La entidad a cargo del excordobesista Daniel Tillard se plantó. El intendente pidió a la Justicia que proteja a la gente. Finanzas municipales, en jaque.
El director del Banco Nación, Daniel Tillard, encabeza una avanzada en contra de los tributos municipales de varias ciudades de Córdoba.
El Banco Nación a cargo de Daniel Tillard extrema su batalla contra la tasa de comercio e industria que cobra Guillermo De Rivas en Río Cuarto. Con la Justicia Federal como árbitro, tensó la cuerda y pidió una rebaja del 90%. El Intendente advirtió que pone en jaque al municipio y pidió anteponer los intereses de los riocuartenses.
En contraste con el alto voltaje de esta avanzada judicial, la entidad -que conduce el excordobesista en el gobierno de Javier Milei- eligió hablar sólo en los tribunales federales. En lo que respecta al litigio con Río Cuarto no hubo, hasta ahora, ningún tipo de declaración del oficialismo nacional.
Sin embargo, después de la primera audiencia de conciliación del 25 de abril, se conocieron algunos de los argumentos jurídicos con los que la banca oficial sostiene el planteo de inconstitucionalidad contra la tasa de De Rivas.
La tropa libertaria ataca directamente la legitimidad de ese tributo, en particular porque –sostiene- violenta el principio de proporcionalidad, clave para que no se convierta en un impuesto.
En este sentido, los abogados del Banco Nación recuerdan que el concepto de tasa implica la prestación efectiva de un servicio, que tengan una relación de proporción y razonabilidad respecto del precio. Básicamente, lo que plantean es que no reciben del municipio de Río Cuarto un servicio acorde al dinero que tributan mensualmente y, por esa razón, entienden que es desproporcionado.
Hay pistas de cuáles son las motivaciones concretas que motorizan la ofensiva judicial. Fuentes vinculadas a la banca pública nacional aseguran que las tasas municipales terminan perjudicando no solo a la entidad, sino principalmente a los destinatarios de los productos y servicios que ofrecen. Centralmente, argumentan que engrosan sus costos y los obligan a trasladárselos a los clientes.
"No hay conflicto con Río Cuarto”, decía un funcionario del Banco Nación con poder de decisión, que intentó bajarle los decibeles a la pelea. Y en la misma línea argumental aseguró que solo “se trata de revertir la incidencia de los tributos sobre los préstamos a pyme y familias, que limitan el desarrollo de la región".
¿Significa que el objetivo del Banco Nación es dejar de pagar por este concepto y recuperar esos fondos? ¿O buscan bajar el peso que hoy tiene esa tasa en Río Cuarto?
Por lo pronto, un dato clave es que el banco llevó a la mesa de conciliación una propuesta que, de prosperar, implicaría una drástica caída en el aporte que hace al gobierno local. En la última audiencia, el equipo jurídico de la banca oficial pidió ser eximida de 9 de cada 10 pesos que tributa en concepto de comercio e industria.
En ese esquema, de acuerdo a la última información disponible, la entidad financiera oficial pasaría de aportar $150 millones a $15 millones por mes. Sería un verdadero desastre para las cuentas municipales. Más si se tiene en cuenta que, hasta el año pasado, organismo que conduce el extitular del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, tributaba $400 millones mensuales en Río Cuarto.
Desde el año 2010, la alícuota de comercio e industria para la actividad bancaria es del 4,5% en la capital alterna de Córdoba. Pero justamente ese valor es lo que ahora el banco oficial discute en la Justicia Federal, en una demanda que abre la puerta para que el resto del sector judicialice el tema.
En el municipio entienden que el hecho de que hayan tensado tanto la cuerda es parte de una estrategia agresiva para negociar a la baja. "Todavía hay mucho para trabajar, porque las pretensiones del banco son mínimas en relación a lo que se viene abonando", dicen.
Muchos prestan atención a los antecedentes, como el de Jesús María, donde el municipio terminó acordando con el banco una rebaja de la alícuota y la exclusión de la base imponible a los intereses de los títulos públicos y de los créditos hipotecarios.
Otro caso similar es el de General Deheza, que se resolvió con una rebaja de la tasa, acordada entre las partes después de que el juez federal Carlos Ochoa suspendió el cobro de la tasa de comercio e industria con una cautelar.
Este año, los bancos sintieron la caída de la actividad por efecto de las políticas de Milei, que le dio un hachazo al esquema de pasivos remunerados y eliminó las Leliqs. Aquellos bonos, sólo accesibles para las entidades financieras, funcionaron hasta julio de 2024, con intereses que alcanzaron el 133% y que pagaba el Banco Central.
Creadas en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, las Leliqs fueron durante mucho tiempo un negocio extraordinario, hasta que el gobierno libertario las transformó y les pegó una importante poda a los intereses. El fin de esa operatoria repercutió en la actividad del sector financiero durante el segundo semestre del año pasado, prácticamente en sincronía con la declaración de hostilidades del Nación contra las tasas municipales.
En Río Cuarto, la banca oficial judicializó el cobro de esa percepción después de pagarla sin protesta por un lapso de 20 años. Sin embargo, en el Palacio de Mójica, sede del gobierno local, tienen en claro que no están solos en la mira del Banco Nación y contabilizan más de 15 municipalidades demandadas dentro de la provincia.
De Rivas asumió un rol activo para defender los intereses de Río Cuarto en medio del conflicto. Durante la audiencia de conciliación del 25 de abril pasado, les pidió a los jueces que protejan a los vecinos y no a las entidades financieras y luego amplificó ese mensaje en los medios de comunicación locales, exponiendo al Banco Nación.
Puso el foco en el riesgo de pérdida de recursos para el Estado municipal, en el caso de que prospere el pedido de amparo que impulsa Tillard. De Rivas advirtió también que impactaría directamente en la prestación de servicios básicos como salud, seguridad, desarrollo social, la ejecución de obras públicas y promoción industrial.
Al mismo tiempo, el mandatario local aclaró que está dispuesto a continuar con las negociaciones para llegar a un acuerdo con la entidad. Sin embargo, advirtió que, si avanza el pedido para que no se perciba el impuesto, el Municipio podría perder hasta $1.200 millones mensuales.
Con ese cálculo, le pone un número a lo que temen sea inevitable si el Nación tiene éxito: que el resto de los bancos vayan finalmente por el mismo camino judicial y dejen de pagar la tasa.