La prohibición del ingreso a la Casa Rosada de toda la prensa acreditada no tiene antecedentes, pero no sorprende: confirma lo que podía preverse que pasaría.
Javier Milei y el exvocero Manuel Adorni en la sala de conferencias de la Casa Rosada, cuando todavía podían entrar periodistas.
La decisión de Javier Milei de echar de la Casa Rosada a la prensa acreditada lleva la escalada autoritaria del Gobierno a un punto que le da carácter de novedad histórica, al tiempo que eleva el volumen de las alarmas que vienen sonando sobre la degradación de la calidad de la democracia en el país.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) denunció que la determinación “no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”. Tampoco, conviene agregar, en la dictadura, aunque ese régimen hizo cosas abismalmente peores (sepultó el Estado de Derecho, pausó por siete años la vigencia de los derechos consagrados por la Constitución Nacional y puso en funcionamiento una maquinaria represiva atroz que censuró, persiguió, secuestró, torturó con crueldad indescriptible, robó bebés, tiró al río desde aviones a personas adormecidas… Perpetró un genocidio y dejó un saldo de 30.000 desaparecidos que constituye una herida que no deja de sangrar).
Hace bien ADEPA en poner el grito en el cielo, como lo hizo el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) al describir la decisión presidencial como una medida “de extrema gravedad institucional” que “no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno”.
El Presidente convirtió el palacio de Balcarce 50 en un búnker de guerra contra el periodismo.
“LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO!”, escribió en Twitter el jefe de Estado minutos después de otro mensaje en el que insistió con su llamado a odiar más a los periodistas.
La reciente conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976 fue una plataforma propicia para reflexionar sobre el estado de la democracia frente a la emergencia de derechas extremas que la interpelan, como la que gobierna la Argentina; para auscultar la salud del pacto de convivencia que la sociedad suscribió en 1983, después de su noche más oscura.
El gobierno de Milei no es una dictadura. No, al menos, en los términos formales que deberían cumplirse para que lo fuera. Fue consagrado en elecciones libres y refrendado en otro proceso electoral transparente el año pasado, en los comicios de medio término. El Congreso funciona. Las leyes son las que el parlamento sancionó en trámites ajustados a sus reglamentos. Aunque el jefe de Estado ha pretendido excederse en sus facultades para gobernar por decreto, el Poder Legislativo le ha puesto los límites que correspondían. No hay presos políticos ni personas desaparecidas.
Como ha explicado Marcelo Falak en numerosos artículos publicados por este medio, nadie espera que vuelvan las dictaduras a la usanza de los 70, con un Partido Militar asaltando el poder con los tanques en la calle.
Con todo, desde la llegada de la extrema derecha a la Casa Rosada, el edificio público que este jueves ha decidido blindar, se registra una escalada autoritaria que produce en la democracia lo que analistas señalan como una preocupante pérdida de intensidad. O sea, la construcción de una democracia chirle, signada por el accionar de una maquinaria represiva que persigue y descalifica la disidencia con brutalidad discursiva y fuerzas de seguridad desatadas en la represión de la protesta social, lesiona entonces la libertad de expresión y conculca porciones no menores de derechos sociales de jerarquía constitucional.
No sorprende la decisión del Presidente de echar a la prensa de la Casa Rosada. Sólo confirma lo que podía predecirse que ocurriría con el ascenso al poder de un hombre violento, agresivo, homofóbico, misógino y racista, admirador de los golpistas Jair Bolsonaro y Donald Trump y "best friend” del acusado de genocidio Benjamín Netanyahu.
Siempre es pertinente recordar que, postulado a la primera magistratura, Milei no quiso responder si creía en la democracia. Por sí o por no, le pidió varias veces que se pronunciara la periodista Luciana Geuna, la misma a la que ahora denuncia por la enormidad de espionaje ilegal, en un programa de TN. Ni sí ni no.
Letra P no se escandaliza ahora. Mantiene encendida la alarma que viene haciendo sonar desde 2021, cuando empezó a señalar los riesgos que implicaba la emergencia de un rumor popular de ultraderecha que cobró vigor inesperado en las PASO de 2023, cuando ese caldo entró en ebullición en las urnas y elevó a Milei a la categoría de alternativa cierta de poder.
Dos semanas después de ese batacazo, este medio llamó, en un editorial, a la construcción urgente de “un sólido dique democrático de contención que asegure la vigencia de la convivencia plural”.
No ocurrió, Milei ganó y dos años y medio después echó a la prensa de la Casa Rosada.
Acaso sea hora de renovar la arenga, ahora que la política acelera la rosca para definir el menú de las presidenciales de 2027.