La Marina Mercante, Vialidad Nacional, el INTI y la AFA resisten las medidas del ministro desregulador. La solución de la Revolución Francesa.
Javier Milei y Federico Sturzenegger trazan el plan desregulador
Captura de redesLa Justicia dio lugar a seis recursos de amparo interpuestos y frenó decretos de reformas que ideó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Se trata de las iniciativas referidas a la Marina Mercante, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Vialidad Nacional, el sistema previsional del fútbol y el financiamiento a las cámaras gremiales empresariales.
La motosierra de Sturzenegger acumuló derrotas en tribunales en las semanas previas a que la cámara de Diputados rechazara los decretos delegados que modificaron el INTI, el INTA, la Marina Mercante y Vialidad.
La jueza Martina Forns, titular del Juzgado Federal Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, ordenó al gobierno de Javier Milei no ejecutar, por seis meses, tanto la disolución de Vialidad como los despidos y la restructuración del organismo.
En el fallo, la magistrada argumentó que el decreto 461 es "inconstitucional" y viola los derechos laborales. El amparo fue concedido al Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y la administración libertaria ya apeló la medida.
Forns también le ordenó al Ejecutivo que no realice reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad del personal del INTI, tal cual lo estipuló el DNU 462/2025.
La Justicia también frenó la desregulación de la Marina Mercante que Sturzenegger plasmó en el decreto 340/25 y que establece que el funcionamiento de los barcos de carga permite despedir a un marino con 20 años de servicio por una indemnización equivalente a diez días de salario básico.
Los gremios calificaron a la medida como una reforma laboral "salvaje" y un traje a medida de las multinacionales de la navegación de carga.
La jueza Viviana Dobarro, del juzgado nacional del Trabajo Nº32, y la jueza María Soledad Casullo, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3, frenaron las reformas gubernamentales.
Este decreto recibió tres recursos de amparo que presentaron la Confederación General del Trabajo (CGT), el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante y la empresa National Shipping (NS), a la que Sturzenegger acusó de resistir los cambios “porque es la única que queda trabajando”.
En esta última presentación llamó la atención el nombre del abogado patrocinante de NS, Horacio Liendo, quien fue director del Banco Central en 2015, subordinado de Sturzenegger, cuando ambos eran macristas.
National Shipping es la compañía de la familia Virasoro, contratista naviera principal de YPF.
Según los gremios, la desregulación de la marina mercante, denominada Régimen de Excepción habilita el uso de barcos y tripulación extranjeras en aguas argentinas y allana el camino a las corporaciones transportistas globales como la danesa Maersk, la italiana Mediterranean Shipping Company (MSC), el operador danés de remolques Svitzer y otras de capitales chinos y compañías radicadas hace mucho tiempo en Paraguay.
El amparo fue apelado por el Centro de Capitanes, porque lo consideró "insuficiente" y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo profundizó la restitución de las garantías reclamadas y concretó un frenó más amplio al decreto de Sturzenegger.
El recurso de amparo fue incorporado a la Constitución Nacional en 1994 y especialistas en derecho lo definen como un mecanismo para “garantizar las garantías y derechos constitucionales”.
En medio de los recursos adversos para los decretos, Sturzenegger calificó a la Justicia como “el último reducto de la casta”.
En una disertación en la Exposición Rural de Palermo, el ministro desregulador afirmó: “Estoy estudiando qué hizo la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque tenían un sistema que trataba distinto a los nobles que a la gente común".
Sturzenegger aclaró, sin embargo, que el gobierno va a "avanzar sin usar todos los métodos de la Revolución Francesa". Así descartó la guillotina.
Los juristas le recordaron a Sturzenegger que la gesta encabezada por Maximilien Robespierre en 1789, tras la toma de la Bastilla, consistió en subordinar las decisiones de los jueces a la voluntad política de los revolucionarios.
El juez Enrique Alonso Regueira concedió una medida cautelar que frenó el aumento en las alícuotas que los clubes deben aportar a la seguridad social. El amparo lo presentó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Sturzenegger explicó que “en 2024 las ventas de jugadores de fútbol argentinos dejaron ingresos por u$s 4.324 millones, sin embargo los aportes y contribuciones a la seguridad social de la actividad sólo logró cubrir el 57% de las obligaciones previsionales".
La jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº45, Rosalía Romero y el juez Contencioso Administrativo N°1 de Avellaneda-Lanús, Maximiliano Ceballos dictaron sendas medidas cautelar para dejar sin efecto, de manera provisoria, el decreto que 149/2025 que prohíbe que las convenciones colectivas de trabajo impongan aportes o cargas económicas a pagar por las empresas, en beneficio de las cámaras gremiales empresarias.
Romero y Ceballos afirmaron que los aportes empresarios al Instituto Argentino de Capacitación para el Personal de la Industria y Comercio (Inacap), seguirán siendo obligatorios hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Es dinero que aportan el empresariado para solventar la tarea gremial de entidades como la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) o la Cámara Argentina de Comercio y las entidades regionales y locales.
El gobierno de Milei recibió el primer amparo judicial contra una de sus medidas a sólo tres semanas de llegar a la Casa Rosada, cuando la Cámara Nacional del Trabajo suspendió el capitulo de la Reforma Laboral incluida en el DNU 70/23, el decretazo que se publicó el 20 de diciembre de 2023.