El pacto entre la Nación y la administración de Jorge Macri cumple una demanda empresaria y abre un escenario de reconfiguración judicial, sindical y económico.
Javier Milei y Jorge Macri.
Mientras el Congreso se apresta a debatir la reforma laboral, el convenio sellado entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Jorge Macri para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires inaugura una fase de transición institucional que puede derivar en cambios de fondo en la interpretación del derecho laboral argentino.
Las discretas negociaciones que se llevaron adelante en los últimos meses entre funcionarios porteños y representantes de la administración nacional sellaron el traspaso a la órbita metropolitana. Al menos, parcialmente.
La medida, celebrada por el macrismo, anticipa un cambio de escala en las relaciones laborales. “Se trata de un nuevo hito en la autonomía de la Ciudad”, celebró el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, que encabezó las negociaciones y anticipó que el acuerdo redundará en “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que permitirá a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales con mayor celeridad y previsibilidad”.
Detrás de la reforma aparece la postergada transferencia de competencias prevista en la Constitución porteña de 1996, que supone modificaciones normativas complejas y generó resistencias históricas de la Justicia nacional. Pero también responde a un viejo anhelo de estudios jurídicos ligados al sector empresario, que siempre señalaron al fuero laboral nacional como funcional a los intereses sindicales. Con el traslado de las demandas individuales al ámbito local, parte de ese reclamo empieza a materializarse.
El Ejecutivo porteño venía dando señales de avance en ese sentido. En febrero de 2025, el Consejo de la Magistratura anunció la apertura de concursos para cubrir cargos en diez juzgados de primera instancia, dos fiscalías, dos defensorías oficiales y una Cámara de Apelaciones con dos salas integradas por tres jueces cada una.
Ahora, con un plazo de transición de 180 días fijado en el decreto presidencial, el interrogante pasa por cómo convivirá el traspaso de juzgados nacionales con la consolidación del nuevo fuero local y, sobre todo, cuál será la reacción de trabajadores y magistrados de los 80 juzgados laborales que históricamente resistieron el traslado.
No hay dudas de que la medida se inscribe en un acuerdo político entre macristas y libertarios para avanzar sobre la Justicia del Trabajo, a la que ambos espacios identifican como la usina de la llamada “industria del juicio laboral”, que -según esa mirada- atenta contra la creación de empleo formal.
El anuncio, además, se inscribe en la ofensiva oficial que buscará tratar esta semana la Reforma Laboral en el Congreso. En el gobierno porteño aspiran a que la transferencia se discuta en ese mismo marco, algo que todavía no está confirmado, pero que gana volumen tras el envío acelerado del proyecto al Senado.
La transferencia promete reconfigurar la litigiosidad, alterar equilibrios sindicales y abrir interrogantes sobre indemnizaciones, doctrina judicial y costos laborales.
El convenio dispone que todas las demandas individuales iniciadas tras su entrada en vigencia tramiten en la Justicia laboral porteña. Esto incluye conflictos por despidos, diferencias salariales, registración deficiente, accidentes laborales bajo régimen civil y ejecuciones de créditos laborales.
Quedan excluidos los conflictos colectivos, negociaciones paritarias, cuestiones sindicales, causas con el Estado Nacional como parte y litigios derivados de actos administrativos laborales federales. También permanecerán en Nación los expedientes individuales ya iniciados.
Sin embargo, la redacción del convenio deja abierta la posibilidad de que las demandas colectivas sean tratadas en el fuero Contencioso Administrativo local, lo que se traduciría en la eliminación completa del fuero nacional.
En esta línea, la entrada en vigencia del acuerdo modificará de manera drástica la estructura de los tribunales laborales. El convenio ordena una reducción inmediata de juzgados vacantes.
En su cláusula novena establece el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que no cuentan con magistrados designados y detalla el listado de tribunales alcanzados por la medida.
Además, dispone el cierre de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, actualmente vacante, lo que reducirá a nueve el número de salas de esa instancia. Queda la incógnita