El proyecto tuvo 28 modificaciones. Cajas de provincias y CGT, a salvo. Grandes empresas suman renta, pero las pymes tendrán prioridad. Derrota de Sturzenegger.
Patricia Bullrich, durante el anuncio de la reforma laboral.
Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich no prestó atención a las presiones del Gobierno para jugar a todo o nada el proyecto de reforma laboral en el recinto. Junto a la oposición dialoguista, reescribió el texto y así se aseguraría la aprobación. La versión final tiene un alivio para gobernadores, caricias a la CGT y menos beneficios a las grandes empresas.
Los cambios golpean a Federico Sturzenegger, el ministro de Modernización y Transformación del Estado, quien escribió buena parte de letra jurídica de la reforma, con la colaboración de sus asesores y en línea directa con el empresariado.
El funcionario, que anunció el proyecto en diciembre, quedó desdibujado en las gestiones legislativas, porque buena parte del texto que redactó con su equipo se modificará en la versión definitiva que trataría Diputados desde la semana próxima para que sea ley antes de fin de mes. Como en toda negociación, los ganadores y perdedores ya no son tan claros.
Javier Milei y Bullrich podrán festejar la primera reforma laboral aprobada en cuatro décadas en una cámara, que tal vez sea sancionada y modifique las relaciones del trabajo vigentes desde hace medio siglo.
Es un éxito político en sí mismo que podría tener un correlato en indicadores financieros y, según las proyecciones del Gobierno, en inversiones que mejorarían la actividad económica. Podría ser el primer triunfo pleno de este nuevo Congreso, tras la sanción del Presupuesto sin uno de sus capítulos.
Claro que el Presidente deberá rendir cuentas en un año, cuando la oposición podrá chequear cuánto empleo se creó con las nuevas reglas de juego y qué efecto tuvo en el nacimiento de pymes, que fueron las grandes beneficiadas del texto final, porque podrán contratar más barato, fijar condiciones laborales propias y despedir casi gratis.
Con estas reglas, la inflación en baja y el tipo de cambio estable, Milei no tendrá excusas para no exhibir un crecimiento económico, que redunde en más puestos de trabajo, mejor productividad y aumento del salario real.
Los mandatarios provinciales asociados al Gobierno pusieron el pellejo con los sindicatos, que presionaron desde organizaciones locales y en sus territorios. Lo que no esperaban es tener que pelear por sus ingresos, porque Milei, en un truco que le descubrieron rápido, incorporó un capítulo para reducir el Impuesto a las Ganancias a las sociedades comerciales.
Fue otra trampa de Sturzenegger que generaba un ahorro millonario en las grandes empresas, bajaba la recaudación del tesoro y de las provincias, que reciben parte de la recaudación por coparticipación federal.
Los mandatarios se pusieron firmes y esos artículos quedaron fuera del proyecto final. La decisión la tomó Bullrich en el Senado, sin aval de la Casa Rosada, donde hasta último momento pidieron jugar estos artículos a todo o nada en el recinto.
Los gobernadores también influyeron en las correcciones del proyecto que priorizan a las pymes en el reparto de subsidios para indemnizar; e incorporaron artículos para proteger a sus sindicatos, como los embarcados, que quedarían fuera de la ley.
Fue la gran sorpresa de la negociación de la reforma laboral en el Senado: en conferencia de prensa, Bullrich informó que hubo un acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT) para modificar varios artículos y permitir el funcionamiento gremial.
Su afirmación no fue desmentida por ningún sindicalista, quienes de esta manera admitieron esos diálogos, anticipados por Letra P. Estas negociaciones, “subterráneas”, como las definió Bullrich, explican también por qué no hubo paro general.
Los anuncios de la jefa de LLA en el Senado dejaron fuera todos los artículos escritos por Sturzenegger que golpeaban a la CGT. No se reduce el aporte a las obras sociales, que seguirá siendo del 6% de la masa salarial.
Tampoco se resentirá la cuota sindical, que es tal vez la principal fuente de financiamiento. Podrá continuar por dos años, con un límite del 2%. Y lo más importante: las empresas seguirán como agentes de retención. De esta manera, los gremios sólo tendrán que renovar un convenio colectivo con sus aportes dentro para mantener su caja principal.
Otra caricia que recibieron los gremios tiene que ver con el fin de la ultraactividad, como se conoce a la continuidad de los convenios colectivos cuando no hay otros firmados. Estos acuerdos podrán ser obligados a renegociarse por una de las partes, pero ya no por el Gobierno.
Las grandes empresas pueden tener un festejo agridulce con la reforma laboral, hasta el punto de que, al final de la jornada, las principales cámaras empresariales deberán evaluar pros y contras antes de comunicar. No lograron el dulce que más buscaban, que era pagar un tres por ciento menos del impuesto a las ganancias, una suma millonaria en algunos casos.
La primera reacción de la elite empresaria debería ser el festejo porque la reforma, eso sí, puede permitirle cambiar las reglas de juego a su favor, en lo que refiere a jornadas horarias y vacaciones. Pero, sobre todo, en cuanto al costo de pagar indemnizaciones, que caerá sustancialmente porque sólo se tomará en cuenta un salario por año trabajado. No correrán las otras costas que según Bullrich multiplicaban hasta por diez las sentencias.
El proyecto mantendrá el fondo de asistencia laboral (FAL) para financiar indemnizaciones, que se compondrá del 3,5% del aporte a Anses. Pero, inicialmente, sólo el 1% de ese dinero podrá usarse para ayudar a empresas grandes: el resto seguirá pagando los juicios por su cuenta.
Algunas versiones en el Congreso daban cuenta de un supuesto nerviosismo de grandes industrias locales por la posibilidad de acordar salarios por empresa o región, por el temor a que se crearon poderosas comisiones internas en las fábricas. El financiamiento intacto a los gremios podría dejar atrás esos temores.