Como el presidente Mauricio Macri, que antes incluso de ganar las elecciones comenzó a presionar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que abandone su cargo –cosa que no ha logrado todavía-, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presionó a la jefa de los fiscales bonaerenses, María del Carmen Falbo, para que abriera una vacante que la mandataria intentará ahora, después de once meses y cinco días, cubrir con uno de sus abogados preferidos: el menemista-macrista-católico ultraconservador secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand.
Como contó Letra P en el mes de abril, la Operación Cambiemos a Falbo había empezado mal. Subterránea, no llegó, en sus inicios, siquiera a esa categoría. Era tibia e ineficaz. La mandataria no se animaba a hacer públicas sus intenciones. Tampoco las había verbalizado en privado delante de la dirigente peronista quilmeña. Más: pese a que un emisario informal le había preparado el terreno, el encargado de comunicarle la expectativa oficiosa tampoco se había animado.
La primera señal de hostilidad le había llegado a Falbo a través del diario Clarín. En una nota publicada el 13 de enero, el periodista Nicolás Wiñazki la salpicó con el barro de la mafia de la efedrina. Reveló que la procuradora autorizó al Gobierno nacional “a acceder en tiempo real a toda la información y las pruebas que se recolectaban en las causas judiciales que investigaban en la provincia de Buenos Aires el tráfico prohibido de los químicos que se usan para fabricar drogas”. Y recordó que hace 22 años defendió –con éxito- a Aníbal Fernández cuando el entonces intendente de Quilmes fue investigado –con pedido de captura incluida- por presunta malversación de fondos. Sugirió Wiñazki, además, que la carrera de Falbo en la función pública despegó a partir de sus buenos servicios legales en ese caso, igual que la de otro de los abogados patrocinantes del ex candidato a la Gobernación, el a esta altura histórico presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia, Federico Domínguez.
Como describió este portal en aquel entonces, la procuradora es peronista y quilmeña, como Fernández. Fue secretaria de Justicia de la Gobernación en los noventas, con Eduardo Duhalde como gobernador. En 1999 saltó a la Cámara de Diputados de la Nación y en 2004, ya con Felipe Solá en la Gobernación, fue designada al frente del Ministerio Público. Nunca fue identificada por Cambiemos con el kirchnerismo, como Gils Carbó, pero sí con Aníbal, lo que, a los ojos del oficialismo, es casi peor. Falbo la tenía difícil: no la quería Vidal, pero no sólo ella. Un grupo de fiscales había acumulado, en todos estos años, motivos para celebrar una salida de la jefa. En la noche de este martes, acaso se descorchen algunas botellas de champán.
Vidal no podía echar a Falbo. El Ministerio Público es un extra poder que no depende de nadie. Y la procuración general es un cargo sin fecha de vencimiento. Para eyectarla de su despacho, la gobernadora debía iniciarle, a través de sus legisladores, juicio político en el Senado. O convencerla de aceptar un plan de retiro más decoroso: jubilación y despedida con honores. Ése fue el Plan A, llevado a cabo con notable morosidad, aunque en los pliegues de la política bonaerense hay quienes trabajaron durante estos meses engrosando una carpeta con supuestos argumentos destituyentes por si finalmente Vidal necesitaba activar el Plan B. En ese dossier, se listaban antecedentes de presuntos encubrimientos e incumplimientos varios de la ley y de sus deberes de funcionaria pública.
EL EMISARIO Y EL GOL QUE NO FUE. El operador de Vidal encargado de allanar el terreno conoce a Falbo casi de toda la vida. Peronista y quilmeño como ella, Federico Scarabino fue concejal e intendente de ese distrito, aunque en la vereda de enfrente de Aníbal en la interna local. Quiso ser vicegobernador secundando a Antonio Cafiero en 1999, pero perdió la pulseada en las primarias del PJ bonaerense con la fórmula Carlos Ruckauf – Felipe Sola. De todos modos, los dos ganadores le dieron trabajo, a su turno: el primero como ministro de Producción y el segundo, como ministro de Gobierno, un cargo bien político. Después, surfeó la tensión pejotista - kirchnerista y, como senador, llegó a ser, cuando Alberto Balestrini se enfermó, el primero en la línea de sucesión de Daniel Scioli.
Tanta historia compartida le permitió al emisario hablar en confianza. Sacarabino tentó a Falbo con aquel plan de retiro. Le explicó que la jubilación era la mejor manera de evitar situaciones embarazosas de hostigamiento. No fue explícito con lo de las carpetas, pero entre viejos lobos de mar las palabras huelgan: no era necesario caer en groserías.
Scarabino salió de esa reunión con la sensación de que le había dejado la pelota picando en el área chica al funcionario designado para mandarla al fondo del arco. Conte Grand, quien este martes fue confirmado como candidato de Vidal a reemplazar a Falbo, se reunió con la procuradora para “oficializar” la expectativa de la gobernadora de contar con ese puesto. Pero eso no pasó. El hombre, dicen, se amilanó. No le pareció que fuera elegante poner eso en palabras, según le explicaría después a Scarabino, quien, a su vez, había escuchado el relato de la propia procuradora, que le había dicho, sin salir de su asombro: “No me dijo nada”.
El traspié macrista le dio un poco de aire a la jefa de los fiscales, pero no el suficiente para soportar la embestida que vendría y que la llevó a iniciar, en el mes de agosto –como informó Letra P en exclusiva-, los trámites para recalcular su jubilación, que había dejado en suspenso en 2004.
CHISPAZOS Y SEÑALES. Las miradas del macrismo provincial hacia Falbo comenzaron a torcerse apenas 17 días después de la asunción de Vidal. El domingo 27 de diciembre, a las tres de la mañana, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, fugaron del penal provincial de General Alvear. “Ése es de Falbo”, le dijeron a Vidal los que siempre están a la orden para trabajar de apuntadores. “Ése” era Cesar Albarracín, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la gestión Scioli que la gobernadora había ratificado en su puesto. No muy cierto: Albarracín fue relator del área de Política Criminal de la Procuración, pero eso no lo hace necesariamente un “falbista”. No importa: el ítem en el currículum alcanzó para que el vidalismo, en esas horas de desesperación, le colgara el cartelito.
En abril, un episodio de alta repercusión cayó como balde de agua fría sobre Vidal: se enteró mirando televisión que el presidente del ente de turismo de Mar del Plata, Emiliano Giri, armador político clave del PRO bonaerense, llegaba a La Plata esposado, sospechado de integrar una banda que se dedicó, durante la gestión de Scioli, a realizar designaciones truchas en el Astillero Río Santiago para quedarse con los salarios de los falsos contratados.
A Vidal no le advirtieron que esa causa podía estallar los funcionarios de su gabinete que deberían haberlo sabido –fundamentalmente, su entonces ministro de Justicia, Carlos Mahiques. Pero tampoco Falbo se molestó en ponerla en autos. No era su obligación. Pero se sabe: políticamente, esa falta de comunicación es un problema para el que gobierna.
Muy pronto, la Operación Cambiemos a Falbo salió de la clandestinidad e importantes referentes del oficialismo comenzaron a presionar a la procuradora públicamente.
En junio, la diputada Elisa Carrió acusó a la procuradora de “dejar escapar” a Marcelo Mallo, el ex jefe de Hinchadas Unidas Argentinas involucrado en el doble crimen de Unicenter, hecho que la legisladora vincula con el triple crimen de General Rodríguez.
Al mes siguiente, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dijo que la funcionaria tenía “el tiempo agotado”, al tiempo que destacó su “compromiso político” con el peronismo.
En agosto, como se dijo antes, Letra P adelantó que Falbo había iniciado los trámites para su retiro y el día 25 de ese mes el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires le confirmó a este portal que la procuradora le había pedido al organismo que determinase los haberes que le correspondían en su condición de jubilada. La Pochi, como le dicen, preparaba el terreno para abdicar. Ya entonces, este medio informaba que, en el entorno de la gobernadora, confiaban en contar con su despacho disponible antes de fin de año.