La principal asociación nacional de jueces laborales rechazó el convenio firmado por la Nación y la Ciudad. Alertan sobre el riesgo institucional.
La principal asociación nacional de jueces laborales rechazó el convenio firmado por la Nación y la Ciudad para traspasar la justicia del Trabajo.
El convenio firmado por Jorge Macri y Javier Milei para el traspaso de la Justicia laboral generó la reacción de los magistrados del fuero y sumó un nuevo foco de tensión. En pleno debate por la reforma laboral, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) advirtió sobre riesgos institucionales y abrió dudas políticas sobre la viabilidad del traspaso.
En efecto, el acuerdo para trasladar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña sumó un frente inesperado de conflicto: la ANJUT difundió un duro comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” y su desacuerdo con las iniciativas en curso, en un contexto atravesado por el tratamiento parlamentario de la reforma laboral y con versiones cruzadas sobre si el tema será finalmente incorporado al temario.
“El proyecto se inscribe en una serie de iniciativas que promueven una profunda reforma del sistema de relaciones del trabajo”, señalaron los magistrados, que vincularon el traspaso al DNU 70/23, la Ley Bases y los programas oficiales de “modernización laboral”.
Según plantearon, la transferencia se presenta bajo argumentos de eficiencia económica, pero encubre otro objetivo. “Se considera a la justifica como una herramienta para dinamizar la economía y reducir costos, cuando en realidad debilita el sistema de protección laboral”, advirtieron.
En ese marco, la asociación también rechazó el discurso oficial sobre la litigiosidad. “La denominada ‘industria del juicio’ carece de sustento estadístico serio”, afirmaron, al cuestionar uno de los ejes narrativos del Gobierno para impulsar cambios estructurales en el fuero.
En contraste con el rechazo del fuero, tanto el PRO como La Libertad Avanza defendieron el convenio y lo inscribieron dentro de la agenda de reformas estructurales. El jefe de Gobierno celebró el acuerdo en redes sociales y lo presentó como “un paso más en la consolidación de la autonomía porteña y en la construcción de una justicia más ágil y cercana a los vecinos”.
En la misma línea, voceros del oficialismo nacional remarcaron que la transferencia forma parte del rediseño del sistema laboral que impulsa el Ejecutivo y que busca —según sostienen— “modernizar” la resolución de conflictos individuales de trabajo.
Uno de los puntos más sensibles del comunicado es la advertencia sobre la posible desarticulación de la especialización laboral. Los jueces alertaron que la reasignación de competencias hacia otros fueros implicaría “un retroceso institucional que afectaría la calidad técnica de las decisiones”, en un tiro por elevación frente a la posibilidad de que los conflictos por derecho colectivo sean tratados en el fuero Contencioso Administrativo.
En ese sentido, remarcaron que los estándares internacionales van en la dirección contraria. Recordaron que el sistema interamericano promueve jurisdicciones especializadas y que la justicia laboral argentina constituye “una construcción histórica destinada a equilibrar la desigualdad estructural de la relación de trabajo”.
La preocupación se extiende al plano sindical. El documento advierte que el corrimiento de expedientes vinculados a personerías gremiales, encuadramientos o conflictos intersindicales “alteraría de hecho el régimen de asociaciones sindicales” y modificaría el juez natural de esos procesos, con impacto directo sobre la libertad sindical.
El pronunciamiento judicial irrumpe en un momento políticamente sensible. Mientras el Gobierno intenta avanzar con la reforma laboral, persisten dudas sobre si el capítulo vinculado al traspaso del fuero laboral será incorporado efectivamente al temario de discusión de este miércoles, en medio de resistencias técnicas y políticas.
Ante ese escenario, la ANJUT reclamó que cualquier modificación sea debatida en profundidad. “Debe garantizarse la continuidad y el fortalecimiento de la especialización de la justicia laboral, con reglas claras de competencia y transición”, sostuvieron.
También exigieron tratamiento legislativo sustantivo en el Congreso y advirtieron que no deben adoptarse medidas que impliquen regresividad. “La reforma no puede traducirse en una disminución de derechos ni en obstáculos al acceso a la justicia”, remarcaron.
Los magistrados reafirmaron su compromiso con “una justicia laboral especializada e independiente, como pilar de la paz social, el desarrollo económico sostenible y la protección de los derechos de los trabajadores”, dejando planteado un nuevo frente de conflicto en el rediseño del sistema laboral que impulsa el oficialismo.