Un “infierno a cielo abierto”. Así definió la fiscal Gabriela Sosti a la guarnición militar de Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar, por donde pasaron unas 6 mil personas entre dirigentes sociales, gremiales y de la política, trabajadores, trabajadoras y estudiantes, soldados conscriptos, niños y mujeres embarazadas, y sobrevivieron apenas un centenar. En esos centros clandestinos de detención nacieron bebés que luego fueron apropiados, se planificaron secuestros y desde allí también partieron aviones cargados de personas que fueron arrojadas al mar.
Uno de los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo
Estos delitos de lesa humanidad fueron revelados en dos juicios históricos que esta semana tendrán su veredicto: Vuelos de la muerte y Megacausa. Este lunes a las 9.30 el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de San Martín inaugurará la última audiencia del juicio por los secuestros, torturas y homicidios de cuatro personas que fueron mantenidas cautivas en Campo de Mayo, subidas a aviones que partieron desde la pista de esa guarnición y arrojadas a las aguas del Río de la Plata o el Mar Argentino durante la última dictadura.
El debate comenzó en octubre de 2020, en plena pandemia, con las imputaciones contra el entonces jefe de Comando Institutos Militares Santiago Omar Riveros y los pilotos militares del Batallón de Aviación 601 Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi, quien por problemas de salud fue apartado. Todos responsables de los asesinatos de Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, cuyos cuerpos fueron arrojados desde aviones y aparecieron días después en las costas de Magdalena, Punta Indio y Las Toninas. Inhumados en fosas comunes en cementerios locales, fueron identificados años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Tanto la Fiscalía a cargo de Marcelo García Berro y Mercedes Soiza Reilly, como las querellas –Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, subsecretaría de la provincia de Buenos Aires y las particulares de las víctimas– solicitaron las penas de prisión perpetua para todos los imputados. Fuentes judiciales estiman que alrededor del mediodía del lunes el presidente del TOF, Walter Benditi, comunicará si el tribunal coincide o no con la petición.
Este debate, cuya audiencia de lectura de veredicto será presencial en los tribunales federales de San Martín, tiene dos particularidades entrelazadas: permitirá probar que los “vuelos de la muerte” fueron una metodología utilizada por los genocidas para eliminar a gran parte de los cientos de detenidos desaparecidos y que las víctimas fueron mantenidas cautivas en alguno o varios de los centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo. Estas revelaciones, claves para el armado de la causa, fueron posible gracias a los testimonios aportados por decenas de jóvenes que cumplían entonces el servicio militar obligatorio.
En tanto, la Megacausa llegará a su definición en el TOF 1 de San Martín, donde el miércoles 6 de julio se conocerá el veredicto, tras un debate de tres años. Este juicio es, en promedio, el más grande de los iniciados por delitos de lesa humanidad: unos 22 acusados entre militares y civiles retirados del Ejército, la Policía y la Gendarmería, por el destino de 350 víctimas.
El proceso judicial lleva ese nombre por haberse unificado varias causas. Con la guía de más de 700 testigos, el TOF repasó secuestros, torturas, abusos sexuales, homicidios y apropiación de bebés. “No había pasado nunca en Campo de Mayo que hubiese un juicio que diera la sensación de abarcar todas las zonas sobre las que la patota de esa guarnición tuvo poder”, dijo Pablo Llonto, histórico representante de sobrevivientes y víctimas de la última dictadura.
Muchos sobrevivientes y familiares de víctimas fallecieron en estos años, y también varios acusados. El coronel Benito Ángel Rubén Omaecheverría apenas transitó las dos primeras semanas de juicio, el primero que enfrentaba por su participación en el terrorismo de Estado. Otro que murió impune fue Carlos Villanova, quien vivió durante décadas en libertad hasta que al fin sobrevivientes lograron reconocerlo como el “Gordo 1”, sindicado como el sádico torturador de El Campito.
El resto enfrenta pedidos de altas condenas por los crímenes perpetrados. La Fiscalía, a cargo de Sosti en este debate, los acusó por genocidio y solicitó para ellos condenas de prisión perpetua en cárceles comunes. También pidió al TOF que inicie una investigación sobre la totalidad de las estructuras militares, policiales, de Gendarmería y de Inteligencia vinculadas a Campo de Mayo entre 1974 y 1982.
