Son las ejecuciones perpetradas en junio de 1956 por la "Revolución Libertadora". Aramburu y Rojas, entre los autores identificados. El fallo, 70 años después.
Isaac Rojas y Pedro Eugenio Aramburu, jerarcas de la "Revolución Libertadora": la Justicia los declaró responsables de delitos de lesa humanidad por la masacre de José León Suárez.
Setenta años después de uno de los episodios más emblemáticos de la represión estatal en la Argentina, la Justicia federal concluyó que el Estado argentino es responsable de los fusilamientos de José León Suárez, los hechos revelados por Rodolfo Walsh en su crónica Operación Masacre.
Las ejecuciones se dieron en el marco de la política represiva impulsada por la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón un año antes. Los crímenes, definió la jueza federal Alicia Vence, “deben ser considerados crímenes de lesa humanidad”, leyó en su alegato.
La sentencia fue dictada este lunes por Vence, quien dirigió el juicio por la verdad sobre los hechos y la investigación preliminar que reconstruyó los secuestros, asesinatos y persecuciones ocurridos entre el 9 y el 10 de junio de 1956, tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el gobierno de facto.
Aunque ninguno de los responsables llegó vivo a esta instancia judicial, el fallo identificó como autores de los hechos a los dictadores de la autodenominada Revolución Libertadora, Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, quienes derrocaron a Perón en 1955; al entonces titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Juan Constantino Quaranta; al jefe de la Policía Bonaerense, Desiderio Fernández Suárez, y al jefe policial Rodolfo Rodríguez Moreno. De haber sido juzgados en vida, concluyó la jueza, todos habrían enfrentado una condena a prisión perpetua.
La sentencia puso fin a una deuda histórica. Durante siete décadas, los fusilamientos permanecieron fuera del alcance de una investigación judicial que analizara integralmente las responsabilidades políticas, policiales y de inteligencia detrás de aquellos crímenes.
El fallo estableció que la noche del 9 de junio de 1956 un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y organismos de inteligencia irrumpió en una vivienda de la localidad de Florida, en el norte del conurbano bonaerense, donde un grupo de hombres escuchaba una pelea de boxeo por radio.
Algunos de ellos también esperaban novedades sobre el levantamiento que había puesto en marcha aquella noche Juan José Valle. Al frente de una patota de policías, Fernández Suárez detuvo a 12 hombres. Para Vence, el operativo consistió en un allanamiento ilegal y 12 privaciones ilegítimas de la libertad.
Las detenciones se produjeron antes de que el gobierno de facto anunciara la aplicación de la ley marcial. Los capturados fueron llevados primero a la unidad policial de San Martín y luego trasladados a un descampado que fungía como basural, en José León Suárez. Allí, en los basurales, se ejecutó una acción clandestina destinada a eliminar a los detenidos sin proceso judicial alguno: Fernández Suárez hizo suya la orden de los dictadores Aramburu y Rojas y Rodríguez Moreno concretó los fusilamientos.
Cinco personas murieron bajo las balas policiales: Mario Brion, Francisco Garibotti, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza y Vicente Rodríguez. Otras siete consiguieron sobrevivir en circunstancias excepcionales: Rogelio Díaz, Norberto Gavino, Juan Carlos Livraga, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Julio Troxler y Reinaldo Benavídez. Tiempo después, Livraga se convirtió en “el fusilado que vive”, cuyo testimonio fue la columna vertebral de la investigación de Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz.
A solo unos metros del lugar donde sucedió todo se ubica el auditorio municipal “Hugo del Carril”, la sala donde se llevó a cabo el juicio por la verdad sobre los asesinatos. La investigación preliminar, que nació del impulso que familiares de asesinados y sobrevivientes imprimieron al caso con el antecedente del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, al que Vence dio lugar, permitió reconstruir no sólo el operativo, sino también las decisiones previas que lo hicieron posible, desde las tareas de inteligencia hasta la cadena de mandos que habilitó la represión.
Uno de los aspectos centrales discutidos durante el proceso fue el encuadre jurídico de los hechos.
La querella sostuvo que los asesinatos no podían analizarse como un episodio aislado sino como parte de una política sistemática de persecución desplegada por el régimen instaurado tras el golpe de 1955. El tribunal recogió ese planteo y consideró que los crímenes encajan dentro de los parámetros que el derecho internacional utiliza para definir delitos de lesa humanidad.
Durante el alegato final, los abogados Alberto Palacios y Walter Arias ubicaron los fusilamientos dentro de una secuencia represiva que incluyó el bombardeo a Plaza de Mayo, la proscripción política del peronismo, la censura de símbolos partidarios y los posteriores fusilamientos ordenados tras la sublevación de Valle.
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Según plantearon, la operación desarrollada en José León Suárez respondió a una lógica de exterminio político impulsada desde las máximas autoridades del gobierno de facto.
La instancia oral permitió además escuchar por primera vez en sede judicial a familiares de las víctimas y a descendientes de los sobrevivientes. Para la querella, esa circunstancia expuso una de las principales deudas que rodearon el caso durante décadas. “La familias hablaron por primera vez en un tribunal. Esperaron 70 años para hacerlo. Y lo que dijeron no necesita adornos jurídicos: contaron la verdad desnuda de lo que pasó. Les preguntamos si alguna vez habían sido citados a declarar. Todos dijeron que no. Esta fue la primera vez”, planteó Palacios en su alegato.
Esa dimensión reparadora atravesó buena parte del proceso y terminó reflejada en la sentencia.
“La sentencia constituye en sí misma una forma de reparación para las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares”, apuntó Vence. Sin embargo, además de reconstruir responsabilidades, la resolución incorporó medidas orientadas a preservar la memoria de los hechos. Entre otras disposiciones, impulsó la difusión pública del fallo, la señalización de los lugares vinculados a los secuestros y fusilamientos, la incorporación de las víctimas a los registros estatales correspondientes y la promoción de contenidos educativos sobre lo ocurrido en junio de 1956.
También ordenó profundizar la búsqueda de documentación relacionada con la actuación del gobierno de facto, especialmente aquella que integra el fondo documental vinculado a Isaac Rojas conservado por el Archivo General de la Nación.