Lo que la sociedad civil les llevó a los presidentes iberoamericanos
Antes de la XXX Cumbre Iberoamericana, las redes de la sociedad civil hicieron su propio encuentro en Madrid. Declaración con siete prioridades para su compromiso con una agenda de inclusión e igualdad.
Los días 4 y 5 de noviembre, España recibió la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". Los 22 países firmaron por consenso la Declaración de Madrid, con compromisos sobre una nueva Estrategia de Cooperación Iberoamericana para 2027-2030, una Carta de Cuidados, una red de prevención de desastres y una alianza en inteligencia artificial.
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El clima fue menos armonioso que el lema. El presidente argentino Javier Mileiusó su discurso para equiparar socialismo y fascismo, en una región donde crecen los gobiernos que recortan derechos y señalan a las organizaciones sociales como enemigas. La cooperación internacional también se achica, con el desmantelamiento de USAID en 2025 y los recortes de ayuda de varios donantes europeos.
Una semana antes hubo otra reunión. El 29 y 30 de octubre, en la Casa de América, las redes y plataformas de la sociedad civil iberoamericana hicimos el XVI Encuentro Cívico Iberoamericano, un espacio propio de las organizaciones que funciona como antesala de cada Cumbre. Allí aprobamos una declaración con nuestras prioridades y la presentamos después ante las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno, como aporte a la Estrategia que debían firmar.
Llegamos a ese encuentro con un año de trabajo encima. Desde Fundación SES, como parte de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, impulsamos Iberoamérica en Red, un proyecto financiado por la AECID que articuló a más de 2.600 organizaciones y 24 plataformas nacionales y regionales. Organizamos webinarios y diálogos regionales sobre democracia, igualdad de género y cuidados, participación juvenil, cooperación internacional e inteligencia artificial. En mayo, en Cartagena de Indias, discutimos con la SEGIB y los organismos iberoamericanos los planes operativos de la nueva Estrategia. Las propuestas que llevamos a Madrid salieron de esas discusiones y de lo que las organizaciones viven en sus territorios.
La declaración parte de un diagnóstico político. Las desigualdades, las restricciones a la participación y las crisis ambiental y tecnológica están conectadas, y sus costos los pagan quienes tienen menos recursos para defenderse: mujeres, LGBTTIQ+, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes, trabajadores informales. El texto denuncia las amenazas contra periodistas, personas defensoras y organizaciones, el uso selectivo del derecho contra adversarios y las campañas contra la igualdad de género y la diversidad sexual. La democracia, sostiene, exige además de elecciones libres derechos efectivos, controles al poder y posibilidades reales de participar entre una elección y otra.
Las siete prioridades
De ese diagnóstico salen siete prioridades: democracia y participación; ambiente y gestión de riesgos; transformación digital; igualdad, diversidad y cuidados; seguridad y paz; cooperación y rendición de cuentas; y educación para la ciudadanía global. Exigimos marcos legales que protejan a las organizaciones del uso abusivo de normas tributarias, penales o de registro. Planteamos transiciones ecológicas con participación de las comunidades, protección del agua y la biodiversidad, garantías de derechos en el uso de la inteligencia artificial y sistemas integrales de cuidados con presupuesto estable. Y reclamamos una seguridad centrada en la protección de la vida y en oportunidades para las juventudes, que no criminalice la pobreza, la diversidad ni la protesta.
En la Argentina ese reclamo es inmediato. El nuevo régimen penal juvenil hace que el Estado llegue a los adolescentes de los barrios populares solo como castigo, mientras se desfinancian las políticas que deberían acompañarlos. Por eso también pedimos servicios públicos fuertes y una fiscalidad progresiva que los sostenga.
La exigencia que ordena todas las demás es que los acuerdos tengan responsables, plazos, presupuestos e indicadores públicos. Pedimos que la declaración presidencial incorporara un capítulo específico sobre democracia, derechos humanos y espacio cívico, y que la participación de la sociedad civil en la agenda iberoamericana fuera permanente, desde la definición de prioridades hasta la evaluación. Pedimos que la cooperación se asigne midiendo desigualdades además de la renta por habitante, y que los donantes muestren avances verificables hacia el 0,7 % del ingreso nacional bruto en ayuda al desarrollo.
La declaración nos compromete también a las organizaciones: construir posiciones desde los territorios, fortalecer nuestra democracia interna y nuestra transparencia, enfrentar la desinformación, aportar evidencia a las políticas públicas y hacer un seguimiento ciudadano de los acuerdos de la Cumbre y de la nueva Estrategia.
La Cumbre terminó y la próxima será en Honduras, en 2028. La estrategia firmada en Madrid va a ordenar la cooperación regional hasta 2030. En estos años vamos a seguir haciendo lo que hicimos este: discutir en red, sostener propuestas desde los territorios y controlar qué se cumple, con qué recursos y para quiénes. En una región donde se cierra el espacio para participar, la democracia se defiende organizándose.
