da en todo el mundo en el día de hoy, por lo que es bueno que se discuta”.
Pablo Petrecca, de Junín, evaluó que “las peleas que está dando la gobernadora son las que hay que dar” y, en esa línea, consideró que “hay que equilibrar, hay que decir las cosas como son: el número es uno solo para poder hacer obras, para poder resolver el déficit fiscal, para resolver el déficit en infraestructura y la gran demanda que tenemos los bonaerenses”.
Franco Flexas, de General Viamonte, evaluó que “con este planteo se está resolviendo una situación a futuro y permitiendo que exista la plata para poder pagarlo”, indicó y remarcó: “En el fondo se busca que el día de mañana se puedan pagar las jubilaciones. Por eso está también el achique a las jubilaciones de privilegio del Bapro, de la parte política. Tiene que ver con una revisión de todo el sistema jubilatorio para que sea sostenible”.
El intendente de Mar Chiquita, Carlos Ronda, apeló al debate y al consenso. “Para que esta reforma sea lo mejor para la gente, espero que todas las bancadas, que van a poder opinar, puedan aceptarlo, leerlo y estudiarlo. Creo que del debate y del consenso va a salir lo mejor”.
De acuerdo al anteproyecto de ley que circuló la semana pasada por la Legislatura bonaerense y las mesas sindicales, la reforma del IPS implicaría la "armonización" de los diferentes regímenes jubilatorios y eliminar los especiales. Esto significaría modificar, por ejemplo, el sistema jubilatorio de los docentes, que tienen un sistema especial por las condiciones de su empleo.
El temor de gremios y sectores opositores, que ya se pronunciaron al respecto, es que esta reforma nivele para abajo cercenando derechos adquiridos por los trabajadores.
