La extracción de cobre en la cordillera se enfrenta al inventario de las reservas de agua dulce de Argentina. Las empresas reclaman "seguridad jurídica".
Javier Milei recibió a los accionistas de Vicuña Corp, la alianza entre BHP y Lundin Mining. La minería presiona para operar sobre los glaciares.
Seis multinacionales encabezan el lobby de la minería para reformar la Ley de Glaciares: las canadienses Barrick Gold y Lundin Mining, la estatal china Shandong Gold, la anglo australiana BHP (la minera más grande del mundo), la multinacional Río Tinto, donde invierten BlackRock y la estatal china Chinalco, y la suiza Glencore, donde participa el fondo estatal Qatar Holding.
“Los proyectos mineros de esas corporaciones están directamente sobre glaciares o ambiente periglacial inventariado según la ley de Glaciares actual”, dijo a Letra P el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, y agregó que “en vez de adaptar sus proyectos a la normativa vigente, quieren modificar el texto a medida de sus proyectos”.
“Vicuña hará el open pit de Josemaría cortando el glaciar GE 110, El Pachón está directamente sobre un glaciar de escombros grandísimo. El proyecto Veladero ha cortado el glaciar Almirante Brown”, resumió Viale.
El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, fue taxativo: “El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva. No podemos seguir escondiendo esta realidad”.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, impulsó el proyecto de ley que tiene dictamen favorable en las comisiones de Ambiente y Minería del Senado y define, básicamete, que los gobernadores determinen qué áreas deben protegerse y cuáles pueden habilitarse para la actividad minera o hidrocarburífera.
Lundin y BHP conforman Vicuña Corp, la empresa para desarrollar, en conjunto, los yacimientos cupríferos Filo del Sol y Josemaría en San Juan. Son reservas de cobre -tambien, de oro y plata- que están entre las diez más grandes del mundo.
Josemaría tiene aprobado el estudio de impacto ambiental por la provincia de San Juan. La propiedad del yacimiento contiene el glaciar de escombros GE 110, que es parte del Inventario Nacional de Glaciares (ING) y está ubicado en la subcuenca río Blanco superior, de la cuenca del río Jáchal, que riega el valle homónimo.
“El glaciar GE 110 está protegido porque está inventariado y no se pueden acercar y hacer obras; ese es el presupuesto mínimo que establece la ley”, dijo a este portal Gabriela González Trilla, investigadora del Conicet y cofundadora de Ecosistemas Azules.
Desde Vicuña aseguran que el GE 110 “está inactivo”, pero que, además, los planos del proyecto de construcción del yacimiento "no lo van a tocar”.
“El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), con metodología hipervalidada, es quien define. Vicuña tiene que saber que el GE 110 está en el inventario nacional", aseguró González Trilla.
El proyecto minero de oro y plata Veladero, operado por Barrick Gold en San Juan, está emplazado en una zona de extrema sensibilidad hídrica protegida por la ley de la discordia. Según el inventario del Ianigla, la infraestructura de la mina se superpone con cuerpos de hielo estratégicos y geoformas periglaciales, puntualmente los glaciares Amarillo, Guanaco y Canito, que alimentan al río Taguas, que tributa al Jáchal.
Incluso hubo una causa en la justicia federal donde fue procesado un exinvestigador del Conicet que omitió registrar cuerpos de hielo en los mapas oficiales y eso permitió que Barrick construyera caminos y escombreras de la mina Veladero que perjudicaron a glaciares de escombros.
El Proyecto cuprífero de El Pachón está en Calingasta, San Juan. El ceo de Glencore, Martín Pérez de Solay, fue contundente. “Nosotros tenemos un glaciar en Pachón”, dijo, aunque aclaró que, según un estudio técnico de la Universidad Nacional de San Juan, “no cumpliría funciones hídricas relevantes”.
Pérez de Solay se presentó en el Congreso, donde marcó “la necesidad de clarificar la ley de glaciares para que proteja lo que realmente hay que proteger, que son los glaciares con funciones hídricas relevantes”. El ING, del Ianigla, identificó en la subcuenca del río Blanco, donde se asienta El Pachón, más de 200 cuerpos de hielo, en su gran mayoría glaciares de roca.
Glencore también enfrenta en Catamarca un conflicto legal y ambiental, incluso más restrictivo que el de San Juan, debido a que su proyecto de oro, cobre, plata y molibdeno MARA-Agua Rica-La Alumbrera se asienta directamente sobre los Nevados de Aconquija, un área clave del ambiente periglacial. Según los mapas oficiales del Ianigla, el yacimiento se superpone con numerosos glaciares de roca que son reservorios hídricos vitales para la subsistencia de la ciudad de Andalgalá.
Esta situación ha generado una parálisis judicial histórica, con fallos de la Corte Suprema y procesamientos a funcionarios, ya que bajo la ley actual (26.639) la explotación minera en esa zona es taxativamente ilegal.
En San Juan, el proyecto Los Azules, controlado por el magnate canadiense Robert McEwen, se convirtió en septiembre de 2025 en el primer emprendimiento de cobre aceptado oficialmente en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Considerado uno de los diez yacimientos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo, el proyecto cuenta con el respaldo estratégico de la gigante Río Tinto (a través de su filial Nuton) y de la automotriz Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroën) y contempla una inversión de u$s 2.700 millones.
El proyecto obtuvo aprobaciones ambientales provinciales y busca mitigar impactos con tecnología de lixiviación en pilas.
Su viabilidad enfrenta un obstáculo legal crítico: en la zona de influencia del yacimiento, sobre la subcuenca del río Salinas, el Inventario del Ianigla identifica una densa presencia de glaciares de roca, escombros y suelos de hielos permantes protegidos por la ley 26.639.
El proyecto de reforma a la ley de Glaciares restringe la protección solo a formaciones (descubiertas, cubiertas o de roca) que demuestren simultáneamente una función hídrica relevante y probada como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas, además de una superficie mínima de una hectárea.
Así, reduce la protección automática del ambiente periglacial y del suelo congelado permanente y faculta a las provincias a solicitar la revisión y exclusión de cuerpos de hielo del inventario.
“Si se aprueba el proyecto, cada provincia, con un simple acto administrativo, podrá decir que tal glaciar o ambiente periglacial no tiene relevancia", dijo Viale.
Desde el otro lado de la grieta, Alfredo Vitaller, vicepresidente segundo de CAEM y funcionario de Josemaría, sostuvo que “la ley vigente ha producido que no vengan inversiones, porque presenta imperfecciones que el proyecto de reforma busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector”.
La modificación también fue reclamada por la Cámara Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). Su ceo, Alejandro Díaz, presentó su hoja de ruta para generar un clima de negocios y mencionó la modificación de la ley de Glaciares.
Sin embargo, la reforma fue rechazada por más de 85 constitucionalistas y académicos de diversas extracciones ideológicas, quienes marcaron la “inconstitucionalidad del proyecto” por violar el sistema de Presupuestos Mínimos Ambientales y el principio de no regresividad garantizado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.