Federico Sturzenegger quedó fortalecido tras lograr que Diputados aprobara la “Ley Hojarasca”. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado planea otro proyecto con dos temas centrales: la flexibilización de venta de medicamentos y de las operaciones inmobiliarias. La reducción de impuestos portuarios y la derogación del etiquetado frontal estarían en el paquete.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
Sturzenegger redactó estas iniciativas junto al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, presente el pasado miércoles en Diputados para celebrar la aprobación de la principal apuesta legislativa del ministro. La nueva iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días para agilizar el debate en el segundo semestre, cuando Hojarasca ya haya sido sancionada en el Senado.
La agenda del economista no se detiene ahí. Tomó a su cargo la implementación del acuerdo bilateral con Estados Unidos y no está muy conforme con la aplicación en ese país, porque encontró obstáculos para ampliar los cupos de importación de carne prometidos. Hasta que no se resuelvan esos conflictos, La Libertad Avanza (LLA) no acelerará en Diputados la consideración de la adhesión al Tratado de Patentes, una de las exigencias de Donald Trump.
Las ventas de Federico Sturzenegger
El ministro está decidido dar la discusión en el Congreso sobre un tema tabú, como es la posibilidad de comercializar medicamentos libremente. Es una pelea de larga data, que tiene como protagonistas a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la cadena Farmacity.
El DNU 70/23 desreguló la venta de medicamentos, pero la COFA logró frenar la medida con una cautelar, que suspendió la vigencia de todas las normas reglamentarias vinculadas, incluidos los decretos complementarios. Uno es el decreto 1024, que ratificó la posibilidad de vender medicamentos en cualquier sistema.
Farmacity fue a Tribunales y logró una sentencia a su favor que declara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley de farmacias y quedó habilitada a vender medicamentos en góndolas.
Sturzenegger es más ambicioso: su proyecto permitirá comercializar fármacos en cualquier canal de venta, incluido el mercado digital. “Queremos dar el debate y ver quién se hace cargo del precio de los medicamentos”, dicen en Modernización. Será el primer tema de la nueva ley Hojarasca y no será fácil que sume a gobernadores aliados, por el lobby de las cámaras farmacéuticas provinciales.
Habrá conflicto en los distritos si avanza el plan para habilitar la venta libre de propiedades. En los hechos, el cambio le quitaría exclusividad en las operaciones a los martilleros inmobiliarios, cuyas comisiones absorben hasta el 7% del valor del inmueble.
El plan de Sturzenegger es que una ley nacional de orden público borre las normas provinciales que permiten el trabajo de los corredores inmobiliarios. Podría haber intermediarios, pero sin obligación de matricularse, un trámite que alcanza los cuatro millones de pesos.
La última flexibilización del ministro sería en la navegación, con el objetivo de bajar el costo logístico marítimo y fluvial. En el norte hay hasta cinco puntos para retener barcos. Además, la reforma en estudio habilitaría la navegación de buques extranjeros en ríos internos, donde hasta ahora sólo pueden circular tripulaciones locales.
En un proyecto aparte, el economista podría intentar derogar la ley de etiquetado frontal, que rige desde 2021 y creó los octógonos negros que ilustran los productos para informar si hay exceso de sodio o azúcares. Hay mucha presión de la industria alimenticia para dar ese paso.
Propiedad privada, próxima parada
Sturzenegger tendrá un próximo festejo en el Senado, que, en la sesión prevista para el 4 de junio, podría aprobar el proyecto para garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada. El dictamen se firmó el pasado miércoles, con muchas reformas al texto original que prometen una ley más light.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo permitía ejecutar desalojos en tres días y en el dictamen ese plazo se amplió. Ante la falta de pago, las intimaciones serán entre las partes; mientras que, si se trata de un reclamo, habrá un plazo de diez días.
En cuanto a las expropiaciones, que la iniciativa busca limitar, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30%. La tasa de interés será IPC más la del Banco Nación a 30 días y las fechas para establecer el valor del inmueble serán anteriores a cualquier acto vinculado a la expropiación.
Las tierras rurales podrán ser compradas por extranjeros, pero no por Estados, un claro gesto hostil a China. En zonas de frontera habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Se elimina la ley de manejo del fuego, creada por Máximo Kirchner para impedir por 60 años cambiar uso del suelo tras incendios. Pero se mantienen restricciones para construir sobre bosques nativos.