El Concejo Deliberante de la capital debate la norma. El oficialismo está alineado al “aporte” eclesiástico. Las críticas de la oposición y el temor latente.
Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi
El Concejo Deliberante de Córdoba suma su banca 32 de la mano de la Iglesia. El intendente Daniel Passerini optó por una vía de equilibrio y tomará la propuesta del Arzobispado para avanzar en la regulación de los cuidacoches, conocidos como “naranjitas”, sin confrontar con Ángel Rossi.
No es la primera vez que la Iglesia marca la cancha. En el recinto de la ciudad, a cargo de Javier Pretto, reconocen que el documento eclesiástico llega en un momento clave del debate y permite ordenar una discusión atravesada por la conflictividad social, la seguridad y el uso del espacio público.
La iniciativa de la Iglesia, más cercana a un proyecto de ley -que propone reconvertir a los “naranjitas” en asistentes de proximidad urbana, con regulación estatal y enfoque social- se alinea con proyectos ya presentados por el oficialismo en el Concejo Deliberante (o viceversa).
Desde el bloque oficialista no dudan en respaldar la propuesta y remarcan coincidencias de fondo. “Nos propone una mirada social y que generemos una ordenanza donde los espacios sean un lugar de encuentro. Tenemos esa impronta desde nuestro intendente y desde los proyectos que hemos presentado”, explicó el concejal Marcos Vázquez a Letra P.
En esa línea, confirmó que el texto del Arzobispado será incorporado al debate legislativo: "el aporte de la Iglesia Católica nos sirve, la tomamos y vamos a incorporar letra a nuestra ordenanza”.
El vínculo político-institucional y “excelente relación” entre Passerini y Rossi también juega su parte. “Con más razón para nosotros es una buena mirada. Humanizar es parte de la política que quiere llevar adelante Passerini en la gestión. La propuesta de la Iglesia no se contradice con lo que venimos desarrollando”, agregó Vázquez.
Ambos cultivan una sintonía fina en la agenda social. Passerini, médico de formación, sostiene desde hace casi una década una guardia semanal gratuita en barrio Maldonado. Ese perfil comunitario dialoga con el de Rossi, cercano al trabajo territorial de la Iglesia y con vínculos estrechos con el papa Francisco.
Además de la alineación social, el intendente y el arzobispo son críticos públicos de las políticas del gobierno nacional.
En ese camino, Diego Casado, concejal cordobesista, reforzó el encuadre ideológico de su proyecto, con “idéntica línea directriz” al de la Iglesia, en contra de la criminalización de la pobreza y echando culpas al gobierno nacional. “Hoy la política nacional ha generado una desagregación del ser humano como centro del mundo. Este proyecto de la Iglesia viene a cumplimentar con los preceptos de derechos humanos y de Dios que tienen como fin al ser humano como centro del mundo”, sostuvo.
A favor de las cooperativas que presten servicios y tareas y de las personas que trabajen de manera lícita; y en contra del delito y la extorsión, el concejal adelantó que el proyecto será un “colador” para sacar gente de la calle y que el pago no será en efectivo sino a través de plataformas digitales.
Sin embargo, la oposición plantea reparos de fondo. Desde la UCR, la concejala Elisa Caffaratti advirtió sobre la falta de información clave y cuestionó el enfoque del debate.
“No sé si se refieren a todo el universo de personas que han tomado la calle, que según el municipio son 1.500 no cooperativizados —para mí pueden ser más— o al universo hoy cooperativizado”, planteó.
Además, marcó una diferencia conceptual: “Expuse la preocupación de que estemos analizando el tema del orden y el estacionamiento en la ciudad desde la perspectiva de un plan social. Estamos poniendo el carro adelante del caballo”.
Para Caffaratti, el problema central es de gestión del espacio público y no debería partir de una lógica asistencial. “No veo viable que todo ese universo de gente cumpla de alguna manera un rol en el espacio público de la ciudad. Lo considero un desacierto grave”, advirtió.
También reclamó información técnica: cantidad de cuadras a regular, impacto económico, contratos con cooperativas y recaudación. “Faltan muchos datos objetivos”, remarcó.
Desde el bloque del PO-FIT, la concejala Cintia Frencia coincidió en que la propuesta de la Iglesia tiene puntos en común con el oficialismo, pero con matices críticos.
“Parece un proyecto en sí, pero no es muy diferente a lo que plantea el oficialismo: colocar a los naranjitas como tercerizados del municipio”, señaló. En su análisis, la diferencia radica en las funciones. Mientras el PJ los piensa como controladores del estacionamiento, la Iglesia amplía sus tareas.
El cuestionamiento va más allá del formato. Y explicó: “Ninguno de los dos proyectos resuelve los problemas de fondo: la liberación del espacio público para el estacionamiento y el problema laboral de un sector muy vulnerable”.
Además, advirtió Frencia sobre el impacto económico: “El proyecto oficialista implica un nuevo impuestazo para los automovilistas, porque se van a ampliar las zonas de estacionamiento pago y ajustar los controles vía cooperativas”.
Según la concejala, esto derivaría en un esquema donde “las cooperativas se convierten en recaudadores para el municipio”, con más control y más multas. “O sea, más naranjitas y más estaciones de cobro”, sintetizó.
El debate recién empieza, pero ya muestra su núcleo: cómo equilibrar inclusión social con ordenamiento del espacio público. En ese punto, la propuesta de la Iglesia aparece como un insumo político que el oficialismo adopta para avanzar sin confrontar, mientras la oposición exige datos, cuestiona el enfoque y advierte sobre efectos no deseados.
Passerini, por ahora, elige construir desde el consenso. Con la “letra de la Iglesia” como respaldo, busca transformar un problema histórico en política pública. Resta ver si esa síntesis logra sostenerse cuando el proyecto baje al terreno concreto de la ordenanza.