El escándalo por los contratos truchos en el Astillero Rio Santiago, que esta semana hizo eclosión con la detención de un funcionario clave del PRO marplatense, volvió a encender luces de alerta en el interior del gobierno de María Eugenia Vidal, que estalló de furia otra vez. La falta de información sensible para anticiparse a los hechos y controlar los daños, y el manejo amateur de la comunicación una vez que explotan las bombas, son falencias que están exponiendo a la jefa del Estado bonaerense a sofocones evitables que la están marcando con inusual precocidad.
En el palacio platense de la Gobernación todavía no se explican cómo Emiliano Giri, hoy ex secretario de Turismo de Mar del Plata, concentró los golpes y quedó mediáticamente como el principal implicado en esta red de corrupción, cuando el fiscal Jorge Paolini tiene en la mira a otros cinco hombres que fueron, hasta el año pasado, funcionarios de la gestión de Daniel Scioli.
Más: las maniobras que se investigan –designación de personas con altos contratos en la naviera estatal que nunca se enteraban de esas contrataciones, con el objeto de hacerse de las millonarias cifras involucradas- fueron perpetradas durante los años 2012 y 2013, con lo cual se trata claramente de un presunto caso de corrupción del gobierno anterior que en nada debería afectar al PRO si no fuese por la supuesta participación del empresario marplatense, el más importante armador de la candidatura del actual intendente de General Pueyrredon, el carapintada Fernando Arroyo.
En el entorno de Vidal le apuntan al ministro de Justicia, Carlos Alberto Mahiques. “No puede ser que nos enteremos por los medios, cuando estallan las bombas, de lo que pasa en los tribunales”, le dijo a Letra P un funcionario con despacho muy cercano al de la gobernadora, y abundó: “Estamos gobernando a ciegas y así no hay manera de adelantarnos a los hechos para, de mínima, controlar los daños y, de máxima, ponerlos a nuestro favor”.
Este nuevo sacudón reflotó idénticas sensaciones vividas en la Gobernación a fines de 2015, cuando a Vidal la despertaron en medio de la madrugada del domingo 27 de diciembre con un balde de agua frío: los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schilacci, condenados nada menos que por el triple crimen de General Rodríguez, se habían fugado del penal de General Alvear.
Acaso no pueda imputárseles a los funcionarios provinciales que no supieran de antemano que los tres presos más peligrosos de la provincia planeaban escaparse, aunque tampoco es una pretensión desmedida: a eso se supone que se dedican los servicios de inteligencia del Estado.
Otra vez Mahiques. Del titular de Justicia depende el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), un organismo proclive -como la Policía- al autogobierno. En esa estructura, el ministro no había metido debida mano:
- Había ratificado a funcionarios políticos de la gestión anterior en esa área inflamable a pesar del antecedente de la feroz interna que había sacudido al Frente para la Victoria por la entrevista que, en ese mismo penal, el periodista Jorge Lanata le había hecho, para su programa PPT, a Martín Lanatta. En ese reportaje, el preso acusó al entonces pre candidato oficialista a la gobernación, Aníbal Fernández, de traficar efedrina y de mandar a matar a las víctimas del triple crimen.
- No había tocado la cúpula del SPB.
- Tenía, en el momento de la fuga, el Servicio acéfalo: cuatro días antes había renunciado la titular del organismo, Florencia Piermarini.
No sólo el ministro de Justicia está en capilla. En ese episodio, el titular de Seguridad, Cristian Ritondo, empezaría a perder la chapa de nuevo hombre fuerte del gobierno provincial: no pudo evitar que los prófugos abandonaran la provincia y fueran capturados, en Santa Fe, por la policía del gobierno socialista de Miguel Lifschitz. Ahora, después de varios desaguisados más, los últimos partes sobre la salud política de Ritondo hablan de un pronóstico reservado: el ex diputado porteño no tiene el puesto asegurado en el equipo de Vidal.
Esta semana, con la irrupción en escena de la banda de los contratos truchos en el Astillero Río Santiago, Vidal volvió a enterarse por los medios de un caso de altísima sensibilidad. Otra vez el balde de agua fría sobre el lacio perfecto de la gobernadora. Y otra vez Mahiques distraído: el ministro no estaba al tanto de esa investigación, que explotó el último martes pero tenía un largo recorrido previo. Lo tomó desprevenido y, por ende, sin margen de acción.
El titular de Justicia jamás avisó a la gobernadora de esta situación, y entonces pasó lo que pasó: de todos los detenidos, solamente quien hoy forma parte de Cambiemos fue fotografiado con las esposas, en un procedimiento policial de película que lo dejará marcado para siempre. El resto –todos ex funcionarios de Scioli- no quedó expuesto. Los cinco ex funcionarios del Astillero y del Ministerio de Producción la sacaron baratísima, en términos de repercusión pública, a pesar de estar implicados en una gravísima denuncia por un fraude millonario contra el fisco provincial.
Y otra vez Ritondo: el funcionario marplatense fue trasladado a La Plata por efectivos de la Policía de la provincia. Al titular de Seguridad, jefe político de la fuerza, sus subordinados no le anticiparon esos movimientos, dato que refuerza la sospecha de que la Bonaerense –un gobierno paralelo acostumbrado a tensar la cuerda con el poder civil- estaría reportando menos de lo deseable a la conducción política del ministro y, consecuentemente, de la gobernadora.
Además de Giri, también están imputados el ex presidente del ente administrador del Astillero, Héctor Scavuzzo; quien se desempeñaba como coordinador de sueldos, Rodolfo Elisetch; el ex secretario de presidencia del directorio de la naviera, Oscar Edgardo Borcerio; el ex gerente general, Julio Rubén Borovik, y el ex jefe de Gabinete del ministerio de Producción bonaerense, conducido en ese entonces por Cristian Breitenstein, Andrés Omar Ombrosi.
Este miércoles, el titular del juzgado de Garantías 6 de La Plata, Fernando Mateos, ordenó la liberación de Giri, y su abogado, Héctor Granillo Fernández, se mostró muy enojado por cómo procedió la justicia: "No se puede destruir así a la gente", se quejó. Es que Giri pasó de ser llevado esposado por la Policía a La Plata a quedar liberado al día siguiente, inmediatamente. "Le quieren hacer creer a la sociedad que cuando se detiene a alguien, es la eficacia del sistema. Y la detención es sólo necesaria cuando hay peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación. Uno tiene garantía de inocencia", protestó el abogado, y agregó: "Mostraron imágenes deplorables de él, inmerecidas; fue sádicamente detenido", pero "lo sueltan porque es excarcelable; es una persona de cargo público que no se iba a fugar".
Lo que se le imputa es el delito de peculado. En el artículo 261 del capítulo VII del Código Penal, se advierte que ese tipo se le puede imputar a aquellas personas que cometieron el ilícito desde un cargo público, es decir, siendo funcionarios del Estado.
Giri asumió como presidente del Emtur hace poco menos de tres meses y nunca integró el directorio del Astillero Río Santiago. Por eso, en el gobierno bonaerense destacan que quienes sí eran funcionarios eran los cinco sciolistas investigados. "Su responsabilidad es mucho mayor a la de Giri", dicen cerca de Vidal, y hasta se animan a agitar teorías conspirativas.
BATALLAS EN LA ARENA. En Mar del Plata, el PRO comenzó hace varias semanas una guerra particular contra el empresario hotelero y de medios Aldrey Iglesias, quien acompañó abiertamente a Scioli en la campaña presidencial del año pasado.
Como ya contó Letra P, debido a una serie de irregularidades investigadas por el gobierno de María Eugenia Vidal, al millonario español le retiraron 150 tragamonedas del Hotel Provincial y se las dieron al líder sindical de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, quien, además, está cerca de lanzar el nuevo diario El Marplatense.
Luego, Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires directamente decidió cerrar el Casino que funciona allí. Antes, Arroyo le anuló la exención de tasas para el histórico hotel y le clausuró cuatro locales en la Rambla. Además, el intendente le dio de baja un oneroso alquiler de un inmueble que el empresario tenía en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba la Casa de Mar del Plata.
En la Gobernación exponen estas rencillas playeras para plantar el relato de la bendetta. Pero, al mismo tiempo, saben que tienen un problema grande: María Eugenia Vidal está gobernando sin red.
