El sector exige la colegiación obligatoria. Busca preservar la autonomía y advierte sobre riesgos para consumidores y operaciones. Un mercado que ya era libre.
Las desregulaciones de Federico Sturzenegger hicieron estallar al Colegio Inmobiliario de Córdoba
Mientras Federico Sturzenegger avanza con uno de los proyectos más ambiciosos de la agenda desreguladora de Javier Milei, Córdoba decidió plantarse. No sólo lo hizo el Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI), sino también el propio gobierno de Martín Llaryora y la Legislatura, que volvieron a cerrar filas en defensa de la colegiación obligatoria.
La discusión excede largamente al negocio inmobiliario. Sigue enfrentando los dos modelos de Estado: el libertario, que busca reducir al mínimo las regulaciones sobre el ejercicio profesional, y el cordobés, que sostiene que determinadas actividades requieren control institucional para proteger a los ciudadanos.
El proyecto que impulsa La Libertad Avanza propone modificar el decreto 2293/92 para reemplazar los actuales sistemas de matriculación provincial por un registro nacional de profesionales, eliminando la obligatoriedad de pertenecer a los colegios profesionales para ejercer.
En la práctica, significaría uno de los mayores cambios regulatorios de las últimas décadas para corredores inmobiliarios, escribanos, abogados, ingenieros, arquitectos y otras profesiones reguladas.
La reacción cordobesa no fue improvisada ya que hace un año la Legislatura había aprobado una declaración institucional rechazando cualquier intento de avanzar sobre los colegios profesionales y exhortando a los legisladores nacionales por Córdoba a no acompañar iniciativas que vulneraran las competencias provinciales.
La declaración —firmada por el entonces presidente provisorio Facundo Torres Lima— expresó “preocupación y rechazo” frente a los proyectos nacionales que pretendían sustituir la colegiación obligatoria por registros nacionales, entendiendo que la regulación profesional constituye una atribución de las provincias.
Ese antecedente hoy cobra nueva vigencia. La asunción de Lucas Péndola al frente del Colegio Profesional Inmobiliario terminó convirtiéndose en una demostración política.
Más de 500 asistentes, decenas de autoridades provinciales y dos ministros del gobernador Llaryora participaron del acto en una señal que excedió el protocolo. Miguel Siciliano y Juan Pablo Quinteros no fueron únicamente a saludar nuevas autoridades. Fueron a respaldar públicamente una posición institucional frente al Gobierno nacional.
El mensaje más explícito llegó del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. “La línea política plantea la desregulación. Es más, hay un ministerio para desregular todo. Y que cada uno se arregle como pueda. Conceptualmente, desde el Gobierno de Córdoba tenemos otra visión”, sostuvo.
Miguel Siciliano fue todavía más allá. Recordó que ya había impulsado una iniciativa para defender a los colegios profesionales y advirtió que eliminar esas instituciones implica debilitar organizaciones que protegen derechos ciudadanos. “Cuenten con el Gobierno provincial para avanzar juntos”, prometió frente a los matriculados.
Lucas Péndola eligió otro camino. Durante su discurso habló de inteligencia artificial, automatización, plataformas digitales y transformación tecnológica. “La tecnología ya llegó. La transformación ya empezó”, afirmó. En ese camino sostuvo que los inmobiliarios no deben competir con las aplicaciones sino utilizarlas mejor.
Es decir, para el Colegio, una cosa es modernizar el mercado y otra muy distinta eliminar los controles profesionales. “La tecnología no reemplaza la experiencia, el criterio, la confianza ni la capacidad humana de entender a las personas”, planteó.
El documento institucional difundido por la entidad endureció todavía más el tono. “El mercado ya es libre. Nadie está obligado a contratar un inmobiliario”, sostiene. Según esa interpretación, la propuesta oficial no liberaliza el mercado —porque ya cualquier persona puede vender o comprar un inmueble por su cuenta— sino que elimina los requisitos para ejercer profesionalmente la intermediación inmobiliaria.
La diferencia parece semántica, pero constituye el núcleo del conflicto.
Para Sturzenegger, los colegios profesionales funcionan como barreras corporativas que restringen la competencia, elevan costos y limitan la libertad económica.
Para Córdoba ocurre exactamente lo contrario. El Gobierno provincial y el CPI sostienen que la matriculación no protege a los profesionales sino al ciudadano.
Argumentan que detrás de cada operación inmobiliaria existen ahorros de toda una vida, verificaciones registrales, controles documentales y responsabilidades legales que no pueden quedar libradas únicamente a la buena fe del mercado. “Sin matrícula no hay control. Sin control hay estafas”, resumen desde el Colegio.
Es el mismo razonamiento que utilizan otros colegios profesionales que observan con preocupación la avanzada libertaria.
La discusión tiene además una dimensión constitucional. Las provincias sostienen que la regulación del ejercicio profesional constituye una facultad no delegada a la Nación. Por eso Córdoba interpreta que el proyecto nacional invade competencias provinciales.
No es casual que la declaración aprobada por la Legislatura invocara expresamente el artículo 104 de la Constitución provincial al instruir a los senadores nacionales cordobeses para defender esas atribuciones.
La discusión, entonces, ya no gira únicamente alrededor de inmobiliarias. También pone en tensión el alcance del poder regulatorio del Estado nacional frente a las autonomías provinciales.
En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo libertario ya sufrió un primer revés político. Los colegios de martilleros lograron frenar el avance de un proyecto de desregulación provincial, consolidando un frente institucional que comienza a articularse entre distintas jurisdicciones.
Ese escenario anticipa que el debate en el Congreso difícilmente transite un camino sencillo. La ofensiva desreguladora de Sturzenegger encuentra, por primera vez, una resistencia organizada que combina colegios profesionales, gobiernos provinciales y legislaturas locales.