Con Mayoraz y Diez a la cabeza, los libertarios presentaron nota contra la desobligación dispuesta por el rector de la UNR.
Las principales espadas políticas del libertario Javier Milei en Santa Fe ingresaron una nota y amenazaron con iniciar acciones legales contra el rector de la Universidad Nacional de Rosario, quien el martes dispuso desobligar a la comunidad educativa para que participe esta jueves en una marcha y posterior acto en contra del sistema de vouchers educativos que propone el candidato presidencial de La Libertad Avanza.
La reacción libertaria la encarnó el diputado provincial Nicolás Mayoraz. Aseguró que la decisión adoptada por el rector Franco Bartolacci “es de una gravedad institucional inusitada”, y que desde su cargo no está en condiciones de “cancelar la idea distinta o cerrar la universidad porque no le gustan las ideas de un candidato presidencial”.
"Cuarenta años de democracia no han servido para nada para Bartolacci, no entendió lo que significa la pluralidad de ideas y el respeto a las distintas posiciones políticas", la emprendió Mayoraz en Radio Dos.
El legislador, que integra en segundo lugar la lista para la Cámara de Diputados detrás de Romina Diez, y un grupo de representantes libertarios santafesinos, presentaron una misiva en la mesa de entradas de la UNR en la que intiman a convocar al Consejo Superior de la UNR para reconsiderar la medida adoptada, además de exhortar a Bartolacci a que tome recaudos para “evitar un daño mayor, asegurar la convivencia democrática y evitar actos discriminatorios contra una expresión política legítima”.
La máxima autoridad de la casa de altos estudios aclaró, sin embargo, que las aulas estarán abiertas y que se dictarán clases. La desobligación, puntualizó, sólo busca facilitar la posibilidad de que participen de la marcha y el acto aquellos que quieran hacerlo.
Radical, viejo aliado del intendente Pablo Javkin y de la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, quien además es su esposa, Bartolacci decidió respaldar la manifestación en la que participarán este miércoles gremios docentes y alumnos universitarios en contra del modelo educativo impulsado por Milei.
Se trata de una medida que, por la importancia de su cargo y la representación que ostenta dentro de una comunidad universitaria que lo reeligió con el 85 por ciento de los votos en mayo pasado, tiene un peso innegable. Además, está anclada en una movida nacional que tiene en alerta a os claustros universitarios.
A través de la resolución 1558/2023, el rector desobligó a alumnos y docentes para que participen del acto impulsado bajo la consigna “Ni voucher ni arancel: educación pública, gratuita y transformadora”. La movilización está impulsada por la Federación Universitaria de Rosario (FUR) y la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD).
Bartolacci opinó que existe “un serio riesgo” y que desde su cargo tiene la obligación de advertir “el peligro” que representan las políticas educativas de Milei.
En respuesta, Mayoraz rechazó la movilización que partirá desde Plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera, en la línea argumentativa de Milei: “No existe la universidad gratuita. Alguien la paga. La pagamos todos con nuestros impuestos. No la pagan los ricos. La pagan los más pobres cuando compran pan y otros alimentos. La gratuidad de la educación está en la Constitución. El temor no pasa por la gratuidad, sino por la pérdida de ciertos privilegios de algunos dentro de la universidad. Hay que discutir qué tipo de universidad queremos”.
En la nota presentada en la sede de la UNR, los dirigentes libertarios le plantean a Bartolacci que “desde su puesto de gran jerarquía debe abstenerse de intervenir o exhortar a cualquier tipo de actividad que atente contra el orden democrático, la libertad de pensamiento político y de expresiones dentro de la universidad”.
“De no ejercer sus facultades de acuerdo a lo intimado”, “nos veremos obligados a recurrir a las vías judiciales pertinentes civiles, administrativas y/o penales”, concluyen en la nota rubricada por Mayoraz, Diez y los abogados Froilán Ravena y Marcos Peyrano.