Toto Caputo prioriza el equilibrio fiscal, pero cede recursos a favor de la importación. ¿Quién financia "la competitividad sistémica" que pide la UIA?
Javier Milei en la UIA.
Javier Milei y Toto Caputo le declararon la guerra a los industriales argentinos, nuevos enemigos designados de la narrativa oficial anticasta, con Paolo Rocca como rostro más ilustre: los acusan de prebendarios y ladrones. Sin embargo, nada han hecho en dos años al mando del Gobierno para agregar competitividad a la fabricación nacional.
Concretamente: eliminación de las retenciones a las expo industriales, devolución de saldos de IVA, reducción de impuestos nacionales, freno al contrabando, mejora de la infraestructura logística y desdolarización de tarifas son medidas que reclama el sector, sin éxito hasta el momento.
Los industriales aseguran que Argentina tiene la presión impositiva más alta de la región. Además, la falta de infraestructura portuaria y vial genera que el costo logístico argentino esté un 43% por encima del promedio del resto de Latinoamérica. Todo, en un contexto de consumo deprimido.
El Gobierno priorizó el equilibrio fiscal y frenó la obra pública, en tanto la baja de impuestos y aranceles y la eliminación de regulaciones que dispuso mejoraron más las condiciones para la importación de bienes terminados, que creció un 53% en cantidad respecto de 2024.
El Gobierno puso a competir a los locales con el mundo, fundamentalmente con China, donde, por caso, el precio del acero está a la mitad del que se consigue en Argentina, con escalas de producción inalcanzables para el entramado local.
Los industriales aseguran que pierden competitividad por la dificultad histórica de acceder a crédito en el país: el promedio de endeudamiento para inversión en Argentina es tres veces menor que en el promedio de América Latina. La tasa variable de un crédito productivo a 36 meses está aproximadamente un 38% sobre la inflación, casi lo mitad del interés que se cobraba el año pasado.
El propio Paolo Rocca, en una carta pública, marcó que las “economías occidentales aplican aranceles, cuotas y acciones antidumping que buscan evitar que el comercio desleal afecte sectores estratégicos como el siderúrgico”. Citó el ejemplo de Estados Unidos, "porque Donald Trump introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes (incluida la Argentina)”.
Matías Bolis Wilson, economista Jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), aseguró a Letra P que “una parte de lo que le hace falta a Argentina está en vías de solución: estabilidad macro, es decir, contener la inflación, tener tipo de cambio real razonable y equilibrio fiscal”.
“El país necesita infraestructura en muchas cadenas de valor y el Gobierno tiene que atender eso este año; hay que ver cómo lo va a financiar y por eso es importante volver a los mercados internacionales”, dijo el economista.
"El Gobierno -agregó- necesita superávit fiscal para bajar los impuestos o devolver los saldos de IVA, que es un problema que arrastramos desde hace muchos años. Es en un delicado equilibrio: formalizar parte de la economía en negro y aumentar la base de contibuyentes, pero también hay muchas pymes que están informales y si se blanquean no pueden trabajar, no pueden abrir las puertas”.
-¿El Gobierno se apuró en la apertura importadora y dejó a los industriales a la intemperie sin las reformas que necesitaban?- consultó Letra P.
-La apertura no es completa todavía; es una suerte de señalización de rumbo. La convertibilidad de Domingo Cavallo abrió las importaciones de un día para otro, eso fue un aluvión de cosas y muchas empresas no estaban preparadas- respondió Bolis Wilson.
En diálogo con este medio, el sociólogo y director de Desarrollo Productivo de Fundar, Daniel Schteingart, dijo que “hay productos industriales que pagan retenciones, como la siderurgia o la automotriz, y el Gobierno priorizó bajar a cero las retenciones al oro; mejor hubiera sido eliminar las retenciones de las manufacturas en general”.
Agregó que “también podría pensar en tomar el pago del impuesto al Cheque a cuenta de otros tributos, porque ese gravamen perjudica a las cadenas transaccionales con muchos eslabones, como la industria. También podríamos tener un tipo de cambio un poco más competitivo”, afirmó.
“El Gobierno eligió bajar aranceles, lo que tiene un costo fiscal. Eso le impactó en la baja de precios del mercado interno, con la consecuencia de afectar a la industria local", advirtió y sugirió: "Podría haber priorizado usar ese costo fiscal para bajar retenciones a las exportaciones industriales”.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que la “carga tributaria legal argentina sobre un alimento se ubica entre el 42% y 43% del precio final”. Eso involucra costo impositivo y previsional de la cadena productiva en nación, provincia y municipios.
El presidente del instituto, Nadin Argañaraz, afirmó que “la presión tributaria efectiva nacional, la recaudación dividida el PBI, habría alcanzado el valor mínimo de 20 años durante 2025”.
“Bajamos nuestros costos internos. Incluso hubo quienes invirtieron, pero no podemos competir sin que el Gobierno encare las reformas estructurales e impositivas”, dijo a Letra P Salvador Femenia, secretario de Prensa de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Femenia agregó que, por ejemplo, "Techint quedó 40% arriba en su primera oferta sobre la firma india Welspun y los impuestos que afronta la industria están por encima de eso”.
Guido Bambini, analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hizo un raconto de todas las medidas en contra de la promoción de la industria local que tomó la administración libertaria.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) hace equilibrio político para no romper con el Gobierno. Presentó su propuesta “por un nuevo contrato productivo”, donde expresó que “se necesitan políticas públicas que potencien las capacidades productivas de cada región y reduzcan las asimetrías que actualmente existen”.
Habla de nivelar la cancha para competir. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le apuntó directamente a la UIA y sostuvo que “es una idea equivocada y un razonamiento cómodo, el de la cancha desnivelada; es una buena manera de patear los cambios porque se presume que el gobierno difícilmente baje los impuestos aunque Javier Milei lo haya hecho”.
La saga del Gobierno contra la industria se manifestó con el apodo “Don Chatarrín” que le puso Milei a Rocca, con la confesión de Caputo de que nunca compró ropa en la Argentina "porque te roban”, una provocación para los textiles, y el desafío a la UIA a salir a competir, porque “no hay cancha inclinada”.
La campaña tiene el antecedente de la declaración de guerra original, lanzada por Milei estrenó en la propia sede la Unión Industrial Argentina en 2024, cuando les dijo en la cara a sus anfitriones: "Para proteger a la industria se le robó al campo y lo único que se generó es un sector adicto al Estado".