LESA HUMANIDAD

Era Javier Milei: también se ajusta la agenda de juicios por crímenes de la dictadura

Solo dos juicios tienen fecha de inicio en 2024. El negacionismo de Victoria Villarruel, la inacción de la Corte y el tiempo como aliado de la impunidad.

En tiempos de campaña electoral, el entonces candidato presidencial Javier Milei había asegurado que, si ganaba las elecciones, los juicios de lesa humanidad por los crímenes de la última dictadura militar iban a seguir y que los represores responsables cumplirían las condenas correspondientes. Sin embargo, la agenda judicial evidencia una fuerte sequía de nuevos debates orales y públicos. Mientras el calendario de audiencias retoma ritmo en los procesos que llegaron inconclusos a la feria judicial de verano, hay solo dos juicios programados para los primeros meses de la era libertaria.

El 21 de marzo, el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba iniciará el juicio contra una docene de imputados, entre militares y policías retirados y exfuncionarios judiciales, por el secuestro y los tormentos aplicados a 14 personas. En su mayoría, las víctimas son mujeres a las que represores de la provincia cazaron por ayudar a presos políticos: esposas de presos comunes de la Unidad penal 1 de la provincia trasladaron información de presos políticos encerrados en el mismo lugar. Se juzgará, además, la apropiación de la hija de una de ellas, María de las Mercedes Moreno, la nieta restituida 107 según el conteo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Para el 28 de mayo está fijado el comienzo del juicio que sentará en el banquillo de los acusados a cinco miembros retirados de la Fuerza Aérea señalados por su responsabilidad en secuestros y torturas contra 127 personas en Mansión Seré, la RIBA y otros centros clandestinos de la zona oeste del conurbano bonaerense durante la última dictadura. El debate debía comenzar a fines de diciembre pasado, pero fue reputado a la espera de análisis periciales sobre la salud de Juan Carlos Vázquez Samiento, uno de los represores protagonistas.

Este agente de inteligencia de la Fuerza Aérea, que permaneció prófugo durante casi 20 años y en marzo pasado fue condenado por la apropiación del nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro, está acusado por el secuestro de Patricia Roisinblit, hija de la presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, y José Manuel Pérez Rojo. Madre y padre de Mariana Eva Pérez y abuela y abuelo del nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit, fueron mantenidos cautivos en la RIBA.

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“Debería haber más de un juicio con fecha de programación para 2024. La urgencia es cada vez más grande conforme pasan los años. No hay otros juicios que estén esperando hace tantas décadas”, definió el abogado querellante Pablo Llonto.

Más allá de la postura negacionista y abiertamente crítica de los juicios de lesa humanidad que ostenta la vicepresidenta Victoria Villarruel, el letrado que representa querellas de víctimas en causas de lesa humanidad advirtió que las demoras en el proceso de juzgamiento a genocidas de la última dictadura no es nuevo y que la responsabilidad sobre esa dilación “la sigue teniendo la Corte, que, pese a los reclamos y a que tiene una unidad especial para el seguimiento de las causas de lesa, no hace absolutamente nada para imprimirle otro ritmo”.

Los juicios en curso

El calendario judicial de lesa humanidad encendió motores el 1 de febrero pasado, cuando culminó la feria judicial de verano, y ya tiene pautadas audiencias para los 14 juicios que quedaron en suspenso en diciembre pasado. En su mayoría, los procesos suceden entre la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense, pero también se reparten en Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Tucumán. Reúnen a 199 represores acusados; alrededor de la mitad nunca fue condenada.

El juicio “Orué” es el único de los 14 que está a punto de concluir. Revisa la responsabilidad de Jaime Lamont Smart y un expolicía de la comisaría de Berazategui en el homicidio de un militante y el secuestro de cuatro de sus familiares. Otros cuatro –Brigadas, Puente 12 III, Superintendencia de Seguridad Federal III y ESMA VII– transitan la etapa de alegatos o están a un paso de ingresar en ese estadío, por lo que se prevé que culminen durante la primera mitad del año. El resto seguirá escuchando testimonios.

Los juicios que esperan

Hay varias causas que esperan juicio oral en La Plata y San Martín; en la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca y Salta, entre otras plazas judiciales. La espera es de meses en algunos casos y de años en la mayoría. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, por ejemplo, tiene al menos cuatro tramos de la megacausa Campo de Mayo listos para su debate oral. Entre ellos, figura el que repasará los crímenes y la desaparición del fundador del PRT-ERP, Roberto Santucho. En la misma situación se encuentra la causa contra el exgerente de producción de Mercedes Benz Juan Ronaldo Tasselkraut, el único civil de esa automotriz que pudo ser investigado por crímenes de lesa humanidad contra obreros de la fábrica.

Desde marzo pasado, el TOF 5 de Comodoro Py tiene en gateras el juicio contra el genocida de la ESMA Jorge Radice y su hermana Norma Radice por la estructura administrativa que armaron para quedarse con los bienes inmuebles de personas que eran secuestradas y torturadas en el Casino de Oficiales. Por ahora, el tribunal avanza con otros dos debates sobre hechos sucedidos en el centro clandestino de la Armada: uno contra el agente de inteligencia Jorge Guarrochena y otro contra el represor Horacio Ferrari.

Hay un juicio listo para llevarse a cabo en Salta, con dos acusados, y otros dos en Bahía Blanca. Uno de ellos deberá juzgar a la tripulación de un avión que trasladó clandestinamente a desaparecidos y detenidos políticos desde la Patagonia hasta Bahía Blanca y otro repasará delitos sexuales cometidos en el centro clandestino conocido como La Escuelita. En La Plata, el debate contra dos acusados por violaciones a los derechos humanos sucedidas en la Comisaría Quinta espera una definición del Tribunal Oral Federal número 1.

Los civiles siguen frenados

En la Justicia de primera instancia de San Martín se diseca la causa que investiga a integrantes de directorios y personal jerárquico de las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo. Las indagatorias a una decena de civiles fueron solicitadas a principios de 2022 y resueltas, en su mayoría, un año después. Se adeuda una, la del exgerente de Relaciones Industriales José Ramón Penas, cuyo estado de salud espera una pericia del Cuerpo Médico Forense.

En La Plata, los expedientes que deben investigar los vínculos de dueños, directivos y gerentes de las empresas Astilleros Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Frigoríficos Swift, YPF y Peugeot permanecen sin arrojar resultados. Nacieron de la sentencia que el TOF 1 impuso contra exintegrantes de la Armada y Prefectura Naval por crímenes de lesa humanidad que afectaron, en su mayoría, a obreros del Polo Industrial de Berisso, en 2015. También aguarda definiciones la investigación que procesó a Emilio Parodi, gerente de Recursos Humanos de Molinos Río de la Plata.

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