Parrilli le exigió a Gil Lavedra que opinara sobre la conducta de los magistrados que condenaron a la expresidenta y se terminó la reunión.
El plenario que discutió la ampliación de la Corte Suprema.
El tratamiento en el Senado de los proyectos de ley que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia tuvo una primera reunión accidentada, porque Oscar Parrilli, de Unión por la Patria (UP), exigió al jurista Ricardo Gil Lavedra opinar sobre la conducta de los magistrados que condenaron a prisión a Cristina Fernández de Kirchner.
El presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal evitó responder y la reunión finalizó en forma intempestiva. El exdiputado fue uno de los cinco invitados a exponer y sostuvo que no es conveniente una Corte más grande, en línea con la postura de los tres integrantes del máximo tribunal.
Parrilli fue el único senador que preguntó durante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, coordinado por Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza).
El aliado oficialista Juan Carlos Romero, promotor del debate, trató de eximir a Gil Lavedra de opinar sobre la condena a prisión de CFK. “Acá no venimos a hacer un tribunal de justicia. No puede ser que en la política no podamos ponernos de acuerdo para cubrir las vacantes”, se molestó el salteño, quien propone ampliar la Corte de cinco a siete miembros.
Como explicó Letra P, antes de ser condenada a prisión, la expresidenta ordenó a su bloque del Senado avalar una Corte de siete jueces, pero exigió un cupo de género de 40%. En UP hay propuestas para que el máximo tribunal tenga 15 miembros (como la de la neuquina Silvia Sapag); mientras que la rionegrina Mónica Silva pide elevarla a nueve. Hay muchos proyectos para garantizar la presencia femenina, como el de Vigo.
El plenario fue impulsado por la senadora cordobesa y el oficialismo lo aceptó, pero por ahora no sentó una posición. De hecho, no hubo presencia libertaria en el plenario, a excepción de Pagotto. En la Casa Rosada filtran que el debate por la ampliación del tribunal recién tomará forma después de las elecciones legislativas.
Algunos referentes de LLA tienen autocrítica: admiten que, si habilitaban esta discusión el año pasado, tal vez podían haber nombrado supremos afines. Vigo anunció que hay al menos 16 expositores más en plenarios que por ahora no tienen fecha.
Entre los invitados de este miércoles hubo posiciones diversas. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la Corte tendría que tener entre nueve y 13 miembros, pero exigió avanzar en otras variantes que garanticen un mejor funcionamiento.
Por caso, pidió que haya diversidad de género y lo que justificó en las “acciones positivas” que determina la Constitución Nacional. También sugirió federalismo, aunque sin importar la residencia de los candidatos.
“Hay gente que vive lejos y es unitaria; y otra que está en el obelisco, pero es federal”, sostuvo el jurista. Reclamó, además, “una nueva ley orgánica” sobre el funcionamiento de la justicia. "El máximo tribunal funciona con leyes del siglo XIX, decretos de la dictadura y acordadas”, se lamentó.
Gil Lavedra se opuso a una Corte más amplia y advirtió sobre el desprestigio de los magistrados. “Es muy difícil la estabilidad institucional con tantos cambios. Si una modificación responde a intereses políticos, va a erosionar la confianza de la gente”, sostuvo el exministro.
Parrilli tomó el guante. Citó los principios de Bangalore sobre conducta judicial a los que adhirió Argentina, que entre otras cosas sostienen que un juez debe sostener la apariencia a los ojos de un observador razonable.
Con ese requisito, el neuquino le consultó a Gil Lavedra si los magistrados que juzgaron a CFK fueron imparciales. Citó al juez Julián Ercolini, cuya esposa trabajaba con el exministro de Justicia Germán Garavano, “el denunciante de entonces de la causa Vialidad”.
También consultó por la conducta del juez Rodrigo Giménez Uriburu; de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani; y del juez Jorge Gorini. Gil Lavedra salió del paso. “No voy a opinar sobre un caso concreto. Respeto las decisiones judiciales en un Estado de derecho”, se escabulló. El abogado sí recordó que promueve en el Colegio un código de ética para que trate el Consejo de la Magistratura.
"No es posible que no se haya sancionado”. También expuso María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en Córdoba, quien exigió discutir la implementación de un cupo femenino en la Corte Suprema.
Alberto García Lema, convencional constituyente, pidió presencia femenina y federal "Es muy importante que, a pesar de todas las dificultades que se presenten, se avance en una reforma", afirmó. Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, también pidió mujeres en la Corte. “Debe entenderse como una concesión, sino como un derecho que consolida la calidad democrática".