El abogado Pablo Llonto le pidió al juez Rafecas que unifique la investigación. Aeroparque y las bases aéreas de Morón y El Palomar, asignaturas pendientes.
Los vuelos de la muerte, uno de los métodos más siniestros que utilizó la dictadura para la desaparición de personas.
El abogado Pablo Llonto le pidió al juez federal Daniel Rafecas que abra una investigación unificada sobre los vuelos de la muerte del Primer Cuerpo del Ejército, una de las dimensiones menos esclarecidas del plan de exterminio ejecutado durante la última dictadura cívico-militar argentina.
La presentación busca reunir las pruebas dispersas en el megaexpediente por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo esa jurisdicción.
Los vuelos de la muerte fueron uno de los mecanismos utilizados por la última dictadura cívico-militar para completar su plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio y borrar sus huellas.
Las víctimas eran sacadas de los centros clandestinos, sedadas, trasladadas hasta bases aéreas y arrojadas vivas al mar o al Río de la Plata. Sin embargo, mientras la Justicia logró avanzar sobre los vuelos que partieron desde la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), todavía se conoce poco acerca de los operativos organizados dentro de la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Llonto realizó la presentación ante el Juzgado Federal número 3. En el documento, el abogado solicita “la formación de una única causa que investigue”, dentro del marco de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, “la responsabilidad de quienes dispusieron, ordenaron y ejecutaron” el mecanismo de exterminio consistente en “el uso de aviones de diferentes tipos y/o helicópteros para arrojar personas secuestradas que previamente habían estado cautivas en distintos centros clandestinos comandados por los jerarcas” de esa fuerza armada, indica en el primer párrafo del escrito.
El objetivo es reunir indicios, testimonios y documentación que actualmente se encuentran dispersos en distintos cuerpos del expediente, junto con sentencias judiciales que a lo largo de los últimos 20 años “confirman la existencia de los vuelos de la muerte”.
Esa concentración permitiría reconstruir el circuito completo: desde la selección de las víctimas y su salida de los centros clandestinos hasta los vehículos utilizados, las bases aéreas, las aeronaves, las tripulaciones y los lugares en los que fueron arrojadas.
“Urge realizar una investigación con profundidad del rol de la Fuerza Aérea Argentina y sus aviones y también del rol cumplido para el funcionamiento de los vuelos de la muerte por la Policía Federal Argentina, en especial de la Superintendencia de Bomberos”, subraya en su pedido, que también busca que se investigue si aviones y/o helicópteros partieron desde Aeroparque, Ezeiza, El Palomar u otras bases del oeste bonaerense.
Llonto propone, además, la toma de testimonios a exconscriptos que cumplieron el Servicio Militar Obligatorio en las bases aéreas de Ezeiza, Aeroparque, el Palomar y Morón entre 1976 y 1983 –en especial, en 1976,1977 y 1978, los años más crudos del terrorismo de estado. Propuso lo mismo con quienes prestaron funciones de Bomberos en esas mismas dependencias.
“La investigación sobre los vuelos de la muerte dentro del Primer Cuerpo del Ejército está muy verde aún. Comenzó a trabajarla hace muchos años el fiscal Federico Delgado, que empezó a recolectar información y a tomar testimonios de exconscriptos, pero ese procedimiento se cortó y no volvió a retomarse”, explicó Llonto en diálogo con Letra P.
Desde que la causa que desmenuza la ingerencia del Primer Cuerpo del Ejercito en el daño provocado por el genocidio de la última dictadura fue reabierta –inconstitucionalidad de las leyes de impunidad mediante–, recogió elementos que indicaron, y que luego fueron comprobados en sentencias, que los vuelos de la muerte fueron empleados contra víctimas de diferentes centros clandestinos que operaban en la zonas de su competencia. El abogado mencionó especialmente en su escrito a personas que fueron vistas en el circuito represivo que manejó la Fuerza Aérea en la zona oeste del Gran Buenos Aires y en el centro clandestino Olimpo.
Dentro del expediente existen declaraciones de sobrevivientes del circuito ABO y testimonios brindados por integrantes de las fuerzas represivas recogidos a lo largo de las décadas –desde 2003– en instrucción a cargo de Rafecas, pero también en tribunales, en el marco de juicios orales, o producidas durante el tiempo de impunidad e incorporadas a modo de escritos.
El episodio más reciente es un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de junio pasado, que elevó a prisión perpetua la pena que habían recibido en 2023 los exgendarmes Hugo Luis Medina, Sergio Raúl Nazario y Miguel Pablo Lugo. La alzada los halló responsables del homicidio de 18 personas que fueron secuestradas, “sacadas del ccd Olimpo en diciembre de 1978, subidas a un avión sedadas y luego arrojadas vivas al mar para desaparecer sus cuerpos”, resumió el sitio web del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, días después de aquel “traslado”, el mar devolvió a las playas de la Costa Atlántica los cuerpos de al menos diez de las 18 víctimas arrojadas en aquel vuelo, los que fueron inhumados como NN en diversos cementerios de la zona. Décadas después, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a Helios Hermógenes Serra Silvera, Jesús Pedro Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya, María Cristina Pérez, Isidoro Oscar Peña, Nora Fátima Haiuk de Forleza, Oscar Néstor Forleza y Carlos Antonio Pacino. Todos ellos pasaron por centros clandestinos del Circuito ABO.
Para Llonto, la sentencia confirma la existencia de esa metodología de exterminio contra víctimas de centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo.
Pero hay piezas probatorias mucho más antiguas que hablan de vuelos como mecanismo utilizado por el Primer Cuerpo. Una de las piezas más antiguas es la declaración de Luis Alberto “Japonés” Martínez, exsuboficial de la Policía Federal e integrante de los grupos de tareas de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal, entonces “Coordinación”, uno de los centros clandestinos porteños más temidos.
Martínez fue detenido en Suiza en 1981. Allí dio un extenso testimonio y se convirtió en uno de los primeros represores en describir el uso de vuelos para desaparecer a las víctimas, mucho antes de que el excapitán de la Armada Adolfo Scilingo hiciera pública esa práctica.
El Japonés Martínez contó que los detenidos eran llevados durante la noche en vehículos cerrados hasta Aeroparque. Al llegar, les aplicaban una inyección que era presentada como una vacuna contra la fiebre, pero que contenía sedantes suministrados en paquetes con etiquetas del Ejército. Luego eran embarcados en un avión Fiat Albatros, desnudados durante el vuelo y arrojados al mar.
Pero hubo más miembros de las Fuerzas que aportaron información al megaexpediente que maniobra Rafecas. Federico Talavera, exgendarme y chofer de los vehículos utilizados en El Olimpo para trasladar represores, fue uno de ellos. En 2013, declaró ante el fiscal Delgado, entonces interviniente en la causa: contó que había participado de varios trasbordos nocturnos de detenidos desde ese centro clandestino hasta Aeroparque.
“Los vuelos de la muerte fueron varios, muchos”, afirmó entonces. Según su relato, las víctimas eran llevadas vivas, drogadas y vestidas. No tenían capuchas ni estaban esposadas porque se les decía que serían trasladadas a un campo. Talavera sostuvo que los aviones partían desde Aeroparque y que los integrantes de los operativos eran recogidos después en Ezeiza. Su testimonio incluyó nombres de miembros de Gendarmería y de la Policía Federal que habrían participado en los traslados. También señaló que se utilizaron aeronaves civiles sin identificación militar y mencionó la existencia de otros vuelos que partían desde El Palomar.
Cuatro años antes de este testimonio, Delgado registró el de otro exgendarme, Omar Torres, quien sostuvo que los “presos” en El Olimpo “eran conducidos a la Base Aérea El Palomar, adonde llegaban otros camiones con detenidos, y todos eran subidos a aviones. Por lo que comentaban, luego los arrojaban al mar”.
La presentación de Llonto propone volver sobre esas declaraciones, cruzarlas con los legajos de las víctimas y reconstruir quiénes cumplían funciones en los aeropuertos, las bases militares y las unidades involucradas.
Para el abogado, los exconscriptos que realizaron el servicio militar obligatorio durante la dictadura pueden aportar información decisiva. Muchos cumplieron tareas de vigilancia, transporte, mantenimiento o apoyo logístico y pudieron observar movimientos nocturnos de vehículos y aeronaves.
“Los colimbas son la fuente principal de información en este caso. A quienes cumplieron servicio en aquellos años en Aeroparque nunca se los citó a declarar. Delgado comenzó a trabajar con Morón y El Palomar, pero su esfuerzo fue solo el comienzo”, señaló Llonto.
Además de Aeroparque y Ezeiza, los investigadores tienen bajo la lupa las bases aéreas de Morón y El Palomar, ambas ubicadas en el oeste del conurbano bonaerense y dentro de la jurisdicción territorial del Primer Cuerpo de Ejército. La hipótesis es que esos predios pudieron integrar la infraestructura utilizada para ejecutar los vuelos.
La reconstrucción requiere identificar a quienes estuvieron destinados allí entre 1976 y 1983, determinar qué aeronaves operaban, revisar los registros disponibles y localizar a exconscriptos, pilotos, mecánicos, médicos, choferes y personal de guardia. También supone cruzar sus testimonios con las fechas de los llamados “traslados” registrados en los centros clandestinos.
“Es muy difícil que puedan hallarse archivos y documentación. Además, los equipos de trabajo sobre esas fuentes documentales de las fuerzas están desmantelados. La Secretaría de Derechos Humanos tampoco está investigando. Quedamos las partes, que hacemos todo lo que está a nuestro alcance, y nos queda apelar al impulso de la Justicia”, advirtió Llonto.
"A cincuenta años del golpe del 24 de marzo y frente al reclamo de los Organismos de Derechos Humanos y las víctimas, resulta imprescindible la concentración de la investigación en una línea más coherente de búsqueda y concentración de testimonios y documentos”, postuló el abogado.
