El titular del TOF 2 decidió que Cristina purgará su condena en el departamento de Constitución. Tobillera, balcón restringido y listado de visitas.
CFK presa: quién es el juez que le dio la domiciliaria, pero condiciona a La Jefa
Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, está a cargo de la ejecución de las condenas en la causa Vialidad. Este miércoles decidió la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner en el departamento de la calle San José y estableció las condiciones de detención de la expresidenta: tobillera, balcón restringido y listado de visitas.
El magistrado, de 57 años, lleva más de tres décadas en la justicia penal y tiene una formación jurídica que lo ubica entre los magistrados de carrera más experimentados del fuero federal. Sin embargo, desde hace un tiempo su nombre dejó de estar confinado a los pasillos de Comodoro Py ya que se volvió protagonista de una de las causas más resonantes de los últimos años.
Gorini determinó el lugar de cumplimiento de la pena de seis años de prisión que pesa sobre la expresidenta y que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la semana pasada. El juez le concedió la prisión domiciliaria, que solicitó la defensa de la exmandataria. Además, estableció las condiciones de su detención: “Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”, destaca el inciso “b” de la resolución judicial.
Gorini egresó en 1992 como abogado de la Universidad del Salvador. Cuatro años después se especializó en derecho penal. Su carrera judicial fue ascendiendo sin grandes sobresaltos hasta que asumió como juez del TOF 2 en septiembre de 2011, durante el primer gobierno de Cristina. Antes, fue titular del juzgado criminal 36 en el fuero ordinario.
Desde el estrado del TOF 2, condenó a la exministra de Economía Felisa Miceli a cuatro años de prisión efectiva por encubrimiento y sustracción de documento público en la causa por la bolsa de dinero hallada en el baño de su despacho.
Sus colegas dicen que Gorini representa un modelo clásico de juez penal federal: apegado al expediente, inflexible con los pedidos de morigeración de penas y alejado del espectáculo mediático. “Es del ala dura. No le gusta el show y es muy estricto para otorgar domiciliarias”, lo definió un abogado penalista, consultado por Letra P.
La condena que el TOF 2 dictó sobre Cristina Kirchner en diciembre de 2022 no sólo incluyó los seis años de prisión. El fallo estableció que la exmandataria y el resto de los condenados debían ser alojados en “una dependencia de una fuerza federal que cumpliera con las condiciones adecuadas”. Eso incluye al Servicio Penitenciario Federal (SPF), Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En su última resolución, Gorini recordó que CFK tiene 72 años, que fue presidenta y vicepresidenta de la Nación y que fue víctima de un intento de asesinato el 1 de septiembre de 2022. Por eso, solicitó al Ministerio de Seguridad, que está cargo de Patricia Bullrich, garantizar condiciones especiales de custodia.
La Ley 24.660, que rige la ejecución de las penas privativas de la libertad, le otorga al juez Gorini la facultad de establecer las condiciones específicas del arresto domiciliario. Esa normativa indica que el tratamiento de la persona condenada debe respetar sus derechos y promover su reinserción social, pero también deja en claro, en su artículo 34, que el juez puede revocar el arresto domiciliario ante cualquier incumplimiento.
La defensa de CFK había pedido evitar la tobillera electrónica y propuso cumplir la pena en su residencia del barrio porteño de Constitución. El magistrado concedió la domiciliaria, pero confirmó el uso de la tobillera electrónica y restringió el balcón.
La centralidad de Gorini en el caso Vialidad no pasó desapercibida. Durante los alegatos finales del juicio oral, en septiembre de 2022, apareció un paquete sospechoso en la puerta de su casa. El escuadrón de explosivos debió intervenir. Pocos días después, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pidió a la Cámara Federal de Casación aumentar la custodia del magistrado y de sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La preocupación creció con los escraches y las amenazas en redes sociales. Uno de los tuits más preocupantes fue el del usuario @kike_MPD, quien arrobó a La Cámpora y publicó: “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelotón de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”.
Gorini denunció que desde una unidad básica de La Cámpora situada a metros de su vivienda le sacaban fotos a él y a su familia. Y sufrió, además, una intrusión grave: su declaración jurada fue vulnerada, sus datos personales robados, y hubo al menos 12 accesos no autorizados a su base biométrica del RENAPER.
Pese a estos antecedentes, cuando la defensa de CFK pidió recusarlo por supuesta parcialidad, alegando reuniones con Patricia Bullrich durante el macrismo, el planteo fue rechazado por extemporáneo. Gorini siguió en el tribunal, dictó sentencia, y ahora deberá ejecutar esa pena.
En el universo de Comodoro Py, todos saben que las decisiones de ejecución penal no son automáticas ni impersonales, menos aún en un caso como el de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión que tomó Gorini no escapa al ruido del contexto: movilizaciones, pedidos de “lawfare” por parte del kirchnerismo, amenazas, operaciones cruzadas, y la presión constante sobre el fiscal Diego Luciani, impulsor del juicio.
El lunes 9 de junio, fue el propio Gorini quien notificó a la Cámara Nacional Electoral que CFK y los demás condenados estaban inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. La letra de la condena sigue ejecutándose, línea por línea.
Ahora, le tocó al mismo juez decidir que Cristina cumpla su pena entre las paredes de su residencia. La decisión tendrá consecuencias políticas, jurídicas y sociales. Y, como todo en el caso Vialidad, será leída con una lupa que excede el expediente.