El ministro de Economía apunta a quedarse con los fondos y los negocios inmobiliarios del organismo vial. Rechazo conjunto del gremio y las constructoras.
Toto Caputo se quedó con el control de Vialidad Nacional
El ministro de Economía, Toto Caputo se quedó con el control de los recursos y los inmuebles de la Vialidad Nacional y podrá hacer caja con la venta de inmuebles y la absorción de partidas presupuestarias. Más allá del contenido ideológico contra la “corrupción K", el gobierno de Javier Milei dejó al descubierto al menos tres datos salientes.
Por medio del decreto 461/25, la gestión libertaria determinó la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de otros dos organismos del área del transporte: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV).
Dispuso, asimismo, la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que ahora quedará acotada a una Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, y la reconversión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos.
Esta nueva agencia se convertirá en la autoridad de aplicación y control de las concesiones viales y además concentrará "las tareas de fiscalización y sanciones sobre los contratos de concesión, permisos y acuerdos de operación de las empresas de colectivos, trenes y camiones que presten servicios de pasajeros y cargas."
En el caso de Vialidad, la administración mileísta estableció -sin mayores explicaciones ni detalles- que “el ministerio de Economía tendrá a su cargo el estudio, la construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias, pudiendo delegar dichas funciones a la jurisdicción que considere pertinente".
El decreto que ordena la desaparición de la DNV sólo señala que “las funciones esenciales de Vialidad -tales como la planificación de la infraestructura vial, la redacción de los pliegos y procesos licitatorios y los controles de gestión, contrataciones y convenios sobre infraestructura vial- serán reasignadas a unidades organizativas integrantes de la cartera de Economía”.
Para técnicos del sector, la ausencia de una hoja de ruta preestablecida para Vialidad evidencia que la medida se adoptó contrarreloj ante la expiración de las facultades delegadas y que aún el Gobierno no tiene claro cómo y cuántos meses demandará el proceso de disolución.
Un día después de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger se atribuyera en los medios la autoría del decreto 461/25, que curiosamente no lleva su firma, la Secretaría de Transporte -a cargo del empresario de seguros Luis Pierrini- divulgó un memo con el esquema tentativo de reparto que tendrían las actividades y funciones de Vialidad.
Según este escrito, las tareas vinculadas a proyectos y planificación de la infraestructura vial pasarán a una “unidad organizativa especial” del área de Transporte; los trabajos de mantenimiento y conservación rutinaria de rutas irán a otra unidad específica de la Secretaría de Obras Públicas; y bajo la órbita de la futura Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte quedarán las funciones de “planeamiento, ejecución, fiscalización y control de las concesiones viales”.
En medio de la incertidumbre generada sobre los cambios, la letra chica del decreto le habilitó a Capito dos vías complementarias para absorber los fondos y activos de Vialidad y de los otros organismos que fueron eliminados.
Por un lado, estableció que “las sumas líquidas y la tenencia en títulos públicos y/o Letras del Tesoro de los entes disueltos que no tengan un destino específico se considerarán de libre disponibilidad y deberán ser transferidos a las cuentas que en cada caso indique la Tesorería General de la Nación”.
Según estiman fuentes del sector, el monto total por esos conceptos y por las partidas presupuestarias que estaban previstas para obras que se anularon oscilaría entre los 400.000 y 500.000 millones de pesos.
Por otro lado, dispuso que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) lleve adelante la “reasignación o enajenación de los inmuebles, vehículos y maquinarias pesadas de los organismos afectados que sean declarados oficialmente sin uso o innecesarios”.
Dentro de esta movida estaría la habilitación de una serie de negocios inmobiliarios al sector privado mediante la venta de los campamentos e instalaciones que posee Vialidad en el país.
Si bien no hay números ciertos y afinados sobre esta cuestión, los cálculos que barajan técnicos del organismo vial indican que, en una primera instancia, Caputo podría embolsar entre u$S 150 y u$s 200 millones con la venta de terrenos e inmuebles que se dejen de utilizar.
En cuanto al personal de Vialidad, la administración libertaria resolvió que hasta tanto se concreten los cambios y transferencias de funciones “se mantendrán vigentes los cargos y puestos de trabajos actuales”.
Según el relato oficial, Vialidad tiene 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en la Casa Central y 4.053 agentes trabajan en los 24 distritos regionales de interior del país.
De esta última dotación, el 67% cumple funciones administrativas y técnicas y sólo el 33% realiza tareas operativas en las rutas.
Aunque no lo admitan públicamente, el objetivo Sturzenegger y Caputo sería aprovechar la reasignación de funciones de Vialidad para achicar entre un 40% y 50% la cantidad de personas empleadas y llevar la dotación definitiva por debajo de los 3.000 agentes.
El rechazo a la medida no se hizo esperar. Por lado gremial, los cuestionamientos vinieron del Sindicato de Trabajadores Viales, que denunció que “Vialidad registra, desde el año pasado, un deliberado desfinanciamiento que llevó a un deterioro de su funcionamiento que, ahora, se usa como justificativo para disolverla con una medida profundamente ideológica que se enmarca en el plan de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión”.
Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) expresó su “profunda preocupación por la eliminación del organismo vial de casi un siglo de trayectoria que afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente”.
Tras alertar que "la falta de mantenimiento en los 30.000 kilómetros que no se concesionarán al sector privado impacta en la producción y en la logística”, las constructoras remarcaron que “la inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional”.