Y al final, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vio la luz después de meses de negociaciones, demoras y amagues. El documento llegó al filo de todo: de los vencimientos, de las PASO y de las vacaciones en el hemisferio norte. Una condición fronteriza que atraviesa todo el pacto, que mantiene la meta fiscal del 1,9% del PBI, flexibiliza el objetivo de las reservas internacionales e independiza el financiamiento del Tesoro. Bajo la sombra de esas premisas, el ministro de Economía, Sergio Massa, deberá actuar mientras se mide como precandidato presidencial para que el Directorio apruebe los US$7.500 millones del desembolso previsto en la tercera semana de agosto y el giro restante en noviembre. Aunque los márgenes acotados de la economía pueden oscurecer el camino hasta diciembre, la firma de este viernes supone un escenario alumbrado por el propio Fondo para el desarrollo sin crisis del período electoral de su mayor deudor.
Luces
El Gobierno logra despejar el frente cambiario, pese a las dificultades que persisten. El Staff Level Agreement prevé realizar operaciones puente para garantizar los pagos que Argentina debe realizar la semana que viene, el lunes 31 de julio y el jueves 3 de agosto, uno de los aspectos que más preocupación generaba en el mercado. Según pudo saber Letra P, el equipo económico y los negociadores se pondrían de acuerdo para patear esas obligaciones para la tercera semana de agosto, cuando el Board se reúna para aprobar el informe técnico y libere los Derechos Especiales de Giro (DEG) para cancelar las obligaciones.
La garantía de un desembolso permite quitar incertidumbre de la escena previa a las elecciones primarias del 13 de agosto. El grupo de representantes de los países miembro del organismo crediticio estará atento al desenlace de la gran primera encuesta electoral y decidirá si destrabará el giro previsto. En caso de éxito, permitirá engrosar las reservas del Banco Central en un momento clave por los efectos que los resultados de las urnas, tanto de las PASO como de los comicios generales del 22 de octubre, pueden tener en un escenario cambiario con tendencia a dolarizarse.
Ese veranito duraría hasta noviembre, cuando los funcionarios de Hacienda y el staff técnico del Fondo vuelvan a reunirse para una nueva revisión y acordar los fondos frescos restantes para hacer frente al pago de obligaciones. Esa situación condicionaría el marco financiero de un eventual ballotage, cuya fecha prevista es el 19 de noviembre.
El Fondo, además, echó luz sobre lo "desafiante" que se tornó la situación económica argentina desde la última revisión, ocurrida en marzo. "Los objetivos clave del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía, así como los desvíos y retrasos en las políticas", explicó en el comunicado oficial. En ese sentido, perdonó el incumplimiento de los metas fiscales, de reservas y de financiamiento de los anteriores trimestres de 2023, la previa de un waiver que deberá otorgar el Directorio para avanzar en la liberación de las divisas.
Aclarado el contexto, flexibilizó algunos términos del acuerdo: la cuenta de las reservas netas en las arcas del Central a fin de año ya no deberá ser US$8.000 millones, sino US$1.000 millones, con el respaldo de "mejoras en el balance energético (resultantes de la finalización de la primera fase del gasoducto) y por la esperada recuperación de la sequía que comienza en la última parte de este año". Es un respiro para el presidente del BCRA, Miguel Pesce, al que le cuesta retener las divisas de la oferta y ve pasar la sangría de dólares ante la altísima demanda. En la actualidad, las consultoras privadas advierten que los dólares propios son casi nulos, entre US$3.000 millones y US$8.000 millones negativos.
Sombras
A contraluz, la sombra. El costo de un acuerdo con el FMI siempre es alto. "No es de por sí una cosa agradable", se sinceró Massa en San Juan. Pasar las elecciones con tranquilidad implicará que el tigrense ajuste el cinturón del gasto y responda a los pedidos del Fondo, si quiere no solo acomodar las riendas de la economía sino mantener puesto su doble traje de ministro y precandidato sin que la gestión afecte a la campaña.
La entidad dirigida por Kristalina Georgieva resolvió mantener la meta de déficit fiscal en 1,9% del PBI, es decir, $2.978.300 millones. En la pulseada, la organización quería llevar el rojo primario a un 1,5%, pero ese punto se lo llevó Argentina. Hasta junio, el Sector Público Nacional (SPN) acumuló $1.880.695 millones, lo que deja un resto de $1.097.605 millones para gastar o un 37% de lo permitido con poco menos de la mitad del año por delante. El Fondo solicita recortes específicos:
- Contener el crecimiento de la masa salarial;
- Actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema;
- Fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales.
En palabras explícitas, el pedido recae sobre los salarios en un contexto de pérdida de poder adquisitivo contra una inflación interanual de tres dígitos; pone el foco sobre el gasto social, es decir, los programas como el Potenciar Trabajo, y la quita de subsidios a las tarifas de energía eléctrica. En la negociación de la cuarta revisión, el FMI ya había pedido reducir 0,7% del PBI en gasto social, con un particular desencanto por las moratorias previsionales y un 0,5% de la asistencia estatal por servicios públicos.
El paquete fiscal implementado en la semana también es parte de las exigencias para sostener el equilibrio fiscal. Si bien el Gobierno logró evitar una devaluación brusca del tipo de cambio oficial, realizó una devaluación a medias que el Fondo celebró mediante la aplicación de impuestos al acceso de divisas para importar bienes y servicios, la mejora del dólar agro con la inclusión del maíz, que encarece el precio de los alimentos, y la suba de la divisa minorista. Son políticas que implican altos costos para las empresas y traslado inflacionario, aunque en Economía aseguran tener estrategias para sortearlo.
Claroscuros
Hay puntos que quedaron en gris. Massa consiguió que el organismo diera rienda suelta a la facultad de intervenir en los mercados de dólares paralelos y de futuros; una cláusula prohibida y rota en abril que ahora, por escrito, el FMI permitirá que el Central utilice.
La herramienta es parte de la estrategia del aspirante presidencial para contener la inflación, ante la influencia de los saltos cambiarios y su traspaso a los precios al consumidor. Sin embargo, el pacto no prevé la transferencia de moneda extrajera o la habilitación para el uso de una parte de los desembolsos con este fin. La autoridad monetaria, entonces, deberá seguir utilizando sus escasas reservas propias para enviar señales de dinero desde su mesa y contener el avance de los dólares bursátiles, que a su vez repercuten en el dólar blue.
Por otro lado, los US$7.500 millones servirán para cubrir los vencimientos de julio y agosto, pero, según estimaciones de la consultora PxQ, "si se incorpora el pago realizado en junio, para evitar caer en atrasos, el total alcanza US$11.300 millones". Con los eventuales US$2.500 millones de noviembre, no alcanzaría a cubrirse la totalidad de las obligaciones, aunque, con la revisión del anteúltimo mes del año, el Gobierno podría pedir más fondos.
