La confirmación de César Albarracín al frente de la subsecretaría de Politica Criminal de la Provincia de Buenos Aires es un llamado de atención para las organizaciones que luchan por los Derechos Humanos. Desde la Comisión Provincial por la Memoria ya pusieron el grito en el cielo, resignados a que este gesto de María Eugenia Vidal simboliza una continuidad de un sistema penitenciario sumergido en una grave crisis, que durante el gobierno de Daniel Scioli tuvo únicamente políticas regresivas.
Si bien no fue anunciado oficialmente, Albarracín se encamina a continuar como funcionario del ministerio de Justicia que hasta hace una semana comandó Ricardo Casal, y a partir del jueves pasado lo hace Carlos Mahiques.
Fuentes judiciales comentaron que el propio Albarracín habría luchado por su continuidad, entablando un contacto con Mahiques, su nuevo jefe.
Si realmente se confirma su permanencia -no sería el único "sciolista" que sobreviva al cambio de mando-, lo que también se va a confirmar es la preocupación de los principales organismos de Derechos Humanos bonaerenses, que en los últimos años vienen denunciando las falencias en el sistema penitenciario de la provincia.
Este martes por la tarde, la Comisión Provincial por la Memoria presenta en La Plata el cuarto informe anual del registro de casos de tortura, ocurridos en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal. Esto abarca -dentro del ámbito bonaerense-, las instituciones del Servicio Penitenciario, comisarías de la policía provincial, institutos de menores y hospitales neuropsiquiátricos.
Releva los datos del año pasado, son más de 50 instituciones relevadas, más de 2 mil víctimas de torturas y más de 7 mil hechos. "Esto es solo la punta del iceberg, es solo lo que alcanzamos a relevar y a recoger tras las entrevistas confidenciales que hacemos con las personas detenidas y sus familiares", le dijo Roberto Cipriano, director del Comité Contra la Tortura de la Comisión, a Letra P.
Desde la Comisión aún no han mantenido contacto con el nuevo gobierno provincial. Según le dijeron a este portal, este lunes presentaron una nota pidiendo una audiencia con Vidal, con la intención de "hablar de las cuestiones urgentes que entendemos que hacen falta abordar en la provincia de Buenos Aires, en materia de Derechos Humanos".
"Con el gobierno pasado hubo claramente un retroceso en la cuestión de los Derechos Humanos, una regresión muy importante en relación al sistema penal y al encierro. Tenemos expectativas que estas cosas comiencen a revertirse", se esperanzaron desde la Comisión, pero al mismo tiempo observan de reojo los anuncios que desde el ministerio de Justicia puedan realizarse.
"Algunas cosas nos preocupan, nosotros tenemos la expectativa de que efectivamente las políticas cambien; la continuidad de Albarracín supone que va a haber una continuidad en las políticas que venimos denunciando todos estos años, con lo cual, la confirmación de un funcionario que no produjo avances en todos estos temas -al contrario, produjo políticas regresivas-, nos da a pensar que no va a cambiar nada en la Provincia", criticaron.
Albarracín es el funcionario apuntado por varios de haber autorizado el ingreso de Jorge Lanata a la cárcel de General Alvear, cuando el conductor entrevistó al condenado por el triple crimen de la efedrina, Martín Lanatta, que terminó ensuciando la figura del entonces precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández.
"A mí me parece que es una operación del propio Gobierno (bonaerense). Porque si hace la entrevista en la cárcel... Si el Servicio Penitenciario Provincial permite esta entrevista en este tiempo... Yo fui Secretaria de Estado en Política Criminal pero no hubo una entrevista de este tipo que el funcionario político no se entere. El SPB no toma una decisión por sí misma", dijo en su momento la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Entonces, y de ser cierta aquella sospecha, la confirmación de Albarracín en el ministerio de Justicia podría ser leída también como un premio para el ex ministro Ricardo Casal, máxima autoridad en aquel momento."Esperemos que la cosa cambie", expresan con cierta resignación, por su parte, desde la CPM.
