El debate comenzará el 14 y la sesión será el 4 de noviembre. La oposición pide precisar los fondos para pensiones. Santilli negocia con gobernadores.
Diego Santilli, clave en la negociación del Presupuesto.
El Gobierno intentará aprobar en Diputados el Presupuesto 2027 el 4 de noviembre, cuatro días antes de la visita al país del Papa León XIV. Los debates comenzarán el 14 de octubre. Habrá cuatro jornadas con invitados y la firma de dictámenes será el miércoles 28.
Para cumplir este cronograma, La Libertad Avanza (LLA) aceptó revisar las partidas sobre discapacidad y adaptarlas al dictamen que presentó para terminar la emergencia de un sector que será protagonista de la agenda del sumo pontífice. Una de sus jornadas será en el Cottolengo de Don Orione.
El oficialismo tuvo respaldo en su despacho de aliados como el PRO, la UCR, los bloques de San Juan y Neuquén, el MID y Argentina Federal (AF). El pasado viernes Eduardo Falcone (MID), Oscar Herrera Ahuad (AF) y el larretista Álvaro González presentaron una nota a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para pedir que especifique si en la ley de leyes están disponibles los recursos para cumplir con el dictamen. El informe debe habilitarlo el diputado libertario Bertie Benegas Lynch.
En la oposición identificaron en la propuesta enviada por Javier Milei una caída real del 13,9% en el programa Incluir Salud, que es la cobertura asignada por el Estado nacional a quienes no tienen una obra social. Tampoco hay un aumento en la inversión de pensiones.
En LLA aceptan que las partidas son escasas y dan una explicación. "Están los gastos estimados. Pero en el artículo 19 del proyecto se especifica que para las pensiones no contributivas habrá una compensación en la jurisdicción 91. El incremento real supera el 21%", aseguran. De todos modos, prometen corregir las terminologías para asegurar la inversión.
En el peronismo advirtieron que esta partida puede ser una trampa. El diputado de Unión Por la Patria (UP) Guillermo Michel detalló que la jurisdicción 91 crece de $5,6 a $14,8 billones, de los cuales 7,7 son "sin ley ni criterio" de distribución. "Es una caja para negociar con los gobernadores y apretarlos con cambios en la reorganización de las competencias de los distintos niveles de gobierno", sostuvo el entrerriano.
La oposición exige un cambio en la denominación de los subsidios a personas con discapacidad y especificar los montos. Ocurre que en las planillas se indican como "pensiones por invalidez laboral", porque es la denominación que se le vuelve a dar en el capítulo VI del proyecto, como parte de un ajuste que los aliados no están dispuestos a avalar.
La confusión es mayor porque los artículos sobre pensiones del dictamen de LLA no son claros. Mantienen las condiciones para otorgar el beneficio dispuestas en la ley de emergencia, que es tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cobrar menos de dos salarios mínimos.
Pero, a diferencia de la norma vigente, la propuesta libertaria no absorbe las pensiones de invalidez que están vigentes y consolida un sistema dual, con dos subsidios diferentes. A estas últimas no les asigna expresamente la cobertura médica de Incluir Salud.
Voceros de LLA prometieron revisar estas definiciones. "Se van a hacer modificaciones para que quede una terminología congruente entre el Presupuesto y ley de sostenimiento", prometen. De todas maneras, los aliados que firmaron el dictamen exigen ver números.
Los tiempos obligan al Gobierno a dar respuesta. Los proyectos sobre discapacidad se tratarán en el recinto el 7 de octubre y, si los aliados no consiguen los cambios que quieren, podrían votar el dictamen de la oposición para prorrogar la emergencia. Ese es el peor escenario para la Casa Rosada, donde no quieren que siga vigente esa definición para no volver a perder litigios judiciales.
Las negociaciones por el presupuesto comenzarán esta semana en París, donde se realiza el Argentina Week. Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli compartirán el viaje junto a 13 gobernadores. Se subirán al avión Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan).
Los gobernadores aliados, por ahora, se mantienen cautos. "Los problemas no cambiaron: Milei sigue quedándose con el impuesto a los combustibles, restringiendo obras públicas y presupuesta un cuarto de los ATN que se recaudan. Pero cada mandatario negocia en forma particular y no hay ánimos de romper", contó a este medio el asesor en estos temas de un jefe provincial que está en París. La principal gestión desde las provincias es por avales para tomar deuda.
Michel revisó las planillas e identificó entre los impuestos que más crecen aquellos que no se reparten con los gobernadores. El de combustibles proyecta una suba en la recaudación de 59,3% y sólo un cuarto es para distribuir entre las jurisdicciones.
También aumentan los ingresos por derechos de exportación (41,3%) y de importación (39,2%). "Quedan en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin hacer obra pública: el Gobierno incumple el destino que la ley les fija a esos fondos", detalló el entrerriano.
El diputado cuestionó además la escasa obra pública incluida en el presupuesto, que equivale a 1,06 billones de pesos. "Es el 1% de lo que reciben las provincias por coparticipación y el 0,07% del PIB", comparó.
Además, destacó que los tres proyectos que lideran no son planes. Benefician a Santa Cruz (aprovechamiento hidráulico, con endeudamiento externo), Salta (rutas 9/34 y 51); y Buenos Aires, dónde se destacan un complejo penitenciario federal y la autopista Presidente Perón.
