El asesor mandó a una funcionaria a defender el artículo y los aliados le avisaron que no lo votarán. Hubo fuertes discusiones y Menem podría quitarlo antes.
Santiago Caputo con Karina Milei. La negociación de Malvinas está complicada.
Santiago Caputo tuvo otro día difícil en el Congreso. El asesor envió a Diputados a la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, María Paula Taddei Farfán, para defender el proyecto sobre soberanía de Malvinas, pero los aliados ratificaron su decisión de eliminar el título siete, que pena con prisión a campañas hostiles con supuesta injerencia extranjera.
No hubo acuerdo y si el proyecto se trata en la sesión del miércoles, como prevé Martín Menem, este fragmento podría ser eliminado. "Voy a preguntar si hay otra propuesta", fue la última frase que se le escuchó a Taddei Farfán, luego de la reunión con autoridades de los bloques aliados en el salón de honor de la Cámara baja. Además, tampoco están de acuerdo los diputados cercanos a Patricia Bullrich. Otro tema incluido es la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
Menem pasó a saludar y dejó a la funcionaria de las Fuerzas del Cielo a merced de sus colegas. Estuvieron los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Maureira (Neuquén) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). Todos se expresaron en contra del capítulo siete. Como se trata de una reforma electoral requiere 129 votos que por ahora no están.
El Gobierno estuvo representado por la mesa chica del bloque libertario, que integran el jefe Gabriel Bornoroni; Giselle Castelnuovo, Nicolás Mayoraz y Silvana Giudici. Laura Rodríguez Machado completa este grupo y se mantuvo en contacto. Los aliados se fueron con la impresión de que Menem buscó enfrenarlos a la emisaria de Caputo para que acepte la derrota.
El título polémico es el denominado "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones". En los primeros artículos prohíbe el financiamiento de las campañas de personas que no tengan residencia en el país. "Discutamos eso en la reforma electoral", cuestionaron los diputados aliados.
También pena con hasta diez años a "operaciones clandestinas de inteligencia". Luego se refiere a supuestas campañas de injerencia extranjera, con penas de prisión desde cinco a 12 años. El proyecto original penalizaba tareas de "desinformación", lo que causó una protesta de las entidades periodísticas.
Las penas pueden elevarse a 15 años de prisión cuando "mediaren amenazas, sobornos, coerción o mediante la intervención de estructuras criminales". Se consideran campaña de injerencia extranjera "al conjunto de acciones planificadas y articuladas entre sí, desarrolladas de manera sistemática o sostenida en el tiempo, mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral, afectar sustancialmente la libre formación de la voluntad política de la población, o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación".
La versión final reduce la sanción a quienes "con conocimiento de que actúa por cuenta, orden o bajo financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero", realicen o financien "una campaña de injerencia extranjera" o "actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes".
El proyecto aclara que no están incluidos como posibles actos de injerencia extranjeras "la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable".
También se prohíbe el financiamiento de campañas por parte de personas sin residencia en el país, lo que ocasionó una feroz protesta de las ONG. La discusión de Taddei Farfán con la oposición fue en duros términos. "Con este título, vas acusar a los organizaciones que consiguieron financiamiento campañas por el aborto", la increparon. "No, porque esas campañas las financian organizaciones registradas", respondió la funcionaria, quien aludió a una supuesta campaña del Reino Unido en 2011 en contra de Malvinas.
Banfi fue la más enfática. Abogada penalista y con experiencia en la defensa de la libertad de expresión en la Organización de Estados Americanos (OEA), la diputada recordó que en Argentina las penas no son negociables y estas sanciones podrían afectar a legisladores y funcionarios. "La Fundación Faro no tiene publicado sus financiadores", chicaneó otro diputado, en referencia al think tank de Caputo.
El proyecto sobre la soberanía de Malvinas fue anunciado por Javier Milei hace dos meses, con el objetivo de aumentar penas por la explotación de recursos en las inmediaciones del archipiélago. El objetivo inmediato es eliminar el proyecto Sea Lion, un megayacimiento de explotación petrolera offshore impulsada por el Reino Unido en el norte de las Islas.
Por pedido del Gobierno de Estados Unidos, se aclararon las precisiones de las empresas afectadas. Sólo se sancionarán a las que sean protagonistas de la inversión y no las contratistas, que formen parte de la cadena de valor.
Pero la iniciativa tiene otros temas incluidos que no fueron aceptados por la oposición y fueron modificados. Hubo una polémica por la integración y las atribuciones del Consejo de Seguridad, creado para actuar ante posibles conflictos. Lo integrarán Milei y figuras cercanas a Caputo, como la secretaria legal y técnica, María Ibarzábal Murphy; y el titular de la SIDE, Cristian Auguadra. Lo completan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
Se sumó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cercana a Bullrich. Pero podría tener roles menores. Las autoridades legislativas estarán sólo en forma consultiva. Un cambio en comisiones fue la precisión de la definición de infraestructuras críticas. Según el dictamen, además, las provincias conservarán su poder de policía en ecosistemas claves, como los sistemas de telecomunicaciones.
