Impuso el dictamen de Discapacidad y se enfrentó a los Caputo y Lugones. Cómo se escribió el texto que rearma el Presupuesto 2027. Bullrich, la rebelde.
Karina Milei.
En sólo cinco días, Karina Milei sacudió la interna del Gobierno y dejó claro que está dispuesta a mover las piezas necesarias para no repetir errores del año pasado, cuando la credibilidad presidencial fue golpeada con derrotas semanales en ambos recintos del Congreso.
Las maniobras de la secretaria general de la Presidencia tuvieron resultados dispares y subieron la tensión en la Casa Rosada. En Diputados, habilitó la firma de un dictamen del oficialismo para garantizar derechos a las personas con discapacidad que, una semana antes, su hermano Javier Milei había propuesto acotar en el proyecto de Presupuesto que envió a la misma cámara.
Los ejecutores de este cambio de rumbo fueron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los Menem, Lule y Martín. Barrieron de la toma de decisiones al trío más poderoso de la Casa Rosada: los Caputo (el ministro de Hacienda, Toto, y el asesor Santiago) y el ministro de Salud, Mario Lugones, artífice del ajuste en discapacidad. Seguirá con el área a su cargo, ahora con el secretario Pablo Di Liscia, quien tiene pasado en el PRO.
En La Libertad Avanza (LLA) aseguran que fue recomendado por el diputado amarillo Cristian Ritondo y que los rumores sobre una supuesta incidencia de Toto Caputo son falsos. Cerca del legislador niegan cualquier incidencia en la designación. "Nunca daría su nombre. Se fue de la administración de IOMA por mal desempeño", aclaran. Di Liscia reemplazó a Alejandro Vilches, quien renunció tras la filtración de una auditoría interna que se había negado a detallar en su visita a Diputados y deberá explicar en la Justicia, donde su jefe, Lugones, siempre sale ileso.
Karina recibe todas las semanas a una comitiva del PRO y decidió enfrentar a sus cuatro enemigos internos. Sus exégetas en el Congreso dicen que esta vez está dispuesta a "liquidar la interna". Está molesta porque estos funcionarios se esconden, erosionan a Milei y no asumen el rol de buscar votos en las urnas o en el Congreso. Aun así, mantienen llegada directa al Presidente y logran persuadirlo.
En el Senado, no hubo derrotas oficialistas esta semana, pero a Karina no le fue bien. Patricia Bullrich volvió a mostrar gestos de autonomía y, por su cuenta, acordó modificar el proyecto de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, para que la cámara alta tenga que dar aval para echar directores.
El Jefe no pudo detener a la exministra de Seguridad pero no sé quedó quieta: la noche previa a la sesión armó una reunión con el bloque libertario del Senado para recordar que todavía manda ella. Hubo una conversación sobre generalidades, con Menem a su lado. La hermanísima sorprendió al responder preguntas a la televisión para garantizar total armonía durante la visita del Papa León XIV.
"Se filtran rumores sobre discusiones con los obispos que no son ciertas", se molestan en su entorno. Karina ya les dijo a los legisladores en su última reunión que, de una de las actividades del sumo pontífice, compartirán un evento con la oposición y deben comportarse bien.
La semana próxima no habrá actividad en el Senado, por las ausencias previstas. En Diputados, el miércoles empezará el debate de la ley de defensa de la soberanía, fruto de la malvinización del Gobierno y, un día antes, se dictaminarán proyectos sobre endeudamiento familiar.
El dictamen que firmó el oficialismo sobre la discapacidad, con un contenido diametralmente opuesto al Presupuesto, dejó atónitos a los referentes de la oposición. Tanta fue la sorpresa, que diputados de Unión por la Patria (UP) activaron los contactos con organizaciones vinculadas al sector para pedir una hoja de ruta. Las conversaciones seguirán, al menos, hasta el miércoles 7, la fecha estimada de sesión.
El despacho oficialista deja atrás la declaración de emergencia, una figura jurídica que suele ser útil para litigar en la Justicia ante eventuales incumplimientos de una norma. El texto fue escrito casi en su totalidad por bloques aliados a LLA, que no están dispuestos a perder por sexta vez una votación por un tema tan sensible.
La UCR, el PRO, los bloques de San Juan, Neuquén y Argentina Federal (Salta y Misiones) participaron de las gestiones. La encargada de recolectar inquietudes fue la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, quien hasta diciembre integró el bloque PRO.
La redacción del dictamen de mayoría fue tarea de su compañera Gisele Castelnuovo, quien reporta a Lule Menem, mano derecha de Karina. La interna fue total. Castelnuovo informó en tiempo real de los artículos que se iban agregando a la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, leal a Santiago Caputo.
En el Congreso apodan a la jurídica despectivamente “La maga”, porque el año pasado firmó una resolución para suspender la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, cuando ambas cámaras habían rechazado el veto presidencial. Hay legisladores de la oposición que esperan ansiosos el día en que la funcionaria se anime a dar una clase en alguna universidad para que un alumno le pregunte por el rigor constitucional de aquella decisión.
Castelnuovo ignoró cada sugerencia de Ibarzabal Murphy, quien se quedó esperando en su despacho la versión final del dictamen. Nunca le llegó y tuvo que leerlo en los medios de comunicación. Este viernes, desde las oficinas de los Caputo surgieron versiones periodísticas de que el despacho será nuevamente modificado en el recinto.
En Diputados no las toman en serio: el ministro y el asesor no saben cómo conseguir los votos en el Congreso. El año pasado perdieron un capítulo entero del presupuesto por querer ajustar en discapacidad. Santilli y Menem no están dispuestos a repetir la historia.
El dictamen de mayoría firmado el miércoles por LLA contradice el capítulo VI del Presupuesto, que es el calco de un proyecto de ley enviado en abril por Milei y Lugones al Senado. Mientras que estos textos borran los artículos centrales de la ley 24.901, el corazón de los derechos para las personas con discapacidad, el despacho de comisiones garantiza la totalidad de esa norma en su artículo inicial. También contempla la indexación de las prestaciones y mantiene los requisitos para otorgar pensiones, aunque con mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Menem y Machado miraron los números finos con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien parece moverse en un carril paralelo a Toto Caputo. De hecho, el funcionario mostró que las partidas para pagar pensiones están incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, pero que igual el ministro de Hacienda escribió artículos para no usarlas.
La explicación es simple. Toto consultó a sus colegas de Gabinete para redactar el presupuesto y Lugones insistió con su plan de restringir el sistema de prestaciones a discapacidad. De prosperar su propuesta, mejorarían los balances de las prepagas y las obras sociales más grandes.
Entre los aliados hay desconfianza. Este viernes pidieron por nota un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para conocer el costo fiscal que implica el dictamen de mayoría que firmaron y exigieron que estas partidas sean detalladas en el presupuesto 2027, que empezará a discutirse el 14 de octubre en Diputados y llegaría al recinto el 4 de noviembre.
La solicitud la firman todos los bloques que definen el cuórum en el recinto: Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Álvaro González (PRO), Eduardo Falcone y Oscar Zago (MID). El informe a la OPC lo tiene que pedir el libertario Bertie Benegas Lynch. Si no lo hace, estos bloques podrían votar la emergencia en el recinto junto a Unión por la Patria.
La bronca de los diputados libertarios con Lugones no es nueva. Los que integran la comisión de Discapacidad nunca salieron de su espanto por el proyecto que envió al Senado en abril y volvieron a leer en el Presupuesto. No pueden creer las aberraciones jurídicas en las que, una vez más, incurrió Ibarzábal Murphy.
“Se retrocede en derechos a un sector protegido por una convención que tiene rango constitucional. Es una burrada total que no pasa un juzgado de primera instancia”, llegó a decir una diputada oficialista, oriunda del norte del país.
Guberman envió números al Congreso que enfurecieron a Karina Milei, porque teme que no estén en el radar de Milei. La conclusión que sacaron en el parlamento es que la obsesión de Lugones por sumar ingresos a sus colegas de la industria de la salud trajo problemas fiscales y podría acarrear más si prospera su propuesta.
Estos problemas no habrían ocurrido si, a comienzos de 2025, Lugones hubiera actualizado los valores del nomenclador de las prestaciones, que en su mayoría se pagan con fondos privados. El congelamiento de estos aranceles activó el debate legislativo y sumó gastos que Milei tuvo que afrontar.
Ocurre que la ley de emergencia y los fallos judiciales posteriores obligaron al Presidente a restituir 100 mil pensiones por invalidez laboral, aún cuando las auditorías habían determinado que al menos una parte estaban mal otorgadas. Todavía se están pagando.
Menem no quiere volver a perder una votación para mejorar los balances de las prepagas y se lo hizo saber a Karina. Al riojano lo acompañan en su estrategia Rodríguez Machado y Silvana Giudici, quien tiene a cargo la negociación de un proyecto para aliviar las deudas familiares, un tema que tendrá dictamen el martes.
El pasado martes en la reunión de la mesa política, el presidente de la cámara de Diputados planteó su postura y no tuvo objeciones. Santiago Caputo no fue. Karina y Santilli lo apoyan. Bullrich también, pero además es capaz de doblar la apuesta.
La jefa de LLA en el Senado sigue su camino elegido. Cada semana, negocia con los aliados temas para sesionar y, luego, discute la rutina de sesión con los jefes de todas las bancadas. El peronismo siempre está invitado, al menos para escuchar.
Bullrich intenta realizar sesiones semanales para aprobar proyectos y no le preocupa darle el micrófono a la oposición dura para que despotrique al Gobierno. Esa táctica empezó a tener sentido: el pasado jueves, ningún kirchnerista tuvo ganas de pedir cuestiones de privilegio.
En la votación para eliminar el régimen de zonas frías, el interbloque del PJ dejó sus bancas vacías a la espera de frustrar la sesión. No tuvo fisuras en esa posición, aun cuando los mandatarios del norte del país que no reportan al PJ militaban la ley, con la expectativa de recibir a cambio una resolución para reducir las tarifas de luz en el verano.
Tal vez como gesto, el santiagueño Gerardo Zamora había dejado la banca vacía de Elia Moreno desde el inicio de la sesión. Los dirigidos por José Mayans se fueron del recinto luego de anotar a una veintena de sus miembros en la lista de oradores. Apostaron a que LLA perdiera aliados. No ocurrió. "No hubo internas. Les tiramos la presión a los aliados y no funcionó", aseguran en la bancada.
Santilli fue el artífice de sancionar la ley que le permitirá a Milei bajar los subsidios al gas y sumar inversiones energéticas. Prometió una rebaja eléctrica al norte, que se aplicará entre diciembre y febrero.
Además, para retener a los senadores aliados de la Patagonia, que también tendrá aumentos tarifarios, el jefe de Gabinete incorporó en la versión final de la ley una condonación de las deudas por la compra de energía a las distribuidoras locales. El texto original acotaba ese beneficio a las de la zona metropolitana, como Edesur y Edenor, que tienen juicios con Cammesa por los congelamientos de tarifas, producto de leyes de emergencia.
En las provincias, las proveedoras finales de energía no siempre congelaron el valor del servicio y muchas arrastran deudas siderales por generación y transporte, que tal vez nunca paguen.
La reunión de la mesa política del próximo martes tendrá a Bullrich en el banquillo. Nunca avisó que aceptaría un cambio sustancial a la reforma del Banco Central, referido a la remoción de directores. Con la ley actual, el Presidente puede echarlos, previa opinión no vinculante de una comisión del Congreso creada para la ocasión.
El proyecto que envió Milei agregaba como requisito el aval de dos terceras partes de cada cámara. La mayoría pedida es inconstitucional: sólo la carta magna puede requerirla, porque cualquier otra ley se sanciona o se modifica con mayoría simple. Otro error de Ibarzábal Murphy para la historia
Bullrich aprovechó la necesidad de corregir ese artículo para negociar que sea sólo el Senado el autorizado a avalar el despido de un director del BCRA. Es un cambio histórico que ningún opositor había pedido y podría llegar por la obsesión de Milei en que haya una baja del Riesgo País, el indicador financiero que esta semana volvió a subir.
Si una ley con este contenido hubiera estado vigente en 2010, Martín Redrado podría haber juntado los votos en el Senado para resistir el pedido de renuncia de Cristina Fernández de Kirchner. También podría haber permanecido en su cargo mucho más tiempo Juan Carlos Fábrega, el extitular de la entidad monetaria eyectado por Axel Kicillof en 2014, a pocos meses de haber conseguido acuerdo en el Senado.
Karina Milei trató de frenar el cambio negociado por Bullrich con llamados a senadores libertarios hasta minutos antes de votar. "Yo no soy jefe de bloque", le respondió el senador Agustín Monteverde a Lule Menem.
Como la modificación fue avalada por dos terceras partes del Senado, a partir de un apoyo del peronismo, Diputados necesita la misma mayoría para ratificar la versión original. Sin el aporte de Unión por la Patria, ese número es imposible de alcanzar.
Milei debe decidir si la ley que pensó como mensaje a los mercados le es útil dándole tanto poder a un Senado que, al menos hasta el año próximo, controlará Bullrich, la figura de su Gobierno que menos le hace caso. No es un dilema fácil de resolver.
