El exjefe del Colegio de Abogados encabeza el orden de mérito para el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral. La rosca que sigue. El desenlace, en 2027.
Ignacio Segura, postulante al Juzgado Federal 1 de Córdoba
Ignacio Segura encabeza el orden de mérito provisorio del concurso número 490, abierto el 22 de octubre de 2024, para cubrir el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba, ubicado en la capital provincial.
Cumplidas dos de las tres etapas obligatorias del proceso, la prueba de oposición y la evaluación de antecedentes, el expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba suma 173,4 puntos.
Le sigue, a sólo 0,9 décimas, Carlos Díaz Lannes, secretario penal del Juzgado Federal de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Andrés Da Rold, exsenador mendocino, completa el imaginario, y provisorio, podio de la competencia con 168 puntos.
Como contó Letra P tras la realización del examen escrito, el Juzgado Federal N° 1 es el más importante de los siete con que cuenta la provincia , tres de ellos ubicados en el mismo edifico de la capital, y el segundo de valía a nivel nacional.
Multifuero, reúne todas las competencias. Entre ellas la electoral, clave para resolver impugnaciones o habilitaciones de partidos o alianzas participantes en contiendas para representaciones nacionales.
Tan importante sitio fue ocupado durante 29 años por Ricardo Bustos Fierro, un magistrado de fluidos vínculos con el poder económico mediterráneo e intervenciones de repercusión nacional, como la habilitación provisoria para el intento de re-reelección para el expresidente Carlos Menem en 1998.
Vacante desde enero de 2023, tras un controvertido intento de Bustos Fierro por continuar en el cargo, pese a haber presentado ya su renuncia, el juzgado ha sido subrogado por Miguel Hugo Vaca Narvaja, de resonantes fallos en la previa de las legislativas del pasado año, y actualmente por Carlos Ochoa.
De cara al electoral 2027, múltiples especulaciones se tejen en torno a los últimos pasos del concurso, perentorios para la selección final. Por los tiempos administrativos, no se completará antes del cambio de semestre del próximo año.
El orden de mérito provisorio será sometido a impugnación dentro de los próximos 10 días. Los diez primeros nombres de la nómina resultante serán los que pasen a la entrevista, a realizarse entre marzo y abril del próximo año.
A partir de tal instancia se elaborará un nuevo escalafón, del que saldrán los integrantes de la terna propuesta al Ejecutivo nacional. Corresponderá al ministro de Justicia la decisión sobre la persona escogida, cuya validación final correrá por cuenta del Senado.
Por sobradas razones, la entrevista es el tramo más discrecional del proceso. Es considerada, con justicia, la más política también. Las evaluaciones tomadas por los integrantes de las respectivas comisiones del Consejo de la Magistratura suelen guiarse por criterios marcadamente subjetivos. Las resoluciones reflejan las dinámicas de poder al interior del órgano.
Han existido diversos casos, desde la creación del Consejo, de muñequeos que alteran notoriamente los órdenes previos. Incluso, subiendo a candidatos que llegan entre los últimos lugares expectables. Las disputas recientes para completar los juzgados federales de San Francisco y Villa María marcan un ejemplo cercano.
En tales pujas resultó clave el accionar de los consejeros que responden a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Acercarse al polo de poder, primer paso para lograr su aprobación, es un objetivo que los y las postulantes reconocen desde la rúbrica de su inscripción.
Al menos dos elementos podrían brindar un paliativo a quienes se ubican como líderes del ranking provisorio. El primero es la propia acumulación de puntos que los llevó a la cúspide. “Queda en evidencia si te bajan demasiado. Habilita algún reclamo. O al menos genera un antecedente a tu favor para futuros concursos”, evoca un conocedor de aquellas dinámicas.
El otro es esencialmente político. La opinión de los gobernadores suele ser tenida en cuenta para la elección de funcionarios federales en cada provincia; especialmente para juzgados con competencia electoral. Se trata de una regla sólo admitida verbalmente pero reconocida por todos. Su incumplimiento en las disputas antes mencionadas irritó a los emisarios de Llaryora, quien de inmediato bloqueó el juego.
Hombre del sistema, Segura conoce estos vericuetos. También quienes lo suceden en la parrilla de largada para los últimos primes.
Empero, el expresidente del Colegio de Abogados conserva otras credenciales valiosas. Algunas son profesionales y devienen de su ejercicio profesional: su estudio ha representado a actores de peso en la vida institucional. También mantiene un aceitado vínculo con los gobiernos de la provincia y la ciudad, ejemplificado en facilitación de programas para la incorporación de jóvenes letrados para tempranas experiencias en la administración pública.
Junto a ello, cultiva vínculos con jugadores de peso a nivel nacional. Asesor en el mencionado Consejo de María Fernanda Vázquez, es hombre muy cercano a Diego Molea, uno de los tótems en el ajedrez judicial. También mantiene vínculos con operadores radicales que recorren los caminos que, indefectiblemente, llevan a Daniel Angelici.
Algunos de ellos han sido expuestos públicamente en una denuncia de por un abogado particular, quien cuestionó que Vázquez no se haya apartado del proceso de selección del que participa Segura, pese a existir una vinculación formal en aquel órgano y un trato amistoso entre ambos. La presentación fue desestimada por el fiscal Eduardo Taiano, quien la consideró una mera conjetura.
La resolución del concurso llegará cuando el órgano de la Justicia haya renovado las representaciones de la abogacía y los jueces en el Consejo.
En el Panal esperan contar con mayor peso, contando como terminales a los electos Fernando Levene e Itatí Demarchi. En particular, esperan las movidas del primero, quien llegó por la lista de Abogacía Federal, uno de cuyos armadores fue el propio Segura, reconocido jugador del peronismo de Córdoba en los tableros judiciales. En particular del gobernador Martín Llaryora.
Serán aquellos quienes también evalúen las capacidades de otros contendientes de peso para la silla vacía. Entre ellos el también cordobesista José Milton Peralta, juez de Control de la provincia y contactado con el exministro de Justicia de la Nación Germán Garavano; y Josefina González, secretaria en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
Menos chances se asigna a otros top ten que afrontan causas penales. Uno es el mencionado Da Rold, quien espera resolución en una causa en que se lo acusa por violencia de género. Otro es el juez provincial Carlos Bustos, denunciado por presuntas irregularidades en la resolución de la histórica y millonaria sucesión de Juan Feliciano Manubens Calvet.
Fuera de contienda, tres pretendientes que ya tomaron otros destinos: Pablo Toledo, juez de cámara del Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán, y los flamantes jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini.
