“El garantismo en Argentina se terminó convirtiendo en puerta giratoria”, remarcó días atrás el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para focalizar así las responsabilidades de la inseguridad en el ámbito judicial. En la misma sintonía, quien habló de una Justicia que “obra de manera laxa” fue el ministro del área, Gustavo Ferrari. Ante esta sistemática postura del gobierno de María Eugenia Vidal para justificar los hechos delictivos que volvieron a dominar la agenda, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado en el que retrucó: “El acuciante problema de la seguridad es fundamentalmente de competencia policial”, en tanto que criticó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que promueve el Ejecutivo bonaerense.
Con esta afirmación, los magistrados penalistas recalcaron que el flagelo de la inseguridad “constituye una cuestión ajena al sistema judicial, que reclama depuración y capacitación de las fuerzas de seguridad”. Ante eso, también se exigió, bajo la misma tónica, “la implementación de la Policía Judicial; un mandato constitucional incumplido”.
De esta manera, la tensión entre la administración vidalista y el sistema judicial se incrementa al punto de alcanzar los umbrales de enfrentamientos del mismo tenor de aquellos que la pasada gestión kirchnerista sostenía con algunos magistrados, lo cual era, precisamente, un objeto de sistemáticas críticas de la dirigencia PRO, que levantaba las banderas contra el “avasallamiento a la Justicia”.
CAMBIOS SIN RESULTADO. En lo que refiere a la actual iniciativa de reforma del Código Procesal Penal Provincial, la red de jueces refutó: “Multiplicar audiencias con la víctima en todo el proceso, como proyecta la reforma, dilata plazos y no soluciona la inseguridad, que sí requiere políticas de Estado y modificaciones profundas de las fuerzas policiales”.
"El acuciante problema de la seguridad es fundamentalmente de competencia policial y, por lo tanto, constituye una cuestión ajena al sistema judicial, que reclama depuración y capacitación de las fuerzas de seguridad".
Asimismo, los magistrados consideraron que el proyecto actual “se inscribe dentro de las 36 modificaciones del Código Procesal Penal Provincial, todas dictadas en los últimos años con el mismo objetivo de solucionar el aumento de la criminalidad”.
Sin embargo, objetaron: “Estos cambios formales no han dado resultado: de los aproximadamente 700.000 investigaciones de la Provincia, en casi el 50 % no se logra determinar al autor, y en aquellas que sí individualiza al sospechoso, sólo un pequeño número se presenta ante los tribunales, puesto que son archivadas o desistidas más de un 90 %, y unas pocas son resueltas por conciliación. En definitiva, menos del 5% de las causas se tramitan ante un juez”.
PROPUESTAS YA PREVISTAS. Por otro lado, se cuestionó que la reforma procesal promueve las intervenciones de las víctimas que “ya están previstas en ley vigente (así en los Arts. 59.2, 83, 84, 85 y 88)”, cuando “debieran diseñarse dispositivos eficaces para éxito de las investigaciones y no para molestia constante del ciudadano (revictimización)”.
Asimismo, criticaron: “El proyecto crearía un ‘Cuerpo de Abogados de la Víctima’ dentro del Ministerio Público Fiscal, sin embargo esta función ya la tiene el ‘Centro de Atención a la Víctima’, que debe brindar ‘un abogado a fin de constituirse en particular damnificado’ (art. 85 CPP). Si se trata de mejorar la asistencia de la víctima, parece contradictorio utilizar para ello funcionarios públicos del mismo Ministerio Fiscal que se pretende controlar”.
“Sí se podría crear una institución sin burocracia, con abogados ajenos al Ministerio Público y sin costos para el Estado, por medio de las Universidades, Colegios de Abogados, ONGs, etc.; es decir, brindar a la víctima asesoramiento especializado e independiente para optimizar las investigaciones”, puntualizaron.
