Sorpresa en el gobierno provincial por la resolución judicial. La intendenta analiza vías para evitar el plebiscito. Sus rivales no quieren jugar “en público”.
Adela Arning, intendenta de Mendiolaza, dirigente PRO, junto a Mauricio Macri
Durante los próximos días Adela Arning explorará todas las opciones legales posibles para evitar la realización del plebiscito convocado para definir su revocatoria, o su continuidad, como intendenta de Mendiolaza, una ciudad clave para la aritmética política del corredor del Gran Córdoba.
La también vicepresidenta de la asamblea nacional del PRO, delegada de Mauricio Macri en el partido amarillo, apelará formalmente este mismo martes la resolución con que la Junta Electoral Municipal de Mendiolaza establece que el domingo 29 de noviembre se lleve a cabo el referéndum popular de revocatoria de su mandato.
La decisión siguió a la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que dos semanas antes había dispuesto la continuidad del proceso revocatorio abierto en enero del pasado año con la recolección de firmas por parte de un grupo de vecinos.
Esta decisión, que declaró “inadmisible” el pedido de casación, confirmó un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa que había validado los pasos hasta allí realizados. Contra ellos, Arning había planteado objeciones, en las que cuestionaba tanto la legitimidad del criterio empleado como la validez más de 100 adhesiones estampadas en la presentación formal del recurso.
Contrarreloj, el gobierno municipal presentará un descargo en el que volverá a pedir la nulidad del proceso. Apelando otra vez al derecho de defensa, aducirá que no se han cumplido con los plazos máximos dispuestos por el fallo del TSJ. Según interpretan en su entorno, la Junta Electoral dispuso la fecha de los comicios antes que se haya cumplido el lapso habilitado para cualquier observación.
Para más, destacan un hecho inusual: la intendenta atraviesa un proceso posoperatorio tras haber sido intervenida quirúrgicamente. Durante dos días, afirman, no accedió a su teléfono celular.
Para los vecinos que impulsaron la medida, se trataría de la última argucia para “ganar tiempo”. Si Arning lograse evitar el referendo por otros tres meses, habrá llegado a tierra firme para poder completar su mandato, iniciado en diciembre de 2023.
Por el contrario, si el camino desembocase en una derrota en el plebiscito, sólo días después debería dejar su cargo, el cual quedaría en manos de Héctor Medrano, presidente del Concejo Deliberante.
Los vecinos que no participaron de la convocatoria a la revocatoria, entre ellos algunos dirigentes opositores, no dan por segura una derrota de la funcionaria amarilla en la proyectada reválida. Coinciden en la especulación otras voces que sí estamparon su firma pero ahora prefieren tomar distancia del texto.
Unos y otros convergen en una misma conclusión: la situación en la ciudad serrana es distinta a la de 2025. Si bien siguen achacando errores en la administración, su diagnóstico excluye invocaciones a la parálisis y la falta de gestión. Sólo permanecen las críticas a una menor actividad respecto de otros gobiernos y la falta de preparación política para atender las demandas ciudadanas.
Cuidadosos, también advierten sobre un efecto rebote que podría beneficiar a la intendenta, que ya confirmó su intención de pelear por la reelección. Si Arning logra revalidar su mandato, tomará impulso para cumplir ese objetivo en 2027. Con respaldo del electorado y la disponibilidad de recursos que garantiza la administración del Estado, sus chances para renovar gobierno se incrementarían considerablemente.
Tal vaticinio también encierra un reconocimiento de la incertidumbre que domina a la oposición política. En particular, al peronismo serrano, que no cuenta aún con un nombre definido para la contienda.
Como ya contó Letra P, hay al menos dos nombres que aseguran contar con voluntad de recuperar el municipio para el PJ tras más de tres décadas. Uno es Nicolás Martínez Dalke, quien quedara a pocos votos del triunfo en 2019 y 2023. Otro es Julio Chit, quien toma la posta Tomás Grunhaut, que también lo intentara en sendas ocasiones.
No faltan voces que ubiquen a conveniente distancia a Daniel Salibi, exintendente de la ciudad por 24 años. Aunque sus intereses parezcan estar en otro estamento, acaso una banca parlamentaria, sigue generando atención, incluso para quienes se presentan como los trazadores del proyecto 2027.
En ese rol hay hoy dos nombres predominantes. Uno es el ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán, quien recorre el departamento Colón con las insignias que le otorgara el propio gobernador Martín Llaryora. Otra es la legisladora Luciana Presas, quien continúa las acciones de su padre, histórico armador en el Gran Córdoba, Carlos Presas.
Uno y otra han sido recientemente medidos por una encuesta que se adjudica al gobierno provincial. Uno, principalmente, ha sido el responsable de acercar fondos a Arning, aún en los momentos en que su imagen cotizaba en baja.
Con tales fondos, la intendenta se animó a relanzar su gestión, intentando dejar atrás la amenaza de la revocatoria.
No es que los postulantes peronistas no quieran retar al oficialismo. Sus dudas derivan de la oportunidad en que el referéndum se concretaría. Como tantos, la decisión del Poder Judicial de avanzar en el proceso los tomó por sorpresa.
Dos elementos concurren allí. El primero es el tiempo pasado desde la apertura del expediente, que parecía diluirse en el olvido. Derivado de ello, el escaso margen que resta para la convocatoria a nuevos comicios. Especulaciones variadas ubicaban para el próximo mes de marzo la convocatoria, que podría repetir el último fin de semana de junio como mojón.
“No queda tiempo para pensar qué hacer hasta el 29 de noviembre. También corremos el riesgo de cansar a la gente. Podríamos estar votando una y otra cosa en pocos meses. La gente está peleando el día a día y no tiene tiempo para analizar estas cosas. Las ve como politiquería”, sintetiza un dirigente cordobesista.
El otro elemento es enteramente político. La fluidez del vínculo de Arning con el Panal no bastó para ponerla a salvo. No pocos leen en la decisión del TSJ un mensaje directo para el gobierno provincial, cuyo vínculo con el Poder Judicial tiende a empeorar cada semana.
La misma fuente, que asegura que no realizará acción alguna para alentar la votación, profundiza la lectura y pide considerar el impacto que podría tener el antecedente de una intendenta a pocos meses de cumplir su mandato.
“No se trata sólo de Adela sí o Adela no. El artículo de la Constitución provincial que habilita la herramienta del referendo se pensó cuando las reelecciones no tenían límite. Hoy es otra realidad. La judicialización no es la salida”, sentencia.
