Acusado de demorar causas sensibles, el juez más cuestionado de Comodoro Py deberá investigar a sus jefes por prevaricato y tráfico de influencias.
La denuncia a la Corte Suprema cayó en el juzgado de Ariel Lijo, el más cuestionado de Comodoro Py
La denuncia penal contra tres jueces de la Corte Suprema de Justicia –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti – por presunto prevaricato y tráfico de influencias recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo, uno de los jueces federales más cuestionados de Comodoro Py, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.
El dato no es menor: Lijo es el mismo juez que fue nombrado por el presidente Javier Milei como candidato a integrar la propia Corte Suprema, en una postulación que quedó en suspenso tras el rechazo en el Senado.
Ahora, en una inesperada vuelta de los engranajes judiciales, deberá decidir si investiga a quienes, desde el alto tribunal, convalidaron su designación en comisión a través del polémico Decreto 137/2025. Una situación institucionalmente delicada, que desnuda las contradicciones del sistema. La denuncia que tiene en su despacho fue presentada luego de que la Corte rechazara tratar la apelación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en la denominada causa Vialidad, sentenciada a seis años de prisión que cumple en su departamento del barrio porteño Constitución.
Lijo es uno de los magistrados más conocidos –y polémicos– del edificio de Retiro. Llegó al fuero federal a comienzos del siglo XXI y cobró notoriedad mediática por haber instruido causas relacionadas con corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde se le ha cuestionado por la demora en la resolución de las mismas y la falta de elevación a juicio oral en algunos casos.
Diversas auditorías del Consejo de la Magistratura, informes internos de la Cámara Federal y monitoreos de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ubican a Lijo como el juez con peor desempeño en materia de gestión e investigación penal del fuero federal. Entre los principales problemas que se le atribuyen están:
En palabras de un informe interno de la Cámara Federal, “la gestión del Juzgado N° 4 está por debajo del estándar mínimo exigible para un juez federal de instrucción penal”. A eso se suman denuncias por presunto favoritismo en ciertos expedientes y vínculos informales con estudios jurídicos vinculados al poder político de turno.
Tal como adelanto este medio en exclusiva la causa que ahora deberá instruir Lijo fue presentada por un grupo de abogados del fuero federal de La Plata: Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta. En el escrito, acusan a los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti de haber incurrido en los delitos de prevaricato (artículo 269 del Código Penal) y tráfico de influencias (artículo 256 bis), a partir de una serie de fallos que consideran “políticamente direccionados” y “contrarios a derecho”.
Entre las decisiones objetadas se destacan:
Los denunciantes sostienen que esas decisiones forman parte de un patrón de comportamiento judicial encuadrado en lo que denominan una “lógica de defección estratégica”, por la cual funcionarios judiciales se alinean con el poder político vigente para proteger su permanencia institucional o favorecer sus propios intereses.
El hecho de que la denuncia haya caído en el juzgado de Ariel Lijo no solo resulta llamativo por su historial de baja productividad judicial, sino también por un conflicto de intereses evidente: fue uno de los jueces designados por el propio presidente Milei para integrar la Corte Suprema, y fue defendido públicamente por el propio Rosatti y Rosenkrantz durante el debate por su nombramiento.
El Decreto 137/2025, que fue declarado válido por la propia Corte a pesar de la falta de acuerdo del Senado, lo nombraba a él como integrante del máximo tribunal. Pese a las críticas de referentes del constitucionalismo, como Juan Carlos Maqueda, quien consideró la maniobra “al borde de la inconstitucionalidad”, la Corte tomó juramento a García-Mansilla y dejó en suspenso la situación de Lijo por razones políticas.
Ahora, ese mismo juez debe decidir sobre la admisibilidad y eventual impulso de una denuncia en la que se lo menciona indirectamente como beneficiario de un mecanismo institucional cuestionado por su legalidad. Para algunos juristas, esto podría habilitar pedidos de recusación o inhibitoria por manifiesta falta de imparcialidad.
La causa todavía está en etapa preliminar. La primera definición será si Lijo le da curso formal, lo deriva a la fiscalía o lo archiva de plano. Pero incluso antes de eso, ya se ha instalado un interrogante central: ¿puede un juez cuestionado por su baja calidad de gestión, con vínculos personales y funcionales con los denunciados, investigar con imparcialidad a los tres miembros más poderosos del Poder Judicial argentino?
La historia reciente muestra que muchas causas contra funcionarios de alto rango durmieron durante años en los despachos de Comodoro Py. Que esta denuncia penal contra Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti haya recaído en manos de Lijo, no hace más que aumentar las sospechas sobre el destino final de este expediente. Por ahora, los denunciantes esperan una respuesta. Pero en los pasillos judiciales ya se preguntan si esta causa, como tantas otras, no nació con su archivo escrito.