Este último domingo, en la previa del partido entre Lanús y Tigre, barras del equipo de Victoria se bajaron de los micros que los trasladaban al sur del conurbano y, en plena avenida General Paz, atacaron y robaron a un grupo de personas. Quince de ellos fueron detenidos por la Policía, pero, por orden del juzgado Correccional N° 8 de Lanús, fueron liberados horas más tarde. El titular del Aprevide, Juan Manuel Lugones, se mostró indignado por la situación y continuó con el cuestionamiento de funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal a la labor de jueces y fiscales: "Cuando la Justicia se convierte en puerta giratoria, deja de ser Justicia para ser funcional a los barras", señaló.
"Éste es el ejemplo perfecto de lo que está pasando con la Justicia", reprochó por lo bajo una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense, comandado por Cristian Ritondo. Y la bronca no es exclusivamente contra el juzgado de Lanús que liberó a este grupo de violentos -que se robó en Mataderos hasta un costillar y se lo fue comiendo en dirección a la cancha del Granate-, sino que apuntan a que no hubo ninguna causa de oficio en la Ciudad de Buenos Aires, que en definitiva fue el lugar de los hechos. "Se armó un problema grave que estuvo durante toda la tarde en los noticieros y ni la Federal ni un fiscal ni tampoco un juez de turno porteño levantaron una causa al respecto", se quejó otro integrante del equipo de Seguridad de la gobernadora.
Por su parte, Lugones evaluó: "Tenemos que trabajar todos para terminar con los barrabravas y la Justicia tiene un papel fundamental, pero, cuando la Justicia se convierte en puerta giratoria, deja de ser Justicia para ser funcional a los barras”. Y cerró: "Estas cosas no nos van a hacer perder de vista el objetivo que nos trazamos junto al ministro Ritondo y a la gobernadora Vidal: echar a las mafias del fútbol y que la familia pueda volver a la cancha”.
El funcionario dijo que, aunque hechos como éstos son un retroceso, el Ministerio de Seguridad provincial no va "a claudicar" en la búsqueda de soluciones. Por eso, comunicaron oficialmente que "a esos 15 barras de Tigre que estuvieron detenidos (y rápidamente liberados) por los desmanes que causaron se les dictará la prohibición de concurrencia a los estadios de fútbol de la provincia de Buenos Aires".
La embestida de los miembros del gabinete provincial contra el accionar de la Justicia, en el marco de la ola de inseguridad que volvió a ocupar el centro de la agenda mediática, la encabezan Vidal, Ritondo y el mismísimo ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. "La Justicia está en deuda en lo que es la lucha contra la violencia en el fútbol", había dicho el jefe de la Aprevide en una entrevista con Letra P.
“El garantismo en Argentina se terminó convirtiendo en puerta giratoria”, remarcó semanas atrás Ritondo. Ferrari, en la misma sintonía, habló de una Justicia que “obra de manera laxa”. Por todo esto, ante la sistemática postura del gobierno bonaerense, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió días atrás un duro comunicado en el que retrucó: “El acuciante problema de la seguridad es fundamentalmente de competencia policial”, en tanto que criticó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que promueve el Ejecutivo bonaerense. Con esta afirmación, los magistrados penalistas recalcaron que el flagelo de la inseguridad “constituye una cuestión ajena al sistema judicial, que reclama depuración y capacitación de las fuerzas de seguridad”. Ante eso, también se exigió, bajo la misma tónica, “la implementación de la Policía Judicial; un mandato constitucional incumplido”.
