La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, ordenó la unificación de todas las tres áreas de la fiscalía Regional Rosario que trabajan en investigaciones referidas a violencias altamente lesivas y que habían sido cuasi intervenidas en septiembre pasado. La medida modifica los mecanismos de trabajo y superar el enfrentamiento entre fiscales, que terminó con denuncias y el corrimiento de algunos de esos funcionarios en causas que llevaban adelante.
En una segunda resolución, Vranicich suspendió el uso de la figura del informante, a partir de la cual se abrieron cuestionamientos y controversias, hasta tanto se regule por ley, algo en lo que Santa Fe nunca avanzó. Para eso, la fiscal general decidió convocar a los poderes del Estado para acordar un marco legal para el uso de esa figura y las demás contempladas en la ley nacional 27319 de Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos.
En septiembre pasado la fiscal general ordenó el monitoreo sobre la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el Equipo de Trabajo de hecho con Armas de Fuego y la Unidad de Homicidios Dolosos. El disparador fue la denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, en la que cuestionaban el vínculo de su colega Matías Edery y dos informantes relacionadas a bandas criminales.
Incluso sugirieron una protección a los actos delictivos de una de ellas, Mariana Ortigala. El caso motivó que se abriera una investigación disciplinaria contra Edery y una investigación penal. El fiscal hizo un extenso y pormenorizado descargo en el que negó cualquier tipo de protección y defendió el uso de la figura del informante, sobre lo que tenía conocimiento y autorización de la fiscal Regional María Eugenia Irribarren.
Tras el informe final del auditor general Leandro Mai, la fiscal general bajó "lineamientos" que en la práctica implican la reestructuración de las formas de trabajo de la fiscalía regional que dirige Iribarren. Ahora será ella quien deberá proceder bajo esos lineamientos generales que le impuso la Fiscalía General.
La resolución dice que "las tres áreas –Criminalidad Organizada, Homicidios Dolosos y Armas de Fuego– pasen a conformar un único plantel organizado en equipos de fiscales orientados a focos investigativos".
La misma directiva alcanzará a las otras cuatro regionales del Ministerio Público de la Acusación, con el fin de unificar el abordaje de la investigación de las violencias altamente lesivas. Para esto se conformará "un equipo de trabajo entre fiscalías general, las regionales y los órganos fiscales".
El desafío no es menor, ya que el enfrentamiento en la fiscalía regional Rosario debilitó a la propia Irribarren. Incluso debió dar explicaciones a la Legislatura provincial. Ahora tiene un fierro caliente entre sus manos. En base a esos lineamientos, deberá proceder a reestructurar los equipos, unificarlos, designar quién los conduce y sortear los problemas de convivencia interna, que incluyen situaciones personales sin retorno.
Este "lineamiento general" –razonó un funcionario del MInisterio Público de la Acusación (MPA)– no deja de ser un gesto a las nuevas autoridades provinciales. En su opinión, "muestra que el MPA también cambia sus formas de trabajar en línea con la impronta de persecución del delito que mostró en los primeros días", radicalmente diferente a la del gobierno de Omar Perotti.
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María Eugenia Iribarren es la fiscal regional de Rosario.
La crisis en la fiscalía regional Rosario se desató en torno al uso de la figura del informante, que la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos utilizó con mucho éxito para investigaciones que permitieron condenar al narco Esteban Alvarado y la primera línea de su organización. Los jueces que intervinieron, en primera y segunda instancia validaron esa figura.
La figura del informante no está regulada en Santa Fe, como ninguna de las otras que son parte de las técnicas especiales de investigación que contempla la ley nacional 27319: agente encubierto, agente revelador, arrepentido.
En 2016 se sancionó la ley provincial 13494 que refiere a recompensa por información en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pero no al informante en los términos de la ley nacional.
