El gobernador depende del endeudamiento para cerrar las cuentas. El peso de Ingresos Brutos y la carta de los bancos para negociar con Javier Milei.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
Seis de cada diez pesos que gastará el gobernador Axel Kicillof en 2026 serán para pagar salarios y jubilaciones, en un presupuesto que requiere de la reñida autorización de endeudamiento para refinanciar vencimientos y ganar algo de margen para realizar obras públicas en la provincia de Buenos Aires.
Sin recursos nacionales adicionales a los de la masa coparticipable, y en medio de la disputa por los $ 13 billones que Kicillof le reclama al presidente Javier Milei para financiar partidas de seguridad, salud y educación, el gobernador se queja hacia arriba, pero puja hacia abajo con la oposición y los intendentes para conseguir la autorización para endeudarse.
En paralelo, afinó la ingeniería impositiva para recaudar más por el impuesto a los Ingresos Brutos y la actualización mensual por inflación de los tributos patrimoniales.
“El presidente Javier Milei recortó de manera ilegal fondos que alcanzan los $ 13 billones y que destinábamos a educación, salud, seguridad y jubilaciones: debe comprender que no se los robó a este gobernador, sino a todos los bonaerenses”, dijo el mandatario al presentar su cálculo de recursos para el año próximo. “A esto se le suma una caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por sus políticas", añadió.
El Presupuesto bonaerense, sancionado esta semana después de un largo debate, prevé gastos por $ 43 billones y recursos por $ 41,5 billones, lo que supone un déficit primario de 0,2% del Producto Bruto Geográfico (PBG). Será un rojo algo menor al de 2025, que rondaría el 0,3% del PBG, según la consultora Empiria, del exministro de María Eugenia Vidal Hernán Lacunza.
Los números gruesos dejan poco espacio para la creatividad. El 58% de los gastos son para pagar los salarios de los cerca de 540.000 trabajadores provinciales (40% de las erogaciones) y las jubilaciones a cargo de la gestión bonaerense (18%). Son unos 24,6 billones de pesos.
Las proyecciones son muy conservadoras: suponen un aumento del 1% real en los salarios de la administración pública y una indexación por inflación del gasto previsional. Los gastos de capital informados por la provincia suman $ 3,2 billones, o el 7,4% del total.
La recaudación propia estará fuertemente apalancada por Ingresos Brutos, que representa más del 70% de la plata que junta la provincia. Según el proyecto, la recaudación real por este tributo crecería 3,4%, en un contexto complicado por la fuerte contracción de sectores de mucho peso en la provincia, como la industria, la construcción y el consumo masivo.
Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), afinó el ingenio. La recaudación por Ingresos Brutos crecería por la licuación de los topes con los que las empresas no llegan a la alícuota máxima, de acuerdo con su facturación. Como en 2025 la Legislatura no sancionó el Presupuesto ni la ley tributaria, esos topes no se actualizaron y muchos contribuyentes pasaron a pagar más. En el texto de 2026, la actualización de los topes es del 60%, inferior a la inflación acumulada en los dos años que pasaron desde la última modificación.
Otro punto vinculado a Ingresos Brutos que hizo ruido fue la eliminación de la exención a los bancos por sus inversiones en títulos públicos nacionales. El texto sigue eximiendo las inversiones en bonos subnacionales, en lo que es un mensaje teledirigido a la Nación para negociar recursos.
La norma devuelve a esas operaciones una alícuota de 9% que puede encarecer el costo de financiamiento de la Nación en cada rollover de deuda doméstica, pero con un detalle: requiere, para su instrumentación, un decreto provincial. Es una diferencia sensible, ya que el resto de las modificaciones impositivas funcionarán de forma automática, una vez sancionado el texto, a partir del 1 de enero.
El impuesto al automotor y el impuesto inmobiliario también aportarán más recursos. Si bien el automotor arranca con una reducción nominal de más de 30%, ambos tributos se actualizarán por la inflación de cada mes, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, y no se licuarán.
Más allá de esta ingeniería, Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López, previeron una mejora en la coparticipación de impuestos del 5,6% real, consistente con una mejora en la actividad, pero que depende de la reforma tributaria que impulsan Milei y Toto Caputo.
Por todo lo anteriormente expuesto, la toma de deuda es clave para cerrar los números. La ley de financiamiento busca autorizaciones para tomar deuda en pesos o en dólares por u$s 3.285 millones, más otros u$s 400 millones a destinarse a obras de energía y vialidad.
Como viene contando Letra P, Kicillof negocia con los intendentes la asignación del 8% de los empréstitos generales (no el que se asignará a obras) a municipios. Sobre esos más de u$s 3000 millones, sin embargo, hay una coda: el gobernador busca el equivalente a u$s 1045 millones para recuperar fondos con los que pagó vencimientos que saldó este año, sin autorización para tomar deuda.
"Teniendo en cuenta que las necesidades financieras de la provincia en 2026 ascenderían a u$s 1856 millones, por vencimientos de deuda por u$s 1600 millones y el déficit primario estimado en u$s 256 millones, el pedido de endeudamiento resulta excesivo", consideró Empiria.