La entidad que nuclea al sector comercial cuestiona el plan de cuotas para pagar la luz. La oposición denuncia sobreprecios y escarba en el "costo" local.
Martín Llaryora durante el lanzamiento del Plan de Financiamiento de Energía Eléctrica.
A pesar de sus intenciones de contener el terremoto nacional, la administración de Martín Llaryora empieza a sentir las réplicas del recorte de Javier Milei. Ahora, llegaron las boletas de la luz y la crisis económica empieza a traducirse en sacudones políticos, también en Córdoba.
Para los comerciantes reunidos en la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), la estrategia de financiar los costos de la energía, a través del Banco de Córdoba, no resulta. “Hoy tenemos un problema, pero el mes que viene vamos a tener un problema y cuarto”, señalan desde uno de los sectores que empieza a cuestionar a viva voz las decisiones provinciales y también apuntan contra otro grupo aliado del Partido Cordobés: el cooperativismo.
Además de romper con la armonía histórica de la federación y el Gobierno de Córdoba, el conflicto pone en la mesa la discusión sobre el costo de la energía en el centro del país. La oposición viene denunciando esta realidad desde hace años. Ahora, escudando a Milei, vuelve a exponer el tema y apunta directamente al peronismo mediterráneo.
Como contó Letra P, buena parte del Círculo Rojo cordobés apuesta al éxito del plan libertario y pide que Córdoba acompañe en el ajuste impulsado desde la órbita nacional.
Fedecom nuclea a más de 70 cámaras comerciales de Córdoba y forma parte del tradicional G6, una de las agrupaciones empresariales con mejor llegada al Gobierno provincial. Como Llaryora, el organismo intentó prepararse para que el arribo de la motosierra no impactara sobre la actividad, en el marco de la recesión que ya se proyectaba desde los meses previos a la asunción de Milei.
Por esa razón, desde diciembre se sucedieron reuniones con el gobernador y con algunas de las áreas más importantes del gabinete. Las referencias de la federación dan cuenta de reuniones con el presidente de la empresa de energía EPEC, Claudio Alberto Puértolas; el ministro de Producción, Pedro Dellarossa; su secretaria de Comercio, Nadia Villegas; y Martín Gill, el titular del Ministerio de Cooperativas.
Según explican, la intención siempre fue “achatar” la curva de febrero, que preveían como la más agresiva para la actividad. “Lo único que obtuvimos es el pago en cuotas, que es totalmente insuficiente”, dicen y describen un escenario marcado por la “desesperación” y la “impotencia”.
El principal dato político es que el reclamo desbloquea quejas y los comerciantes empiezan a advertir sobre el funcionamiento general del Estado y la presión impositiva que, sostienen, recae sobre los sectores productivos.
Metiendo aún más el dedo en llaga, dicen estar preocupados por “el nivel de gasto que se mantiene en Córdoba” y, si bien no dan nombres, deslizan cierto grado de oscurantismo en la información y hablan de salarios gerenciales que, en empresas públicas y cooperativas, oscilan entre los tres y los cinco millones de pesos.
“El nivel de gasto que se mantiene adentro de las empresas públicas de la Provincia no condice con el momento histórico que estamos viviendo”, se quejan desde la federación que cuestiona con tono libertario a la administración Llaryora.
“Hay prebendas que no se tocan desde hace décadas”, dicen y apuntan a uno de los sectores que el Partido Cordobés imaginó como aliado estratégico: las cooperativas, donde las denuncias públicas de Fedecom fueron leídas como un golpe debajo del cinturón.
Con representación en toda la provincia, la federación comercial se reunirá la semana que viene con representantes de la Secretaría de Comercio e insistirá en la necesidad de unificar el precio de la energía en todo el territorio. En Córdoba, las subas pegan más fuerte en el interior por dos cuestiones técnicas que desde hace tiempo nadie parece dispuesto a resolver.
Mientras que la Empresa Provincial de Energía (EPEC) concentra el 70% de los usuarios en el 30% del territorio, las cooperativas funcionan la ecuación exactamente inversa. “La cantidad de usuarios que la EPEC concentra en una cuadra, hay cooperativas que en casos extremos la encuentran cubriendo 700 kilómetros de líneas rurales contando un usuario cada 2 kilómetros”, grafica uno de los voceros de la Federación de Cooperativas Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos (Fecescor).
Encima, el Estado nacional recortó fondos que en Córdoba representan una baja del 70% en los subsidios energéticos y la suba pegó de lleno en las tarifas, que también sufrieron un engorde por el traslado a precios de la devaluación de diciembre. Todo, en medio de la época del año donde se registra el mayor consumo de energía.
El lunes se viralizó un video en el que se ve al dueño de una chacinería de Huinca Renancó yendo a pagar la luz con una carretilla cargada con 840 mil pesos, en billetes de 100. Para las cooperativas, se trata de una “operación política” que busca generar “impacto visual” y “estigmatizar” al sector.
“EPEC mide cada 60 días y las cooperativas cada 30, por lo que están comparando los consumos de enero, todavía con subsidios, contra los de febrero”, se quejan y anticipan que la suba se sentirá con más fuerza en la ciudad a partir de la próxima factura, mientras que también aseguran que las tarifas sociales tienen un mayor impacto en la capital.
Mientras nadie le pone el cascabel al gato, las críticas empiezan a escalar. De un lado advierten que el sistema de cooperativas (en Córdoba son más de 200), es inviable. Del otro, que el lobby de las conveniencias políticas impide que se avance en una estabilización de la tarifa a nivel provincial.
“Una tarifa única se puede conseguir sin aumentar los subsidios, pero para eso, los que pagan menos deberían pagar un poco más y nunca nadie está dispuesto a discutirlo”, advierten.
En medio de la pelea entre aliados, al oficialismo se le desnuda otro flanco débil entre los que Llaryora heredó de Juan Schiaretti y la oposición está dispuesta a aprovecharlo. La radical Daniela Gudiño prepara un proyecto para que “los prestadores de servicios públicos se vean impedidos de incluir en las facturas componentes que no tengan que ver específicamente con el servicio prestado”.
En las facturas con las que se cobra la energía eléctrica, no sólo se agregan los costos de distribución (VAD), sino que particularmente la boleta de la EPEC contiene otros cinco ítems que van desde fondos específicos destinados a financiar el funcionamiento de la empresa hasta porcentajes que van a parar a las arcas municipales.
“Que cobren sólo la energía, me sale más barato poner una lamparita al frente del negocio que pagarle a la Municipalidad lo que me cobra por el alumbrado público en esa boleta”, grafica un comerciante.
Gudiño, que asegura que “de una factura que alcanza los $6.000, dos no tienen nada que ver con el servicio”, presentará el proyecto esta semana y la discusión ganará calor en una Legislatura paritaria que podría sumarle un dolor de cabeza al gobierno provincial.