El bloque del PJ en la cámara baja provincial reclamó por la distribución de fondos, la falta de inversión y las obligaciones que le cargan a la provincia.
Walter Agosto, diputado del PJ y exministro de Hacienda de Santa Fe, criticó el proyecto de Presupuesto 2027.
Los diputados justicialistas de Santa Fe cuestionaron el Presupuesto 2027 impulsado por el presidente Javier Milei y advierten que la iniciativa reduce recursos para obras, infraestructura y políticas sociales. El planteo también señala que la Nación traslada nuevas obligaciones a las provincias sin destinar partidas adicionales.
El diputado provincial Walter Agosto, junto a Celia Arena, Lucila De Ponti, Sonia Martorano, Verónica Baro Graf, Marcos Corach, Miguel Rabbia y Alejandra Rodenas presentaron un proyecto de declaración contra la iniciativa enviada al Congreso. El texto puso en el centro la relación entre Santa Fe y el Gobierno nacional.
La declaración expresa “preocupación y rechazo” por el proyecto y sostiene que sus lineamientos perjudican particularmente a Santa Fe. El reclamo incluye los fondos para la caja de jubilaciones provincial, la inversión en infraestructura, las transferencias de capital, el transporte y distintas políticas sociales.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la caja de jubilaciones de Santa Fe. Según los fundamentos del proyecto, el Presupuesto 2027 no contempla la diferencia que debe cubrir la Nación respecto del anticipo de $120.000 millones acordado entre ambas administraciones.
El documento recuerda que el Gobierno dejó de cumplir con esos pagos apenas dos meses después de la firma del convenio. Para los legisladores, el problema excede una partida puntual y plantean una discusión sobre los recursos disponibles frente a las responsabilidades que debe afrontar la provincia.
El capítulo de inversión constituye otro eje del planteo. De acuerdo con el proyecto, los fondos destinados a iniciativas en Santa Fe caen 24,3% en valores nominales respecto de 2026 y 33,5% en términos reales. Además, de acuerdo a la lectura de los legisladores justicialistas, la provincia representa el 2,3% del total de la inversión prevista para las distintas jurisdicciones.
Los diputados sostienen que ese esquema ubica a Santa Fe entre las cuatro provincias más perjudicadas. El proyecto nacional contempla 15 iniciativas para el territorio santafesino, con predominio de obras de mantenimiento vial y presupuestos que, según los autores, generan dudas sobre su impacto y sus tiempos de ejecución.
La discusión también incorpora el traspaso de responsabilidades sobre infraestructura vial. El texto menciona la transferencia de 457 obras a provincias y municipios por 20 años y señala de manera específica a la AO12. Según los fundamentos, la provincia debe asumir tareas de mantenimiento, conservación, rehabilitación y nuevas obras sin mayores recursos.
El reclamo incluye además obras consideradas estratégicas para el territorio. Entre ellas figuran la ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Granadero Baigorria. El documento vincula esa situación con la disolución del ENOHSA y sostiene que la inversión nacional en vivienda había disminuido de forma marcada tras la eliminación del Procrear y del Fondo de Vivienda Social.
Las transferencias de capital para infraestructura constituyen otro punto de cuestionamiento. Según el proyecto, esos recursos registraron una caída real del 95% respecto de la ejecución de 2023. Para sus autores, ese dato refleja un cambio en la distribución de responsabilidades entre la Nación y las provincias.
El transporte completó otro de los frentes planteados por los diputados. El proyecto recuerda que el Fondo Compensador para el interior había sido eliminado en 2024, después de permanecer vigente hasta 2023, y sostiene que no existen partidas para ese concepto en el Presupuesto 2027.
En paralelo, los fundamentos señalan una previsión de $762.000 millones para el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires mediante los fideicomisos SISTAU/SIFER. El planteo contrapone esa asignación con la ausencia del fondo destinado al transporte del interior.
En materia social, los legisladores cuestionaron los cambios previstos para las pensiones no contributivas por invalidez laboral. El proyecto sostiene que el haber se fijaba en el 70% del monto mínimo jubilatorio y que se eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso.
El texto agregó que los requisitos definitivos quedarían sujetos a una posterior reglamentación del Poder Ejecutivo. También objeta la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares y la falta de restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Por último, los diputados cuestionaron que la iniciativa contemplara beneficios impositivos para concesionarios viales y de obra pública, sujetos a que las provincias adoptaran medidas similares sobre sus tributos.
Con ese planteo, el interbloque de diputados justicialistas buscó instalar en la Legislatura de Santa Fe una discusión sobre el vínculo entre la administración de Javier Milei y la provincia. El eje del reclamo estuvo puesto en la reducción de recursos y en las responsabilidades que, según los autores, debían afrontar las administraciones provinciales.
El proyecto llevó las firmas de Walter Agosto, Celia Arena, Lucila De Ponti, Sonia Martorano, Verónica Baro Graf, Marcos Corach, Miguel Rabbia y Alejandra Rodenas. Además, solicita al resto de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe que acompañen la declaración de rechazo al proyecto presentado por el Presidente.
